La fecha límite para poner en marcha la enmienda a la ley de ciudad santuario de San Francisco se acerca rápidamente, mientras que grupos de derechos de los inmigrantes, la oficina del fiscal y el fiscal federal Joseph Russoniello están envueltos en un para y arranca legal sobre el tema.
A pesar del voto del pasado 10 de noviembre —en que la Junta de Supervisores de San Francisco invalidó el veto del alcalde a la revisión a la ley de ciudad santuario— el Departamento de Condicional de Menores (JPD por sus siglas en inglés) continua poniendo el dedo a menores de edad sospechosos de ser indocumentados al detenerlos, notificando a la oficina de inmigración (ICE por sus siglas en inglés).
La fecha límite para la puesta en marcha de la ley es el próximo 9 de febrero.
“Aún estamos deliberando con la oficina del fiscal municipal”, dijo William Siffermann, oficial principal de condicional para el JPD. “Nuestras intenciones son de acatar las leyes estatales y federales, y la ordenanza, al punto que permite la ley estatal y federal —que son las últimas palabras de la ordenanza”.
La nueva ley obligaría a los oficiales del JPD a no notificar al ICE a jóvenes que se sospecha ser indocumentados hasta después de ser declarados culpables de un delito grave —no al arrestarlos nomás. Los menores acusados tendrían derecho a un abogado, y si los cargos fueran retirados o reducidos a delitos menores, no tendrían que temer la deportación.
“Tenemos una política de santuario que es consistente con las leyes estatales y federales”, dijo el alcalde de San Francisco Gavin Newsom durante la inauguración del fiscal municipal Dennis Herrera el pasado 7 de enero, a la que también asistieron manifestantes pidiendo a la alcaldía que ponga en marcha la política de la junta. “La Junta de Supervisores pasó una ley que requiere ser consistente con ley federal. Eso quiere decir que la ley ha sido, por definición, decretada porque se contradice a sí misma. No puedes pasar algo que es inconsistente con la ley federal”.
Matt Dorsey, vocero de la oficina del fiscal municipal, dijo que el código federal 8 U.S.C. 1373 es “el importante” en lo que se refiere a la puesta en marcha de la enmienda a la ordenanza de ciudad santuario. Los puntos principales del debate legal sobre la ordenanza son la interpretación de esa ley federal y la separación de los poderes estatal y federal bajo la Décima Enmienda a la Constitución de los EEUU.
El código federal sólo requiere que los gobiernos estatales y locales cooperen con peticiones específicas de oficiales federales en cuanto a ciudadanía, de acuerdo al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad UC Davis, Kevin Johnson.
“Por lo general, no existe responsabilidad por parte de los gobiernos estatales y locales de revelar el estatus migratorio de personas arrestadas”, Johnson escribió en un correo electrónico a El Tecolote. “Otras ciudades, como Nueva York y Los Ángeles, tienen leyes similares —y hasta más amplias— y nunca han sido demandadas o acusadas de haber violado la ley federal”.
Grupos de derechos de los inmigrantes critican al fiscal
La inauguración de Herrera reunió a un grupo de seis personas que protestaban debido a un documento que él escribió en respuesta a una petición del supervisor David Campos. El documento salió a la luz el pasado 16 de diciembre en respuesta a la petición por escrito de Campos sobre “si el alcalde Newsom tenía la autoridad de negarse unilateralmente a poner en marcha la legislación de derechos civiles que se aprobó debidamente”.
La respuesta de Herrera, de 10 páginas, dijo que la decisión de poner en marcha la ley depende del JPD y su evaluación de la ley estatal y federal. El documento también describe el papel de la oficina del fiscal municipal.
“Esperaba que el fiscal mantuviera una ley tan importante como la ordenanza de ciudad santuario”, dijo Hillary Ronnen, una de los manifestantes. “Estoy muy decepcionada por el documento que salió a la luz. El trabajo de Herrera debiera ser apoyar a los jóvenes inmigrantes en San Francisco”.
Grupos de inmigración han manifestado con claridad su desacuerdo con la forma en que tanto el alcalde como el fiscal manejaron la ordenanza.
