En El Tiangue, ubicado en la calle Mission, se dieron cita legisladores, líderes comunitarios y vendedores ambulantes integrantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la Misión el lunes 3 de febrero para anunciar la Ley Calles Seguras, un proyecto de ley del estado destinado a poner fin a la venta ambulante de bienes robados o fencing, como se le refiere en inglés.
Presentado por el senador Scott Wiener y respaldado por el alcalde Daniel Lurie, este proyecto de ley daría a la policía más poder para intervenir en operaciones sospechosas de fencing en San Francisco. Actualmente, los oficiales de obras públicas lideran la aplicación de la ley, y una moratoria general sobre la venta ambulante ha dejado a muchas personas vendedoras ambulantes latinas sin una fuente estable de ingresos.
De aprobarse, dicho proyecto de ley requeriría a aquellas personas vendedoras ambulantes, que comercian aquellos artículos que la Junta de Supervisores tiene enlistados como bienes comúnmente robados, mostrar permiso o comprobante de compra para evitar sanciones. Las personas que no cuenten con permiso ni puedan demostrar la obtención lícita de dichos bienes enfrentarían multas, que podrían tipificarse como un delito menor y hasta seis meses de cárcel si se reincide en un tercera infracción. Quienes venden alimentos en la vía pública, como los hot dogs o fruta picada, no serían vigilados por la ley, incluso si no cuentan con un permiso correspondiente.
Para personas vendedoras ambulantes de larga data, especialmente aquellos en la asociación de vendedores ambulantes, el proyecto de ley podría allanar el camino para que otras regresen a su actividad comercial. La vendedora de joyas Luz Ledesma dijo que esperaba que la Ley SAFE abriera un camino para que más personas vendedoras ambulantes vendan sus productos en el Distrito Misión, tal como lo han hecho durante décadas.
“La venta ambulante es una parte crucial de nuestra comunidad y cultura”, dijo Ledesma. “Si bien no existe una solución perfecta, estamos trabajando con los líderes de la ciudad y el estado para impulsar cambios que podrían mejorar la situación en el distrito”.
Algunos residentes dijeron que esperan que el proyecto de ley ayude a minimizar el aumento de robos y altercados violentos que han provocado el cierre de negocios a lo largo de las plazas BART de las calles 16 y 24.
“Ya era hora”, dijo Roberto Hernández, un veterano defensor de la Misión. “Hace tres años, esto empezó a suceder. Tuvimos una reunión con todos los departamentos de la ciudad y les pedimos que hicieran algo al respecto y no hicieron nada”. Para Hernández, la instalación de vallas en las plazas del BART de la Misión ha tenido un “efecto dominó” en quienes viven y trabajan cerca.
La supervisora del Distrito 9, Jackie Fielder, no asistió a la reunión. Se negó a hacer comentarios sobre la Ley SAFE hasta que reciba el texto completo del proyecto de ley para su revisión. Durante su campaña electoral, Fielder, que ha defendido durante mucho tiempo a las personas vendedoras ambulantes, había advertido contra una mayor criminalización, en particular para los trabajadores indocumentados.
Aunque Wiener y Lurie insisten en que el proyecto de ley repercurtiría en consecuencias migratorias, a los críticos les preocupa que estos detalles sigan sin estar claros. Kevin Ortiz, presidente del Club Demócrata Latino de San Francisco, advirtió que la intervención de las fuerzas del orden podría exponer a las personas vendedoras indocumentadas a riesgos de deportación y podría aumentar la clasificación policial de los residentes latinos, calificando el proyecto de ley de «compromiso forzado».
Anunciado la misma semana en que la ciudad aprobó una Ordenanza del Estado de Emergencia por Fentanilo, el proyecto de ley refleja la agenda de seguridad pública más amplia del alcalde Lurie. Aunque la Ley SAFE tiene un largo camino por delante antes de que pueda implementarse, señala el esfuerzo de la nueva administración por incluir a las y los líderes de la comunidad latina en algunas de estas discusiones políticas.
«Nos estamos uniendo para asegurarnos de ayudar a las y los propietarios de negocios y a las personas vendedoras y a las que se preocupan profundamente por esta comunidad», dijo Lurie.