El fiscal de San Francisco, Dennis Herrera, interpuso una demanda en contra de un abogado de inmigración, al que calificó como “uno de los depredadores de mayor notoriedad en San Francisco”; el abogado se encuentra actualmente inhabilitado.
Herrera mostró en detalle el perturbador patrón de prácticas profesionales deshonestas realizadas por Martín Guajardo, a quien se le acusa de “estafar a decenas de miles de personas desvalidas por una cantidad de millones de dólares” durante un lapso de 35 años.
“Guajardo hizo una carrera explotando al desvalido, robando las posesiones de un sinnúmero de inmigrantes, de sus familias y de sus esperanzas en compartir el sueño americano”, dijo Herrera.
Según Herrera, Guajardo se aprovechó “prácticamente de cada uno de distintos grupos de inmigrantes” en San Francisco, incluyendo las comunidades de asiáticos, de latinos y de rusos, a través de un mercadeo agresivo y de programas de alcance social.
Durante el curso de tres décadas, Guajardo “tomó el dinero de los bolsillos” de inmigrantes que buscaban obtener la nacionalidad estadounidense, mientras avanzaba poco en los casos. En algunos casos, Guajardo inflaba deliberadamente sus cobros al presentar una serie de múltiples apelaciones que no eran necesarias, continuó Herrera.
Guajardo peridó su permiso para ejercer la abogacía en el 2008, luego de haber sido suspendido dos veces en los años de 1990 por cobrar altas cuotas de manera ilícita y por representación incompetente del cliente. Un tiempo después, de acuerdo a la acusación, creó The Immigration Practice Group (555 Clay Street) con el apoyo de Christopher Stender, un abogado de San Diego, a quien también se nombra en la querella.
Stender, según dice la acusación, actuó como “frente” de la operación, orquestando los encuentros entre los clientes y Guajardo, quien nunca advirtió a sus clientes el haber renunciado a su profesión de abogado, a pesar de que éste presentó en el 2008 una declaración jurada por escrito ante The State Bar of California donde da fe de ello.
David Campos, supervisor representante del Distrito de la Misión, ha señalado la importancia que tiene en las comunidades de inmigrantes mantenerse vigilantes ante inescrupulosos que ofrecen servicios de asesoramiento en leyes migratorias. “Guajardo puede ser el peor de este tipo de delincuentes; pero él es un claro indicio de que existen otros como él que de igual forma abusan de los inmigrantes y de sus familias”.
Campos agregó: “A pesar de la importancia que tiene el juicio en tratar de prevenir que Guajardo continúe causando más daño, también es importante que la comunidad de inmigrantes, aquí, en San Francisco se encuentre bien informada acerca de las organizaciones de base comunitaria y de las firmas de abogados reconocidas que puedan representar sus intereses de una manera honesta y efectiva”.
A Guajardo y a Stender también se les acusa por separado en demanda colectiva a favor de todos los clientes que Guajardo representó después que renunciara a The State Bar.
El caso, que ha sido llevado por la firma de abogados Orrick, Herrington y Sutcliffe, busca “deshacer el daño que los acusados han infligido a tanta gente que de forma desesperada necesitaban ayuda”, dijo Lynne Hermle, socia de la firma.
“Existe una gran necesidad de justicia en este caso, y es la necesidad de que todos los que fueron afectados lleguen a recobrarse”, afirmó Hermle.
Mark Silverman, director de política migratoria del Immigrant Legal Resource Center, llamó al juicio de la alcaldía “histórico”.
“Es de vital importancia que se persigan a este tipo profesionales deshonestos que abusan de la esperanza de los inmigrantes, y llegar a detenerlos, señaló Silverman.
“Entre los ejemplos de los casos más alarmantes, yo recuerdo que tenían un costo razonable de $10.000; pero Guajardo los encarecía a $60.000”, mencionó Silverman. “Las víctimas terminaban generalmente con una orden de deportación gracias a la negligencia de Guajardo.”
Anoop Prasad, abogado que trabaja para la organización Asian Law Caucus, recuerda la importancia de que el gobierno local sea un “bastión de seguridad” para los inmigrantes, y recomendó a los clientes estar atentos a las actividades sospechosas de sus abogados.
“Si su abogado le pide o le solicita algo que le parezca extraño, simplemente váyase de allí”, continuó Prasad.
No se les ha imputado delito alguno a Guajardo o a Stender, pero Herrera dijo que la oficina del Abogado Municipal estará coordinando la información con la oficina del Fiscal de Distrito.
Orrick ha establecido un servicio telefónico multilingüe para aquellos que deseen participar en la demanda colectiva. El número es el (415) 773-4266
—Traducción Eduardo Alegrett