“Desafortunadamente, Herrera no ha apoyado el proceso democrático. Al contrario, pareciera que le pide al JPD que determine por su cuenta algo que es válido según las leyes federales y estatales, a pesar de que no tienen la experiencia legal para hacerlo”, Angela Chan, abogada del Comité Legal Asiático, escribió a El Tecolote. “Cualquier declaración de que a los oficiales municipales no se les prohíbe denunciar a jóvenes al ICE no es solucionar el problema central de este debate, el cual es que a los oficiales de condicional no se les deberían pedir que denunciaran a jóvenes al ICE al momento de detenerlos”.
Cynthia Muñoz-Ramos, del Comité de Vivienda San Pedro, declaró que la ordenanza no significa que los jóvenes indocumentados no serían procesados. “Sólo significa que tendrían la oportunidad de que los escucharan antes de ser denunciados al ICE”. “Son garantías básicas de derecho procesal. No veo cómo garantías básicas de derecho procesal ponen en peligro la vida de nadie”.
En respuesta a las acusaciones de activistas por los derechos de inmigración, la oficina de Herrera ha estado tratando de explicar el papel del fiscal municipal — un consejero legal sin la capacidad de poner en marcha ninguna política. La página de Internet de la oficina del fiscal dice que Herrera “no deporta, de hecho, a nadie” en respuesta a un volante que exigía que “dejara de deportar a jóvenes inmigrantes”.
“Tenemos que jugar un papel respetuoso como abogados de la alcaldía”, dijo Dorsey. “Decisiones en cuanto a políticas tienen que ser hechas por los que hacen política. El fiscal municipal no tiene luz verde o luz roja en las decisiones. Si el JPD decide alterar su política y sus prácticas, las defenderemos. Si deciden no hacerlo, defenderíamos eso”.
Litigios futuros
“Hay una teoría legal que el fiscal federal ha presentado recientemente en la que dice que no notificar equivale a alentar”, dijo Dorsey. “En otras palabras, está viendo el estatuto desde un punto de vista muy amplio, que aparentemente crearía una responsabilidad afirmativa, y eso es algo en lo que estamos en desacuerdo”.
La oposición del fiscal federal Joseph Russoniello a la enmienda a la ordenanza de ciudad santuario ha influenciado la asesoría de Herrera al JPD. La interpretación de Russoniello sobre “albergar” a inmigrantes indocumentados da pie a una posible demanda contra el gobierno federal basada en la Décima Enmienda, conforme a Dorsey.
Él dijo que la Décima Enmienda no concede al gobierno federal la autoridad constitucional para forzar a San Francisco, o a ninguna policía local, a actuar como oficiales de inmigración.
Dorsey dijo que Herrera ha debatido con consejeros legales sobre la posibilidad de poner en entredicho la interpretación de Russoniello. Mientras que algunos se muestran rehacios a demandar al gobierno federal, “muchos abogados piensan que es mejor estar del lado positivo a esperar ser demandados”.
Angela Chan enfatiza el costo humano que existiría si los litigios retardaran la puesta en marcha de la enmienda a la ordenanza.
“Cuanto antes resolvamos esto, será mejor para los jóvenes que están siendo separados innecesariamente de sus familias”, dijo.
—Traducción Carmen Ruiz
Cronología
23 de diciembre, 1985 La Junta de Supervisores aprueba una resolución designando a San Francisco como ciudad refugio para inmigrantes de El Salvador y Guatemala que huyen de la guerra civil y persecución política pero no pudieron conseguir asilo político en los EEUU.
24 de octubre, 1989 San Francisco extiende esta política a todos los inmigrantes y aprueba la ‘Ordenanza Refugio de Ciudad y Condado’, manteniendo que no podrá utilizarse ningún recurso o fondo de la alcaldía para aplicar leyes de inmigración.
7 de febrero, 1994 El entonces fiscal adjunto de la alcaldía, Buck Delventhal, envía su opinión al Departamento de Condicional de Menores (JPD por sus siglas en inglés) según la cual los menores acusados de delitos mayores pueden ser denunciados al momento ingresar en el sistema criminal bajo la sección 12H.2-1 de la Ordenanza Santuario.
