El 5 de octubre, el Departamento de Elecciones de San Francisco envió su último lote de boletas por correo postal. Los residentes de San Francisco inscritos en el padrón electoral por correo recibieron un paquete de 232 páginas que describe a cada uno de los candidatos, así como las propuestas contenidas en la boleta electoral, todo previo a lo que se espera sea una elección histórica.
Varias de estas contiendas tendrán un impacto inmediato en la vida de los californianos en los próximos meses. Pero, a diferencia de los candidatos políticos, no existe la oportunidad de debatir sobre la docena de propuestas estatales que aclaren lo que realmente significa marcar la casilla con un ‘Sí’ o ‘No’.
Mediante la Propuesta 22 patrocinada por las empresas, los conductores de transporte compartido y de reparto quedan sujetos a las políticas laborales y salariales de su empresa, y seguirían siendo contratistas independientes. La AB5, aprobada en 2019, les presentó a estos trabajadores la oportunidad de recibir beneficios más sólidos que se ofrecen sólo a aquellos empleados formales, como seguro médico, licencia por enfermedad y compensación laboral.
En una entrevista con El Tecolote, Christopher Christensen, activista local de derechos laborales y representante del Comité Legislativo del ILWU Local 34, calificó esa propuesta como “un ataque a décadas de trabajo en nombre de los activistas laborales”. Explicó que la AB5 fue la culminación de una larga lucha por los trabajadores.
“Sin la AB5, estas personas no tendrían ciertas opciones fundamentales; como empleados, en lugar de contratistas independientes, reciben derechos laborales”, dijo Christensen. “Tienen la oportunidad de percibir un ingreso base estable, decidir si quieren atención médica, tienen la capacidad de organizarse y una serie de otros beneficios que de otro modo se les arrebataría”.
La AB5 hizo que empresas como Lyft, Uber, Postmates, Doordash e Instacart se responsabilicen de sus conductores al exigirles considerarlos como empleados y no contratistas independientes. Esta reclasificación somete a Uber y Lyft a impuestos más altos, que eludían al tener a sus conductores como contratistas independientes. Cuando se aprobó el proyecto de ley, estas empresas operadas por aplicaciones solicitaron inmediatamente a un juez federal excepciones para la AB5 con la esperanza de eludir estos impuestos. Cuando se les negó, Uber y Lyft siguieron adelante con la elaboración de una propuesta que crearía un vacío legal a su favor.
Mientras que a otros trabajadores como los escritores independientes se les ha otorgado cierta flexibilidad con respecto a la AB5, muchos de los líderes legales del estado están de acuerdo en que las compañías de transporte compartido y de reparto mediante aplicaciones, le deben al estado y a sus empleados mucho más. El 5 de mayo de 2020, el fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó una demanda contra Uber y Lyft por su negativa a cumplir con dicha ley para clasificar a sus conductores como empleados. Becerra citó la creciente importancia de brindar a los conductores los beneficios que se les negaron en años anteriores. Las ciudades de todo el estado siguieron su ejemplo. El propio fiscal de San Francisco, Chesa Boudin, abrió un caso contra Doordash el pasado agosto.
Uber emitió un comunicado poco después del anuncio de la demanda del Fiscal General, en el que explicaba los planes de la empresa de avanzar en los tribunales y, al mismo tiempo, “presionar para elevar el estándar de trabajo independiente para los conductores en California, incluso con ingresos mínimos garantizados y nuevos beneficios”. Muchos activistas laborales y conductores siguen siendo escépticos de que Uber y Lyft cumplirían con esta promesa si se les concediera una excepción a la AB5 a través de la Propuesta 22.
En una entrevista con El Tecolote, el supervisor Aaron Peskin explicó por qué se ha presentado como un acérrimo oponente de dicha propuesta: “Las empresas de la tecnología respaldadas por multimillonarios han puesto más dinero en esta propuesta que cualquier iniciativa electoral en la historia de los EEUU, porque todo su modelo de negocio se basa en la explotación de los empleados”, explicó, instando a los habitantes de San Francisco a votar en contra de la Propuesta 22. “Es alucinante que en lugar de pagar a sus empleados gasten 180 millones de dólares en una propuesta. Imagínense lo que podría resolver esa suma de dinero. Estas personas son megalómanos”.
