La criminalización de la migración, la detención de indocumentados y la militarización de fronteras se han convertido en pilares normalizados para la aplicación de la ley de inmigración en los EEUU. Guiados por la teoría de la disuasión, los legisladores de todo el espectro político continúan redactando una ley ‘bipartidista’ diseñada para controlar la migración pese a los costos humanos y morales.
En 1994, Bill Clinton implementó una estrategia de ‘control a través de la disuasión’ que fortaleció sistemáticamente la región fronteriza entre los EEUU y México, sentando así las bases para futuros esfuerzos de militarización. Este agresivo método marcó el comienzo de la construcción de millas cercadas, aumentó el patrullaje fronterizo, la tecnología de vigilancia y la canalización de los flujos migratorios de las ciudades fronterizas hacia terrenos más hostiles y remotos.
Operaciones de estilo militar como Hold the Line en El Paso, Gatekeeper en San Diego y Safeguard en Arizona transformaron violentamente la frontera sur, utilizando montañas, desiertos, lagos, ríos y valles como ‘barreras naturales de paso’. Los impactos fueron devastadores y continúan siéndolo dos décadas después.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los EEUU, más de 7,800 personas murieron al intentar cruzar la frontera entre 1998 y 2019. Esas son solo las estadísticas oficiales. Muchos más migrantes han desaparecido y sus restos aún no se han encontrado.
«De lo que no se habla es de la sangre en manos de demócratas y republicanos», dijo Jacqueline Arellano, quien dirige el programa Border Angels Water Drop junto con James Cordero. «La gente necesita estar al tanto de la historia, el bipartidismo y las violaciones a los derechos humanos que han estado ocurriendo en la frontera y la apatía estadounidense detrás de ello».
En respuesta al asombroso aumento de muertes y desapariciones de migrantes en las zonas fronterizas, los voluntarios de Border Angels caminan hacia el desierto de California, dejando comida, ropa y galones de agua a lo largo de las rutas de alto tráfico de migrantes. No es fácil. Temperaturas extremas que van desde un calor abrasador en el verano hasta un frío glacial en el invierno, dificultan el viaje. Pero la necesidad de proporcionar suministros es crucial y puede salvar vidas en áreas donde los migrantes corren mayor riesgo de exposición, deshidratación e hipotermia.
El esfuerzo de ‘prevención mediante la disuasión’ resultó ineficaz en los cruces fronterizos. Según un artículo académico de 2018 del profesor de la Universidad de San Francisco Bill Ong Hing, «impulsados por la violencia, las circunstancias sociales y las presiones económicas, los migrantes continuaron llegando».
«Cuando estás en un lugar donde tus probabilidades de sobrevivir y prosperar son extremadamente bajas, la naturaleza y las leyes de la vida indican que irás a algún lugar donde es más probable que sobrevivas, independientemente de los obstáculos que tengas por delante. Hechas por el hombre, las leyes no reemplazan las leyes de la humanidad», dijo Arellano.
Las medidas adicionales y la legislación posterior al 11 de septiembre surgieron bajo la dirección de George W. Bush, quien formó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocida como ICE.
Desde la creación del DHS en 2003, y a pesar de las exigencias de su abolición por parte de defensores y activistas de inmigración en los últimos años, el presupuesto de ICE casi se ha triplicado de $3.3 mil millones a $8.3 mil millones. Según datos del Consejo Estadounidense de Inmigración, el gasto de la Patrulla Fronteriza también ha crecido de $363 millones a más de $4 mil millones anuales, y el número de agentes de esa patrulla aumentó de 4 mil en la década de 1990 a más de 19 mil en 2019.
La Ley Valla Segura, que obtuvo el apoyo de los entonces senadores Joe Biden, Barack Obama y Hillary Clinton, mantuvo el ‘control operativo’ y la vigilancia sistemática de la frontera sur, instalando más de mil kilómetros de barreras con mejorada infraestructura. Donald Trump continuó con este esfuerzo al construir más de setecientos kilómetros de un nuevo sistema de muro fronterizo, que costó a los contribuyentes $15 mil millones.
Bush también aceleró el proceso penal federal y el encarcelamiento de inmigrantes a través de la Operación Streamline. El programa buscaba prevenir la inmigración no autorizada procesando y castigando penalmente a los inmigrantes detenidos que ingresaban a los este país, sin inspección, una variante de la práctica anterior, en la que la mayoría de los casos de inmigración se manejaban exclusivamente dentro del sistema de inmigración civil.
