El pasado 3 de agosto fue encontrada muerta Juana Gómez, una joven qom de 15 años de edad, en un predio de la localidad de Quitilipi, en la provincia de Chaco, al norte de Argentina. Con esta violenta muerte “llegaríamos a los 80 o 90 en un año y medio”, dijo Félix Díaz, líder de la comunidad Qom La Primavera en entrevista a Red Latina sin Fronteras. Esta suma es producto tanto de fallecimientos relacionados con el reclamo de tierras y derechos como también por falta de acceso a servicios básicos, que según Médicos del Mundo Argentina y un Informe de 2010 de Telenoche Investiga, causan muertes por enfermedades curables, como infecciones, malnutrición u otras. Conocido es el caso de Pablo Sanaguchi, joven fallecido el pasado 20 de febrero a causa de un cuadro de desnutrición extrema y tuberculosis.

Muchas comunidades toba (o qom) no forman parte de reservas aborígenes (aunque existen unas 365.000 hectáreas reconocidas oficialmente) ni detentan títulos de propiedad de sus tierras pues fueron heredadas de generación en generación, razón por la cual el Estado las reclama como suyas para hacerse de negocios inmobiliarios o agrícolas y desalojar a los qom. De ahí que los casos de muerte, amenaza, desalojo y agresión contra estas comunidades campesinas hayan aumentado a medida que fue creciendo su necesidad de nuevos territorios para cosechar soja.

Como primer factor, entonces, debe considerarse la política de extractivismo. La soja multiplicó su cotización a nivel mundial en los últimos diez años, especialmente por la demanda de China, y sirvió a la recuperación macroeconómica argentina a partir del 2002. Pero este esquema no funciona sólo, sino que precisa de apoyo político. El gobierno de Formosa, a cargo de Gildo Insfrán, ha logrado perpetuarse en el poder por 18 años a través de un fuerte control a los medios, cooptación a través de la generación de planes sociales, empleos estatales y establecimiento de amistad con los gobiernos nacionales de turno. Enfrenta denuncias por malversación de fondos públicos, lavado de activos, encubrimiento, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, etcétera.

La presidenta Cristina Fernández se refiere al gobernador de esta provincia con confianza, lo llama “Gildo” en los actos oficiales, se prodigan elogios mutuos y fondos oficiales. “Cuando la Presidenta habla de que gobierna para 40 millones de argentinos, no sé si los pueblos originarios están comprendidos en ellos”, expresó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, condecorado en 1980 por su resistencia a la última dictadura.

Esta alianza económico-política entre las autoridades nacionales, provinciales y la corporación Monsanto –fabricante de glifosato, producto cuestionado por los daños medioambientales que acarrea– es la clave para entender el porqué de los reclamos qom.

En Argentina, según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005, 600 329 personas se reconocen o descienden en primera generación de pueblos indígenas. De aquellos, 179.501 viven en comunidades, mientras que 420.401 indígenas están integrados a la población general. En el caso de la etnia kom, qom o toba, son un pueblo que comenzó a habitar las provincias argentinas de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa hacia el siglo XVI. Su idioma, el qom, significa ‘varón’ y es completamente distinto al español. Según el censo nacional de 2011, son 69.452 integrantes de la etnia, su mayoría dispersos por el norte argentino o en comunidades rurales.