Un mes antes de que manifestantes bloquearan la carretera principal al aeropuerto de Oaxaca para exigir la liberación de cinco activistas políticos encarcelados, la hija de uno de los presos viajó a San Francisco para publicar el caso de su padre.
Itandehui Haydeé Manzano Sánchez, de 22 años de edad, visitó San Francisco el 23 de julio para hacer pública la agonía de “muchos activistas políticos en México”, incluida la de su papá, Leonel Manzano Sosa.
“Le dan largas, no se presentan los agentes que lo detuvieron”, dijo Manzano Sánchez, cuyo padre ha estado encarcelado casi 500 días en el penal de Puente Grande, Jalisco, según ella, por razones políticas. “No existen cargos, sólo una confesión bajo tortura… y querían que delatara a otros”.
Manzano Sosa, cofundador del Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca (FACMEO), fue arrestado en el estacionamiento de un centro comercial en la ciudad de Oaxaca el 17 de mayo de 2013.
Conforme a la ficha judicial, Manzano Sosa está detenido por “delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, y secuestro” de dos hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani el 14 de enero de 2013.
Los niños fueron puestos en libertad en un operativo policial al día siguiente del arresto de Manzano Sosa. La familia de los niños no realizó declaración alguna tras la liberación.
“La detención [de mi padre] fue un montaje del cual somos víctimas”, dijo Manzano Sánchez. “[La policía] se enfocó en culparlo ante los medios de comunicación violando el principio de presunción de inocencia sin llevar un debido proceso”.
La joven declara no saber “a ciencia cierta si en verdad ocurrió el secuestro”, ya que “de haber sido una investigación contundente de manera jurídica no habría sido necesario hacer que confesara algo que no hizo mediante tortura”.
“Estuvo 17 horas sin ser presentado ante Ministerio Público”, continuó la estudiante de Derecho. “La Constitución dice que inmediatamente a que se detiene [a alguien] se le lleva a la agencia más próxima y se escribe el acta de diligencia”.
Durante esas horas de incertidumbre en que su hija, familiares y allegados lo creían desaparecido, Manzano Sosa alega que lo hicieron firmar una confesión bajo tortura.
“Una venda mojada en los ojos… golpes en la nuca… en las sienes… en medio de los ojos… me amenazan con violar a mi esposa e hija mayor”, declara Manzano Sosa en un escrito impreso que carga su hija. “Me obligan a firmar unos documentos sin que se me muestre su contenido”.
El pasado 14 de julio, el abogado defensor de Manzano Sosa, Augusto César Sandino Rivero, ratificó ante el juez un peritaje como prueba formal de la tortura. El examen fue realizado por el médico Ricardo Loewe y la psicóloga Liliana Souza conforme al Protocolo de Estambul.
Manzano Sosa trabajó como organizador político en su tierra natal del municipio de Santa María Zoquitlán, en la región de Valles Centrales en Oaxaca.
“Introdujo cambios en el municipio que le ardió a otra gente”, dijo su hija. “Realizó una labor de concientización entre la gente para llevar a cabo proyectos… terminándolos, no robando como hacen otros”.
Este no ha sido el primer incidente con la familia Manzano Sánchez. Su familia ya sufrió un atentado en abril de 2007, en el que murió un tío suyo y su padre recibió seis balazos. En diciembre de 2011 fue asesinado otro tío, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, cofundador de FACMEO junto a su padre y exsecretario de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La joven enmarcó el encarcelamiento de su padre en la “guerra de baja intensidad del gobierno de Peña Nieto en contra de los movimientos sociales y en pro de reformas neoliberales que benefician a unos pocos”.
Mencionó la muerte de la activista Rocío Mesino, de la Organización de Campesinos Socialistas del vecino estado de Guerrero, el 19 de octubre de 2013. “Una luchadora ardiente a quien primero encarcelaron y, como no cejó, la mataron”, dijo.
Mientras su padre está encarcelado, Manzano Sánchez está por terminar el tercer curso de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“En nuestro país la justicia no es pronta y ni expedita”, declaró la joven estudiante citando el artículo 17 de la Constitución mexicana. “A mi papá le violaron los derechos humanos… es una detención ilegal, torturar a alguien nulifica todas las pruebas”.