Durante sus dos mandatos, Barack Obama aprovechó la maquinaria de deportación punitiva del país, supervisando tres millones de deportaciones formales que le valieron el apodo de ‘Deportador al Mando’. Su administración sostuvo que los recursos para hacer cumplir la ley se concentraron en «delincuentes, no en familias», dando prioridad a las deportaciones de migrantes recién llegados y personas con antecedentes penales. En 2014, amplió el uso de la detención familiar para disuadir la afluencia de mujeres, niños y menores no acompañados que llegan a la frontera, lo que luego escaló hasta la separación forzada de familias migrantes bajo la política de ‘tolerancia cero’ de Trump.
«Todas las barreras institucionales que se les presentan a los inmigrantes, la incapacidad de crear los cimientos de toda una comunidad, la incapacidad de estabilidad económica, la incapacidad de tener atención médica, son una forma de disuasión destinada a infundir temor en las comunidades de inmigrantes», dijo Ana Puente Flores, escritora sobre inmigración y activista académica de la Ciudad de México.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los EEUU, más de 7,800 personas murieron al intentar cruzar la frontera entre 1998 y 2019. Esas son solo las estadísticas oficiales.
Las políticas arraigadas en la xenofobia y la intimidación crecieron bajo Trump, quien heredó un régimen de aplicación de la ley de inmigración ya autoritario construido por sus predecesores demócratas y republicanos.
Desde que asumió el cargo en enero de 2017, su administración promulgó más de 400 acciones ejecutivas, orientación de políticas y cambios regulatorios sobre inmigración. Este tipo de disuasión institucional y violencia burocrática, dice Flores, se manifiesta de maneras más insidiosas, erosionando sistemáticamente los derechos de inmigración, particularmente los de mujeres y niños, a través de una serie de órdenes administrativas que pasan desapercibidas.
Trump obtuvo nuevas oportunidades para limitar la inmigración y restringir aún más las protecciones humanitarias con la llegada de la COVID-19 a principios de 2020. Siguiendo los Protocolos de Protección al Migrante, también conocidos como ‘Permanecer en México’, emitió una Prohibición de Asilo en el País de Tránsito e invocó un controvertido estatuto de salud pública de 1944 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que selló efectivamente la frontera entre los EEUU y México y cortó el acceso al asilo. La administración también lanzó los llamados Acuerdos de Cooperación en materia de asilo, que amenazan con suspender la ayuda exterior e imponer aranceles si México y los países centroamericanos no refuerzan sus propias operaciones de control de la inmigración o reciben más migrantes.
La xenofobia institucional no es nada nuevo, escribe el autor y académico Yuri Herrera. Está arraigado en la propia psique de la política estadounidense y es el núcleo de un aparato de control de la inmigración que se resiste a la libre circulación de seres humanos: «A veces la gente ve a Trump como una excepción, un error o una anomalía. Excepto que él era exactamente lo contrario. Trump es un producto cultural y político, el resultado de muchos, muchos años de políticas cínicas y realmente consistentes. Es verdaderamente estadounidense, tan estadounidense como el pastel de manzana, como dicen”, dijo.
Las administraciones a menudo han enmarcado la inmigración y justificado la disuasión como asuntos de seguridad nacional. Bill Ong Hing, profesor de derecho y estudios migratorios en la Universidad de San Francisco y fundador del Immigrant Legal Resource Center, dice lo contrario: «De lo que estamos hablando son de políticas racistas que ignoran las causas fundamentales de la migración. Este es un problema racial y tenemos que recordárselo a la gente», dijo.
En su primer día al cargo, Joe Biden reveló lo que las administraciones anteriores también han etiquetado como «reforma migratoria integral», con la esperanza de revertir las políticas de la era Trump y crear nuevos caminos hacia la ciudadanía. A pesar de las acciones ejecutivas para restaurar completamente el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, iniciar la reunificación familiar de migrantes y comenzar a procesar a decenas de miles de solicitantes de asilo colocados en MPP, Biden también ha revertido las promesas de campaña, más recientemente una promesa de detener las deportaciones.
Los defensores de la inmigración temen que la nueva administración mantenga las mismas estructuras e instituciones represivas que excluyen a los refugiados, explotan la mano de obra migrante y demonizan a los solicitantes de asilo negros y morenos.
«Se produce mucho daño cuando la gente no observa. Siempre que se despojan de los derechos humanos, sin importar la ciudadanía de una persona, se sienta un precedente y una forma histórica para extenderse por todas partes», dijo Arellano.
Esta historia revela que no se trata de si los EEUU puede desmantelar los sistemas y regulaciones que han llevado a la muerte y detención de migrantes, más bien, ¿eso es lo que quiere?