El expresidente Donald Trump ganó un segundo mandato después de cuatro años fuera de la Casa Blanca, lo que probablemente llevó a California nuevamente a liderar la resistencia en su contra.
La Prensa Asociada (AP, por sus siglas en inglés) hizo un anuncio a las 3 a.m., declarando que el republicano derrotó a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, quien se habría convertido en la primera presidenta y la californiana más poderosa en cuatro décadas.
En cambio, las y los californianos ahora enfrentan una repetición del primer mandato de Trump de 2017 a 2021: otros cuatro años de gobierno consumidos por enfrentamientos combativos entre el liderazgo demócrata del estado y Washington, D.C., posiblemente distrayendo, incluso, retrasando el progreso en el abordaje de los propios problemas de California.
Aunque muchas personas esperaban una victoria de Harris (que podría haber llevado las prioridades de California a todo el país y atraído recursos adicionales a casa), los funcionarios estatales, los líderes de la industria y los activistas se prepararon para este resultado. Después de todo, Trump convirtió a California en un saco de boxeo en su campaña.
En el gobierno a nivel estatal, funcionarios han estado pensando en una respuesta para que California sea “a prueba de Trump”. El gobernador Gavin Newsom y su equipo presupuestario están desarrollando una propuesta para un fondo de ayuda en caso de desastres después de que el expresidente amenazara repetidamente con retener la ayuda de emergencia para la recuperación de los incendios forestales en el estado debido a su política hídrica.
“La mejor manera de proteger a California, sus valores, los derechos de nuestra gente, es estar preparados, para no quedarnos desprevenidos”, dijo el Procurador General Rob Bonta, cuyo equipo también ha estado trabajando con organizaciones de defensa y procuradores generales en otros estados sobre cómo responderían a otra administración Trump. “Lucharemos como lo hicimos en el pasado si ese escenario se desarrolla”.
Durante el primer mandato de Trump, California presentó más de cien demandas por sus normas y desmantelamientos regulatorios. Bonta dijo que su equipo ha preparado de manera preventiva escritos y probado argumentos para desafiar muchas de las políticas que esperan que el expresidente implemente en los próximos cuatro años: aprobar una prohibición nacional del aborto y restringir el acceso a medicamentos abortivos; revocar la exención de California para regular sus propias emisiones de escape de automóviles y anular su compromiso de transición a vehículos de cero emisiones; poner fin a las protecciones para infantes inmigrantes traídos al país; socavar las extensas leyes de control de armas del estado, incluidas las de armas de asalto, armas de fuego impresas en 3D y armas fantasma; implementar requisitos de identificación de votantes; y atacar los derechos civiles de las y los jóvenes transgénero.
“Desafortunadamente, es una lista larga”, dijo Bonta a CalMatters días antes de las elecciones. “Estamos y hemos estado durante meses desarrollando estrategias para todas esas cosas”.
California se enfrenta a Trump
En muchos sentidos, California está más protegido que otros estados de los cambios en las regulaciones federales, porque cuenta con un sólido marco regulatorio propio que a menudo va mucho más allá del gobierno federal.
Lorena González, presidenta de la Federación Laboral de California, dijo que los sindicatos consideran que el desafío permanente a la constitucionalidad de la Junta Nacional de Relaciones Laborales es una amenaza mucho mayor que cualquier medida que Trump pueda adoptar. La ley estatal ya es más estricta que la ley federal en materia de salario mínimo, pago de horas extra y protección contra el robo de salarios.
“No puede hacer nada a través del Departamento de Trabajo que pueda revertir eso”, dijo.
Pero con los demócratas en control de todos los cargos estatales y con la mayoría absoluta en ambas cámaras de la Legislatura, la victoria del próximo presidente electo podría cambiar por completo la formulación de políticas en California.
Durante su primer mandato, los legisladores se concentraron en contrarrestar su agenda federal —aunque no siempre con éxito. Los gobernadores de California en ese período, Newsom y Jerry Brown, tomaron medidas ejecutivas para limitar las consecuencias de su desmantelamiento de las regulaciones ambientales, incluido el lanzamiento de un satélite de seguimiento de la contaminación y la negociación con las empresas automotrices para mantener estándares de kilometraje más altos.
La oficina de Newsom se negó a hablar sobre lo que está en juego en las elecciones presidenciales, aunque en una conferencia de prensa la semana pasada dijo que “ningún estado tiene más que perder o ganar en estas elecciones” que California. Los representantes tampoco se pusieron a disposición para entrevistas al presidente pro tempore del Senado, Mike McGuire, ni al presidente de la Asamblea, Robert Rivas, ambos demócratas que darán forma a la agenda legislativa y al presupuesto estatal el año próximo.