Héctor Castellanos, quien ha trabajado como conductor de tiempo completo para Uber y Lyft durante seis años, también se opone a la Propuesta 22. Explicó que Uber continúa explotando a sus trabajadores para los fines de su campaña. Describió cómo ni siquiera puede hacer su trabajo sin verse inundado de anuncios para respaldar la propuesta de la empresa. Cada vez que actualiza la aplicación para un nuevo pasajero, debe responder a un mensaje que dice: “La Propuesta 22 proporcionará ganancias garantizadas y un estipendio de atención médica”.
“Es engañoso y se siente amenazador”, dijo sobre ese mensaje en el que las opciones de los conductores para continuar requiere seleccionar ‘Aceptar’ o ‘Sí a la 22’.
La AB5, si se ejecuta en las aplicaciones de viajes compartidos, brinda incluso más que eso a los conductores, explicó Castellanos. Brinda a los conductores los beneficios que realmente necesitan. Hace tres años, Castellanos sufrió un accidente de trabajo y, aunque no fue su culpa, Lyft no ofreció ayuda alguna. Cuando se evaluó el daño a su auto, su aseguradora envió un cheque por menos del 10 por ciento del valor del vehículo. Después de una cirugía relacionada con el accidente, Castellanos se vio obligado a descansar durante seis meses. Debido a que Lyft no brindó apoyo para sus gastos médicos ni durante su ausencia, su hija, que en ese momento era estudiante de primer año en la universidad, decidió suspender sus estudios durante el año para ayudar a su padre. “Ver a mi hija abandonar la escuela fue la parte más triste de todo esto para mí, así que estaba muy feliz cuando la AB5 fue aprobada; parecía que finalmente tendríamos algo de seguridad”.
Para proteger esa sensación de seguridad, Castellanos asiste a las protestas junto con el grupo de conductores organizados en We Drive Progress, que alienta a la población a votar en contra de la 22. Explicó cómo los conductores han comenzado a aceptar estas condiciones de trabajo como normales, aun cuando su salario sigue disminuyendo: “Dedico de 12 a 14 horas al día al trabajo y mi sueldo es de alrededor de $3, tal vez $4 la hora si tengo suerte”, dijo Castellanos.
Otra conductora, Karla Reyna, comentó que ella y su esposo han conducido Uber y Lyft desde 2014. Al igual que Castellanos, también experimentaron recortes en su porcentaje de ganancias por viaje. Incluso antes de la pandemia, su esposo trabajaba entre 70 y 80 horas a la semana. Reyna, quien dejó de conducir el 13 de marzo, ahora está reevaluando volver a trabajar. “Disfruto el trabajo, poder hablar con tanta gente diferente. Tomarme un descanso fue una decisión difícil, pero tuve que tomarla por mi salud, y ahora, si se aprueba la Propuesta 22, no volveré”.
Reyna mantiene la esperanza y alienta a sus compañeros conductores a dar prioridad a su valor personal sobre las ventajas del trabajo votando No por la 22. “Trabajamos para vivir, no para ser explotados”.
Refiriéndose al argumento de Uber sobre la flexibilidad de ser contratista independiente, Reyna explicó que la flexibilidad significa muy poco cuando se puede reemplazar a una gran empresa. “Es flexible y conveniente trabajar desde casa y cuidar a mi familia. Pero tenemos que recordar que estas empresas siempre ganarán más. Si regreso, estaré consciente de lo que valgo”.
La Propuesta C patrocinada por JUUL el año pasado, y ahora la 22 de Uber, han enseñado a los habitantes de San Francisco a ser más escépticos que nunca sobre lo que leen en la boleta de votación, así como a investigar e informarse antes de tomar una decisión final sobre qué casilla marcar.