22 de junio, 2008 Tony Bologna y sus hijos, Michael y Matthew, mueren en una balacera. El presunto autor, Edwin Ramos, es sospechoso de haber sido un menor indocumentado con antecedentes criminales. Investigaciones posteriores revelaron que se le había denunciado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) por actividades criminales previas, pero que nunca se lo arrestó, según el departamento del sheriff.
1 de junio, 2008 El alcalde Gavin Newsom lanza su campaña para gobernador, iniciando un comité de campaña gubernamental para recaudar contribuciones.
2 de julio, 2008 El alcalde Newsom revisa la ordenanza y ordena que oficiales de la alcaldía entreguen a las autoridades federales a cualquier menor acusado de un delito grave sospechoso de estar indocumentado, al momento de ingresar en el sistema criminal, justo después de ser arrestado y antes de comparecer frente a un tribunal de menores. Desde el verano pasado, se han entregado a más de 160 jóvenes.
29 de julio, 2008 Una coalición de 27 organizaciones comunitarias que abogan por los derechos de los inmigrantes y de los jóvenes mantienen una conferencia de prensa y se reúnen frente a la alcaldía reclamando un trato justo para los jóvenes indocumentados dentro del sistema judicial de menores.
30 de julio, 2008 De 12 a 15 minutemen protestan frente a la alcaldía para exigir la deportación de jóvenes inmigrantes. Cientos de personas aparecen en una contra-protesta apoyando a jóvenes y familias inmigrantes.
18 de agosto, 2009 El Supervisor David Campos introduce una enmienda a la Ordenanza Santuario en la que cambia el momento de remitir a un menor acusado de un delito grave sospechoso de ser indocumentado: de hacerlo en el momento de ingreso en el sistema criminal (justo después del arresto) a hacerlo después de que un tribunal de menores lo encuentre culpable del delito.
18 de agosto, 2009 La oficina del fiscal municipal envía un memorándum al alcalde, titulado “Problemas legales en conexión con la propuesta enmienda a la Ordenanza Ciudad Santuario.” El memorándum fue filtrado al periódico San Francisco Chronicle por el alcalde Gavin Newsom.
27 de octubre, 2009 La Junta de Supervisores autoriza la enmienda por mayoría de 8 a 3 votos.
28 de octubre, 2009 Newsom veta la enmienda.
10 de noviembre, 2009 La Junta de Supervisores anula el veto de Newsom en una votación de 8 a 3.
10 de noviembre, 2009 Dennis Herrera, fiscal municipal, envía una carta a Joseph P. Russioniello, fiscal federal, pidiéndole que le asegure que los oficiales de la ley y empleados de San Francisco no serán objeto de acción judicial si se pone en marcha la ordenanza.
24 de noviembre, 2009 Herrera responde al Comité de Ley Asiática, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) del Norte de California y al Comité de Abogados por los Derechos Civiles, asegurándoles su intención de “seguir una agresiva y vigorosa defensa para permitir la máxima fuerza y efecto de la ley”.
3 de diciembre, 2009 El fiscal federal, Russionello, responde a la carta de Herrera, declarando que no puede dar tal garantía.
10 de diciembre, 2009 Campos envía una carta a Herrera, pidiéndole que escriba una opinión sobre si el alcalde puede “unilateralmente rehusarse a poner en marcha una ley de derechos civiles debidamente promulgada”.
16 de diciembre, 2009 Herrera responde a Campos con un memorándum de 10 páginas, explicando los poderes ejecutivos bajo la constitución de la alcaldía, el rol de la oficina del fiscal, y su opinión final de que la decisión de poner en marcha la ordenanza es del JPD.
7 de enero, 2010 Herrera toma posesión de su tercer mandato como fiscal municipal.
9 de febrero, 2010 Fecha límite para la puesta en marcha de la ordenanza del JPD. Mientras tanto, jóvenes sospechosos de estar indocumentados siguen siendo denunciados al ICE al momento de ingresar en el sistema criminal.
—Traducción Mabel Jiménez-Hernández