El regreso a un conflicto abierto es una perspectiva preocupante para la comunidad empresarial, que a menudo quedó atrapada en medio de las normas federales y estatales durante el primer mandato de Trump, como por ejemplo una ley de 2017 que restringía la participación de los empleadores en las redadas de inmigración en el lugar de trabajo.
“La reacción del estado deja las cosas en un limbo”, dijo Jennifer Barrera, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de California. “Cuando los dos no están alineados, se generan algunos problemas para nuestros miembros que operan a nivel nacional”.
¿Hasta dónde llegará California?
En un momento en que los demócratas buscan proteger los valores liberales de California, existe la preocupación de que se opongan a los planes de Trump yendo más allá en la dirección opuesta, de maneras potencialmente contraproducentes.
Según Dan Dunmoyer, presidente y director ejecutivo de la Asociación de la Industria de la Construcción de California, las regulaciones federales solo hacen una diferencia marginal en el costo de la vivienda en el estado, pero teme que la respuesta del estado pueda socavar involuntariamente sus esfuerzos por impulsar la construcción. En 2019, cuando la administración Trump redujo las protecciones federales para el agua, California adoptó regulaciones estatales aún más amplias que, según los desarrolladores, complican y encarecen la obtención de permisos de construcción.
“El factor anti Trump es real”, dijo Dumoyer. “Supongo que si Trump dice que el cielo es azul, hoy dirán que es negro”.
Un control partidista dividido también podría paralizar aún más el Congreso, convirtiendo al estado más grande del país en un campo de batalla para importantes luchas políticas, especialmente en áreas que no son de interés para el mandatario electo.
Adam Kovacevich, fundador y director ejecutivo de la Cámara del Progreso, una asociación de la industria tecnológica de tendencia izquierdista, dijo que los grupos de defensa que buscan una mayor supervisión de la industria han estado muy activos en Washington, D.C., durante los últimos cuatro años y han disfrutado de mucho éxito con la administración Biden. Con Trump, recurrirán a California para liderar el camino en la regulación de la inteligencia artificial y los niños en las redes sociales, así como para hacer cumplir la ley antimonopolio.
“El Congreso es un entorno de escasez legislativa”, dijo. “California es un entorno de abundancia legislativa”. Según Kovacevich, la industria tecnológica también considera a Trump como un factor impredecible que podría castigar a las grandes empresas que, según él, se le opusieron. Una relación tan conflictiva podría perjudicar sus ganancias y, por lo tanto, los ingresos fiscales de California.
“Es el éxito de la industria tecnológica lo que juega un papel enorme en la financiación de la red de seguridad social del estado”, afirmó.
La comunidad inmigrante a la defensiva
La campaña de Trump ha puesto mucho énfasis en una mayor vigilancia de la frontera entre los EEUU y México y en las deportaciones masivas, por lo que la gran comunidad inmigrante de California (de la que millones son indocumentados) se ha visto sumida en un momento especialmente incierto y aterrador. Como dijo Newsom la semana pasada, “los impactos de un valle a otro, del valle Silicon al Valle Central, serán enormes”, en particular si Trump también retoma su campaña para limitar la inmigración legal, incluida la de refugiados, trabajadores extranjeros y estudiantes internacionales.
El Centro de Políticas para Inmigrantes de California, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, ya ha dirigido quince ejercicios de planificación de escenarios con cientos de personas de organizaciones de todo el estado para prepararse. “Sabemos que la administración Trump va a apuntar a California. Han estado apuntando a California durante todo este ciclo electoral”, dijo Masih Fouladi, director ejecutivo del grupo. “Necesitamos hacer mucho en California para asegurarnos de que estamos defendiendo y protegiendo a nuestras comunidades”.
Fouladi dijo que bajo el gobierno del presidente electo, los grupos de derechos de los inmigrantes presionarían para asegurarse de que los recursos estatales y locales no se utilicen para detener y deportar personas y que las personas residentes no ciudadanas continúen teniendo acceso a la atención médica y a otros servicios públicos, que el estado ha ampliado significativamente en la última década.
Una de las prioridades probables es fortalecer la Ley de Valores de California, la ley de 2017 que establece los “estados santuario” y limita la cooperación policial con las autoridades federales de inmigración. Después de una polémica batalla legislativa, la versión aprobada fue reducida respecto a lo que los partidarios habían previsto originalmente, eximiendo de las protecciones a las personas condenadas por delitos más graves y permitiendo que los funcionarios de prisiones estatales sigan entregando a las personas que enfrentan órdenes de deportación.
“Lo que esperamos es abordar los derechos de la comunidad inmigrante de una manera humana”, dijo Fouladi.