Una visa especial creada hace 12 años para salvar a miles de víctimas del tráfico de personas y frenar la trata internacional de personas ha sido poco utilizada.
Los abogados de víctimas rescatadas que buscan la residencia como protección dicen que las agencias que ejecutan la ley son a menudo renuentes y lentas para “certificar” las declaraciones de víctimas que han sido traídas a los EE.UU. a trabajar bajo fuerza, fraude o coerción.
Los expertos legales y proveedores de servicios sociales de regiones con un alto tráfico de personas, incluida el Área de la Bahía de San Francisco, opinan que las víctimas se encuentran en un dilema peligroso: Cooperar con una investigación podría beneficiar sus casos y visas, pero también podría exponerlos a ellos y a sus familiares a sufrir represalias.
Un resultado es que las víctimas solicitan sólo una fracción de las visas disponibles cada año. El año pasado el gobierno recibió sólo una quinta parte de su cuota, y de esas solicitudes recibidas, casi el 23 por ciento fueron rechazadas.
Los abogados y los proveedores de servicios para víctimas de la trata dijeron que la falta de asistencia de las agencias responsables perjudicó solicitudes meritorias. En un caso, una empleada doméstica que trabajaba 16 horas al día sin recibir salario por varios años ganó una visa T con la ayuda de un abogado defensor a pesar de la falta de certificación por los agentes federales responsables.
Creado por el Trafficking Victims Protection Act of 2000, el estatus de visa de no-inmigrante T-1 ofrece a las víctimas de trata de países extranjeros estatus legal temporal, con la posibilidad de solicitar la residencia permanente y obtener beneficios federales si cooperan con la policía en investigaciones contra los traficantes.
Los menores de edad y los que no pueden participar en las investigaciones debido a trauma físico o psicológico, son excusados de acuerdo con la oficina del U.S. Citizenship and Immigration Services –organismo que arbitra las solicitudes de visa.
Los datos suministrados por esta agencia revelan que muy pocos cientos de visas T se han asignado cada año desde que comenzó el programa, a pesar de haber 5.000 visas disponibles anualmente. Según la agencia, en el último año fiscal 557 solicitudes de visas T fueron aprobadas y 223 fueron rechazadas.
La ley federal anti tráfico inicial, escrita por el Rep. Christopher Smith –R. de Nueva Jersey, ha sido reautorizada tres veces, y las revisiones han incluido la reducción de requisitos de visa y el aumento de los servicios disponibles para víctimas de la trata. Los académicos especializados en las leyes internacionales del tráfico de personas dicen que el programa tiene fallas, dado que la ayuda que ofrece a las víctimas está condicionada a su aceptación de ayudar en las investigaciones.
“Sería mucho mejor tener un sistema en el que la protección de víctimas no dependiera de que éstas dieran evidencia contra sus traficantes, como es el caso de los niños”, dijo Jacqueline Bhabha, directora de investigación del François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights de la Universidad de Harvard.
Ayudando a las autoridades competentes
La solicitud de visa T alienta a los solicitantes a presentar “evidencia primaria” de su cooperación, que consiste en un acuerdo certificado oficialmente de que los solicitantes apoyarán las investigaciones contra sus traficantes.
Los abogados y los proveedores de servicios sociales que trabajan con solicitantes de visas T dicen que la obtención de la certificación es comúnmente un obstáculo en el proceso de solicitud.
Zoraida Peña Canal fue traficada hace cinco años desde el Perú para ser empleada doméstica en el Condado de Contra Costa. Avantika Rao—abogada de Sacramento, le consiguió una visa T a pesar de no tener la certificación de las autoridades competentes.
Peña Canal entró a los EE.UU. en julio de 2006 para vivir y trabajar con una familia de Walnut Creek. Trabajaba de 6am a 10pm diariamente cuidando a dos niños y haciendo trabajo doméstico sin paga, aunque su empleador le aseguró que tendría sueldo.
Rao dijo que Peña Canal escapó con la ayuda de tres vecinos. Se enteró sobre el caso de Peña Canal trabajando para La Raza Centro Legal, una organización de San Francisco que provee servicios legales a inmigrantes y personas de bajos ingresos.
Por correo electrónico, Rao dijo que la policía le había negado la certificación a pesar de que su clienta hacía todo lo posible por cooperar con la investigación.
“La Sra. Peña Canal y yo nos reunimos con los agentes, incluyendo a los de la U.S. Attorney’s Office, al menos doce veces en las que la Sra. Peña Canal les dio pruebas físicas y testimonios sobre el crimen del que ella había sido objeto”, dijo Rao.
Después de una serie de solicitudes para obtener la certificación de la U.S. Attorney’s Office, en septiembre de 2008 ésta le notificó que no le daría el documento. “Yo quedé absolutamente devastada por la decisión, sobre todo porque implicaban que no confiaban en mi clienta y que no veían la importancia de su caso”, dijo Rao.
Ella presentó la solicitud de visa T de todos modos, sin la certificación. La falta de certificación, dijo, pone “más presión en el defensor de la víctima para que éste incluya más detalles y documentos en la solicitud de visa T, todos los cuales son potencialmente detectables por el abogado del traficante en un procedimiento legal”.
A pesar de estos obstáculos, la solicitud de visa T para Peña Canal fue aprobada en enero de 2009. Peña Canal se cambió a San Francisco donde ahora puede ser empleada legalmente. Trabaja de conserje para una compañía de San Francisco, cuida a personas mayores en sus hogares y limpia casas bajo referencia.
Miedo a las represalias
Es común que las agencias gubernamentales nieguen la certificación a los solicitantes de visas T. Hilary Chester, directora asociada del servicio de lucha contra el trafico de personas del United States Conference of Catholic Bishops en Washington, dijo que las autoridades habían obstruido la certificación para su cliente quien fue traficado desde El Salvador.
“Creo que lo que me molesta personalmente es la noción de que se le de tanto peso a la aplicación de la ley y que exista ese requisito de que la persona esté dispuesta a cooperar en el proceso”, dijo Chester. “Creo que es peligroso.”
Su cliente recibió una visa T después de más de dos años.