El anuncio del Presidente Obama de poner un alto a la deportación de menores indocumentados y darles permisos de trabajo, ofreció un raro vislumbre de esperanza a los estudiantes indocumentados de Arizona, quienes aún esperan la decisión de la Suprema Corte con respecto a SB 1070, un proyecto de ley que esencialmente criminaliza sus más básicas aspiraciones humanas.

Daniel Rodriguez, un organizante de la Coalición Dream Act de Arizona, expresó cauteloso optimismo.

“Este es un paso muy concreto que ofrecerá alivio a los menores indocumentados”, dijo. “[Pero el] demonio está en los detalles.”

Rodriguez, de 26 años de edad, afirma que aunque el anuncio trae esperanza, también crea un clima que pudiera hacer a la gente vulnerable a estafadores que pudieran tratar de tomar ventaja de ellos.

“Nuestra comunidad necesita estar lista”, dijo. “No dejen que ustedes ni sus familias sean víctimas de fraude.”

La nueva política de Obama—la cual sobrepasó el apruebo del Congreso—beneficiaría a estudiantes indocumentados que puedan demostrar que son menores de 30 años de edad, y que llegaron al país antes de la edad de 16 años. También deben haberse graduado de la escuela preparatoria o tener un GED.

“No tiene sentido expulsar a jóvenes con talento que para todo intento y propósito son americanos”, dijo Obama. “Han sido criados como americanos [y ellos] se perciben a sí mismos como parte de este país.”

Mientras que el cambio no concederá ciudadanía a estos jóvenes, muchos lo ven como un paso adelante, incluyendo Dulce Matuz—miembra de la coalición quien fue recientemente seleccionada como una de las “100 Personas Más Influyentes” por la revista Time por su activismo.

“Ahora necesitamos enfocarnos en trabajar con nuestros padres, quienes también necesitan alivio”, dijo Matuz.

Matuz, de 27 años de edad, escuchó las noticias mientras protestaba con jóvenes indocumentados afuera de un centro de detención de inmigrantes en Los Angeles, donde varios menores indocumentados estaban siendo retenidos para deportación.

Dijo que espera que esta vez la administración de Obama mantenga su promesa—en agudo contraste con lo que ella y muchos otros ven como el abandono por parte de la administración de su memo de junio del 2011 recomendando el uso de discreción fiscal para detener deportaciones de inmigrantes indocumentados con enlazes en la comunidad y sin historial criminal.

El memo ha servido como guía, pero Matuz y otros críticos dicen que no ha sido implementado adecuadamente y que, en práctica, discreción fiscal es difícil de supervisar o evaluar.

“Espero que esta [vez] sea diferente”, dijo Matuz.

El anunciado cambio en la política representa el paso más significante tomado en normas migratorias en los EE.UU. en la última década.
También es la primera victoria para los “DREAMers”, aquellos jóvenes activistas quienes han empujado por el pasaje del acto federal DREAM Act—un proyecto de ley que proveerá un camino a la legalización para jóvenes indocumentados que califiquen, quienes estén ingresados en un colegio o en el ejército.

Angela Kelley, vice presidenta de póliza migratoria y defensa en el Centro de Progreso Americano, cree que el anuncio de la administración precederá un verdadero cambio en póliza migratoria.

“No hay duda que esta administración a dado vuelta a la página y está dispuesta a escribir el próximo capítulo del debate migratorio”, dijo Kelley. “Al final del día, el congreso necesita dejar de esconderse tras su escritorio.”

Kelley participó en una teleconferencia con el periodista José Antonio Vargas, quien salió a la luz como un inmigrante indocumentado en un artículo de alcance nacional publicado en el New York Times el año pasado.

La aparición de Vargas en la portada de la revista Time—junto con aproximadamente 30 menores indocumentados—precedió al anuncio del presidente por un día.

“Cada año, 65.000 estudiantes indocumentados se gradúan del bachillerato. Yo era uno de ellos”, dijo Vargas. “Ahora esos 65.000 estudiantes que se gradúen del bachillerato van a empezar a soñar.”

La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, sostuvo una conferencia de prensa inmediatamente después del anuncio del presidente, denunciándolo como “indignante” y acusando al presidente de tratar de “conceder amnistía por la puerta trasera” a estudiantes indocumentados.

“No se necesita a un cínico para reconocer esta acción por lo que es; un descarado consentimiento político”, dijo Brewer. “Igualmente, no es coincidencia [que] todo esto viene a vísperas de una muy esperada decisión por la Suprema Corte de EE.UU. con respecto a la capacidad de Arizona de contribuír con la ejecución de ley migratoria vía SB 1070.”

En 2010, Brewer firmó SB 1070, una controversial ley migratoria que fué la primera en hacer un crimen estatal el ser indocumentado.
Desde entonces, leyes similares han sido promulgadas en otros cinco estados.

Cuando una corte federal bloqueó partes clave de la ley de Arizona, Brewer apeló la decisión, llevando el caso hasta la Suprema Corte. Se espera que la alta corte tome una decisión sobre este caso en varios días.

La póliza de cambio de Obama pudiera proveer socorro de la deportación a unos 1,4 millones de no-ciudadanos menores de 30 años de edad, según las estimaciones dadas a conocer el viernes por el Centro Hispano Pew y el Instituto de Póliza Migratoria.

El cambio no concedería estatus legal permanente ni ciudadanía a los jóvenes, pero les daría “acción aplazada”—una manera de permitirles continuar su servicio militar o comenzar sus carreras. La concesión de acción aplazada será emitida caso por caso y es renovable cada dos años.

Para estudiantes como Rodríguez, esto es solo el comienzo. Todos los ojos en los Estados Unidos—especialmente Arizona—ahora están a esperas de la Suprema Corte, quien decidirá en las cuatro partes de SB 1070 que están actualmente en espera a causa de preocupaciones sobre su constitucionalidad.

Algunos observantes legales experan que los jueces reincorporen la porción de “Papeles, por favor” de la ley, la cual haría obligatorio que la policía solicite documentos legales durante paradas rutinarias.

“Habrá más casos de personas paradas a causa de su perfil racial, así que debemos prepararnos para esto,” dijo Rodriguez. “Es por eso que necesitamos esta [nueva póliza] y debemos continuar motivando a la administración a que haga cambios más amplios.”