A principios de junio, el alcalde Daniel Lurie presentó un plan de presupuesto para los próximos dos años que incluye recortes por $185 millones. Con esto, busca reducir el déficit de 800 millones que enfrenta San Francisco. Pero detrás de los números hay una realidad dura: este presupuesto deja sin apoyo a las personas más vulnerables de la ciudad, mientras sigue protegiendo a quienes ya tienen poder.
Los recortes más grandes afectan tres áreas importantes: la protección de los derechos laborales, los servicios públicos y la atención a personas sin hogar. Estos cambios afectan directamente a las comunidades trabajadoras e inmigrantes de San Francisco. En conjunto, muestran una ciudad que está dejando de apoyar a su base trabajadora, y que prefiere favorecer a la policía y a los grandes desarrolladores.
Según un análisis reciente publicado por SF Standard, la Workers Rights Community Collaborative —una organización que defiende a trabajadores con salarios bajos— perderá todo el apoyo económico que recibía del gobierno local. Esto probablemente obligará a que cierre sus puertas.
Este no es un caso aislado: en toda la ciudad, muchas veces son las organizaciones comunitarias las que se encargan de proteger a las personas más vulnerables, cubriendo lo que las agencias del gobierno no alcanzan a hacer. Eliminar su financiamiento no es sólo una decisión de presupuesto, es abandonar una responsabilidad con la comunidad.
El presupuesto planteado por Lurie recorta $57 millones a la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral (OEWD, por sus siglas en inglés). En un momento en el que el robo de salario es común y las protecciones laborales se están debilitando, el mensaje para las personas trabajadoras —especialmente para inmigrantes y personas sin documentos— es claro: ustedes están por su cuenta.
El Departamento de Obras Públicas (DPW, también por sus siglas en inglés), enfrentará igualmente un recorte de $26 millones. Aunque las autoridades dicen que esto se debe al fin de ciertos fondos especiales, las consecuencias serán duraderas. Sólo en gastos no relacionados con personal, el presupuesto se reducirá en casi $11 millones —lo que probablemente significará menos recolección de basura, limpieza de calles y mantenimiento en barrios que ya están desatendidos.
Pero el golpe más fuerte recae sobre el Departamento de Personas sin Hogar y Vivienda de Apoyo (HSH, por sus siglas en inglés), que enfrentará un recorte impactante de $103.7 millones. La mayor parte de ese dinero proviene de la desaparición del fondo Our City, Our Home —un ingreso derivado de cobrar impuestos a las grandes empresas a través de la Propuesta C, aprobada en 2018. El resto del recorte viene del fondo general de la ciudad. Estos recortes llegan justo cuando los casos de sobredosis por fentanilo van en aumento y los arrestos de personas sin vivienda también se incrementan bajo el liderazgo del alcalde. Quitar apoyos en este momento no sólo es una mala decisión. Es peligroso.
Igualmente revelador es ver qué departamentos no pierden fondos. La policía, el departamento de bomberos y la oficina del alguacil recibirán aumentos que suman $22 millones. San Francisco está priorizando el castigo por encima de la prevención. Esto no es un simple ajuste presupuestario. Es una reconfiguración política. Quitarle recursos a los servicios sociales mientras se fortalece el aparato de criminalización no es sólo una estrategia, es un mensaje.
Aunque técnicamente la oficina del alcalde tendrá un recorte de $24.6 millones, la mayoría de esa cantidad corresponde a impuestos que no se han cobrado aún por propiedades vacías y pagos retrasados de desarrolladores de vivienda a precio de mercado. En resumen: ingresos pospuestos, no un sacrificio real. Lurie no está reduciendo su propio poder, está protegiéndolo.
Este desmantelamiento de la red de apoyo social —acompañado por el aumento de fondos para las fuerzas del orden— encaja perfectamente con una tendencia política que se está viendo en muchas partes del país.
A nivel local, la ciudad enfrenta una demanda de $100 millones por parte de la empresa de transporte Lyft, que alega que se le aplicaron impuestos de manera incorrecta. En los documentos legales, la compañía afirma que sus conductores son clientes, no trabajadores —una interpretación distorsionada y preocupante que intenta presentar la explotación como si fuera innovación.
Pero esto no es solo una estrategia legal. Es una señal de alerta sobre la lógica empresarial que se está infiltrando en las decisiones políticas, no solo en San Francisco, sino en todo el país.
A nivel nacional, el panorama tampoco es alentador. Un informe reciente del periodista Nicolae Viorel Butler para Drop Site News detalla planes para recortar el Departamento de Estado, eliminar más de 3,400 empleos en el país, cerrar oficinas completas y enfocar la agencia en operaciones militarizadas en el extranjero. Una de las primeras oficinas que se planea cerrar: la Oficina de Asuntos Globales de la Mujer.
El presupuesto de Lurie refleja ese mismo rumbo: propone eliminar por completo los fondos destinados a subsidios para el Departamento de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en San Francisco (DOSW, por sus siglas en inglés) —un reflejo local del retiro progresivo del gobierno, tanto a nivel federal como municipal, del compromiso con la equidad de género y las políticas de cuidado.
Estas decisiones no son casos aislados, sino parte de una corriente ideológica más amplia —una que va desde Washington D.C. hasta Sacramento y llega hasta el ayuntamiento— que favorece soluciones basadas en el castigo, beneficios para las grandes empresas y el desmantelamiento sistemático del sector público.
Los recortes a nivel federal suelen tener efecto en cascada, no solo por la falta de fondos, sino por los cambios en el ambiente político. Lurie, con todos sus defectos, tiene buen instinto: sabe que la era de las redes de apoyo impulsadas por el mercado y del progresismo superficial ha perdido apoyo entre sus aliados más ricos; así que toma la decisión de recortar el apoyo a las personas más vulnerables de la ciudad y redistribuir el poder.
Este presupuesto está muy lejos de ser un acto de responsabilidad fiscal. Recortar estos servicios terminará costándole millones más a la ciudad a largo plazo. En realidad, se trata de decidir quién puede prosperar y qué personas serán relegadas. Esta propuesta lo deja claro: Lurie ya eligió.