Miembros de comunidad se reunieron en la esquina de las calles 30 y Eugenia el 23 de junio para protestar por el desalojo de tres familias latinas. María Álvarez, que ha vivido en la calle 20 y Eugenia durante veinte años, dijo que recibió una orden de desalojo el pasado septiembre, después de que su arrendador Sheng-Wei ‘Shawn’ Lo comprara el edificio. En julio pasado, Lo intentó vender el inmueble, informó Álvarez, pero no tuvo éxito. Ella tiene hasta el 1 de noviembre para luchar o mudarse.
“Yo creo que se enojo, y me puso el [desalojo]”, dijo Álvarez, una guatemalteca que vive junto con su hijo e hija de 23 y 18 años, respectivamente, así como con su hermano, su sobrina y la pequeña hija de su sobrina. Durante siete años, Álvarez ha mantenido a sus hijos trabajando como personal de limpieza en la tienda Bloomingdale’s en San Francisco.
“Yo me quedé sola luchando, con mis hijos. Eso es duro”, dijo Álvarez. “Yo estaba muy triste por tener que irme. Pero ahorita con esta organización, me siento más segura”.
La vecina de Álvarez, Rosalis Elias, una salvadoreña que también está siendo desalojada por Lo, ha vivido en la calle 22 y Eugenia por dieciocho años. No estuvo presente durante la manifestación.
Luego de una hora de manifestarse, los simpatizantes de los inquilinos desalojados marcharon hasta la sede de la Asociación de Propietarios de Tiffany Gardens (HOA, por sus siglas en inglés) ubicada en el 199 de la Avenida Tiffany, donde los inmigrantes guatemaltecos Brenda y Luis Palacios han vivido con sus tres hijos desde que se inauguró el edificio.
Brenda Palacios estaba a punto del llanto mientras, junto con su familia, estaba parada en la esquina de la avenida Tiffany y la calle 29, justo debajo de lo que fue su hogar por once años y del cual han sido desalojados.
“Si peleas, puedes ganar”, dijo Patricia Kerman a Palacios, quien el año pasado libró el desalojo bajo el Ellis Act de su casa ubicada en la calles 20 y Folsom. “Si no peleas, ellos arrasarán contigo”.
Los Palacios fueron ilegalmente notificados de desalojo con un aviso de 30 días, luego de que el HOA decidiera convertir su unidad de bajo alquiler en una unidad particular, dijo Gabriel Medina, gestor de políticas de la Mission Economic Development Agency (MEDA).
“Lo que vuelve esto atroz es que el sistema no se ha configurado para permitir, y cuando digo sistema me refiero a la vivienda de tipo incluyente, que esta familia latina de clase obrera integrada por cinco, pueda permanecer en su unidad”, dijo Medina. “Y si se supone que la vivienda incluyente y de bajo precio en el mercado es la solución, entonces la familia Palacios no debería estar siendo desalojada”.
A los Palacios les dieron dos prórrogas de 60 días y han recibido propuestas ofreciéndoles la compra de la que ha sido su unidad por once años. Brenda y Luis dicen haber hecho todo lo que HOA les solicitó hacer en el intento por adquirir la unidad, pero ahora esta asociación declara que se les agota el tiempo.
Mattias Kraemer, director interino de Asset Building Programs en MEDA, dijo que no hubo institución bancaria de la lista que tiene la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Alcalde que pudiera trabajar con los Palacios durante los primeros seis meses, pero que en enero un banco fue aprobado para trabajar con ellos.
“Siento que esto es importante, por que hoy soy yo, mañana puede ser alguien más”, dijo Luis Palacios, quien actualmente trabaja ochenta horas a la semana en dos trabajos para tratar de reunir el enganche y adquirir la unidad. El martes, tomó el día libre para asistir a la marcha. “Si la gente se une, tiene mas fuerza de uno solo”.
Casi al final de la manifestación, los Palacios fueron a la oficina de David Beaupre —presidente de HOA— para entregar una carta solicitándole redacte el aviso de desalojo para el 9 de agosto.
“[Le pido] al señor David y al [junta] de este edificio, que piensa un poco en la familia, que todo no es cuestión de dinero”, dijo Brenda con la voz quebrantada por la emoción.
“Actualmente la ciudad está enfrentando una crisis de desalojo y el desplazamiento de 8 mil latinos en los últimos 10 años, tres mil familias cuyo ingreso es menor a los $75 mil anuales, así como el cambio de un 25 por ciento en el número de familias que viven en la Misión”, dijo Medina. “Estas son las tres cosas que ellos representan y si nuestras políticas de vivienda incluyente no puede ayudarles a mantener sus hogares, ¿cómo podemos exigir al mercado privado que haga lo mismo?”
— Traducción Katie Beas