El Proyecto de Ley 91 del Senado extiende la protección contra desalojos temporales, creando un nuevo programa estatal de asistencia para el alquiler; ¿será suficiente para evitar los desalojos masivos?
Mientras tanto, inquilinos de San Francisco que solicitaron asistencia para la vivienda no han recibido respuesta de los programas de la Ciudad.
Al inicio de la COVID-19, las residentes de la Misión, Margarita, de 44 años, y Miriam, de 59, perdieron sus trabajos en restaurantes. Como consecuencia, enfrentaron una situación de vivienda precaria y no pudieron pagar su alquiler. Después de escuchar sobre Give2SF COVID-19 Response and Recovery Fund, un programa de alivio de alquiler en toda la ciudad, llenaron una solicitud. Al calificar ambas, pudieron entrar en el programa; recibieron un número de confirmación por correo electrónico el 9 de diciembre de 2020, sin embargo, ninguna ha recibido llamada o notificación alguna, ni ha recibido asistencia financiera para el alquiler.
“Lo intentamos, pero no hay garantía”, dijo Margarita, residente en la Misión por más de 20 años. “Estamos muy preocupadas por no tener un lugar donde vivir”, dijo.
Margarita y Miriam pidieron conservar en el anonimato sus nombres por temor a represalias por parte de sus propietarios, quienes dicen les han advertido verbalmente el “pagar o irse”.
Vulnerables a la amenaza de desalojo, estas dos originalmente migrantes de América del Sur (México y Perú, respectivamente), se muestran escépticas a solicitar más ayuda y afirman que creen que sus propietarios «no aceptarán ninguna ayuda del gobierno». Mientras trabajan como voluntarias en Mission Food Hub, estas dos amigas se mostraron interesadas en inscribirse para recibir algún tipo de ayuda, aunque no se sienten optimistas debido a su experiencia previa.
¿Qué es el Proyecto de Ley 91 del Senado?
Para promover la estabilización de la vivienda entre aquellos que enfrentan dificultades financieras relacionadas con la COVID-19, los legisladores estatales aprobaron el Proyecto de Ley 91 del Senado (SB91), un conjunto de protecciones de alquiler y programas de ayuda para inquilinos y propietarios.
A medida que se avecina el desalojo de decenas de miles de residentes de California, la SB91 extenderá la moratoria de desalojo de la Ley de Ayuda para Inquilinos de California de 2020 por falta de pago de unidades de alquiler a vencer del 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. Los inquilinos aún tendrán que pagar lo adeudado, pero el proyecto de ley los protege del desalojo y los impagos relacionados con la COVID-19 durante ese periodo.
Para los que tienen un adeudo de alquiler derivado de la pandemia, la ley estatal protege a los inquilinos que brindan una “declaración de dificultades financieras relacionadas con la COVID-19” a su arrendador dentro de los 15 días posteriores a la recepción de un aviso de desalojo. Ese formulario de declaración se puede encontrar en el sitio web del estado de California en housing.ca.gov.
El proyecto de ley también establece que para el alquiler adeudado desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, los propietarios no pueden desalojar a los inquilinos por esa falta de pago si el inquilino ha firmado una «declaración» y paga el 25 por ciento de «todos los pagos de alquiler adeudados desde septiembre de 2020 hasta Junio de 2021”.
A los inquilinos que presenten dicha declaración, se les puede pedir proporcionar prueba de la pérdida de ingresos financieros relacionada con la COVID-19, por ejemplo, de los impactos directos en la salud y económicos relacionados con la pérdida de empleo o ingresos. La ciudadanía estadounidense no es un requisito para aplicar.
Si los inquilinos están por debajo del 130 por ciento del ingreso medio del área (AMI), una copia firmada de la declaración es todo lo que se necesita para detener un desalojo.
Además, la SB91 establece que los propietarios deben notificar sobre los cambios en la ley a todos los residentes que deben uno o más pagos de alquiler entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de febrero de 2021. También deben haber proporcionado a los residentes una copia en blanco de la declaración antes del 28 de febrero de 2021, de lo contrario, cualquier desalojo podría ser ilegal.
El nuevo programa estatal de asistencia para la renta bajo el SB91
Con la intención de aliviar las tensiones por los adeudos del alquiler, la SB91 establece un nuevo programa de asistencia, que permite a los inquilinos y propietarios llegar a un acuerdo que proporcionará un reembolso del 80 por ciento del alquiler adeudado al propietario, si el propietario acepta condonar 20 por ciento de lo adeudado.
Si el propietario no está de acuerdo, los inquilinos aún pueden solicitar recibir un pago directo de hasta el 25 por ciento del alquiler adeudado.
La Ciudad y el Condado de San Francisco han recibido $28 millones en fondos federales que se adhieren a las disposiciones estatales de la SB91, que actualmente están disponibles para todos los residentes de California. Los solicitantes pueden presentar su solicitud a través de housingiskey.com o llamar al 833-430-2122.
Programa de ayuda para la renta de San Francisco
La Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía (MOHCD, por sus siglas en inglés) está en proceso de crear un ejercicio de $26 millones que se emparejará con organizaciones no lucrativas para administrar recursos a los residentes de San Francisco que cumplan con un «umbral de vulnerabilidad».
Los planes para implementar el programa están para finales de mayo o principios de junio, según el gerente del Programa de Desarrollo Comunitario, Hugo Ramírez. Pero, ¿será suficiente el despliegue para evitar el desplazamiento masivo?
Según un informe legislativo y presupuestario de San Francisco de octubre de 2020, el costo del alquiler residencial adeudado durante los primeros seis meses de la pandemia se estimó entre 81 millones y 196 millones de dólares por mes.
El organizador principal del Comité de Derechos a la Vivienda de San Francisco, Brad Hirn, cree que los casi $56 millones de fondos son «lamentablemente desproporcionales» para la escala de deuda que enfrentan los inquilinos de la ciudad. Junto con la financiación «desproporcionada», la SB91 está «lista para el mal ejercicio» por parte de los propietarios más grandes que cuentan con más recursos para solicitar asistencia, similar al abuso descubierto en los préstamos del Programa de Pago de Cheques (PPP), dijo Hirn.
Por su parte, la supervisora del distrito de la Misión, Hillary Ronen, quien comenzó a alertar desde hace un año sobre esta problemática, dijo: “Sin el apoyo estatal y federal, los inquilinos enfrentarían deudas insuperables debido a la pandemia, y la posibilidad de desalojos masivos es aterradora”.
Al dar la bienvenida a la asistencia federal, Ronen calificó las reglas que rigen el programa estatal como «decepcionantes» pues «claramente favorecen a los propietarios y no hacen lo suficiente para proteger a los inquilinos de renta controlada», comentó a través de un correo electrónico a El Tecolote.
“Estoy observando de cerca para asegurarme que los fondos federales que obtenemos localmente tengan prioridad brindar alivio a los inquilinos más vulnerables, a los pequeños propietarios y a nuestros proveedores de vivienda asequible”, dijo la supervisora.
Nota del editor: este artículo no está destinado para servir como asesoramiento legal ni cubre todas las disposiciones del Proyecto de Ley 91 del Senado. Si usted o alguien que conoce ha experimentado dificultades financieras relacionadas con la COVID-19 y cree que puede ser candidato para el nuevo programa de asistencia para el alquiler, visite el sitio web housingiskey.com o llame al número de asistencia gratuita 833-430-2122 para solicitarlo.