Desde su regreso al poder, la administración Trump ha implementado una avalancha de nuevas directivas migratorias, revocando protecciones clave para personas inmigrantes con y sin estatus legal.
Como parte del compromiso de El Tecolote de mantener informada a nuestra comunidad local, estamos rastreando los cambios en políticas migratorias que más impacto tienen para las comunidades latinx en San Francisco. Esta guía se actualizará continuamente con nuevas decisiones, órdenes ejecutivas o fallos judiciales.
- Lee más: Conoce tus derechos. ¿Qué pueden hacer las personas inmigrantes en SF si se encuentran con ICE
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Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a personas venezolanas
Estado actual: El gobierno de los EE.UU. puede seguir deportando a personas inmigrantes venezolanas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, tras un fallo estrecho de la Corte Suprema. Sin embargo, el tribunal también determinó que las personas detenidas tienen derecho a recibir notificación previa y a impugnar su deportación en los tribunales. Desde ese fallo, jueces federales en Texas y Nueva York han bloqueado temporalmente la deportación de personas migrantes en ciertas jurisdicciones.
En una de sus acciones más controvertidas hasta la fecha, la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo para apuntar a individuos presuntamente vinculados a la pandilla Tren de Aragua, resultando en la deportación exprés de 238 personas venezolanas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, sin el debido proceso.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) impugnó la orden ese mismo día y un juez federal bloqueó temporalmente las deportaciones. La medida fue ratificada por una corte de apelaciones el 28 de marzo. Sin embargo, el 7 de abril, la Corte Suprema anuló ese bloqueo en una decisión de 5-4, argumentando que la demanda se había presentado en el distrito equivocado (Washington D.C. en lugar de Texas). Aun así, la Corte falló a favor del debido proceso al ordenar que las personas detenidas reciban aviso con anticipación y tengan la oportunidad de presentar un recurso de hábeas corpus.
Desde entonces, nuevos fallos en Texas y Nueva York han bloqueado nuevamente al gobierno de deportar a personas venezolanas bajo esta política. En Texas, un juez suspendió la remoción de cualquier persona detenida en el distrito sur del estado, citando el riesgo de daño irreparable. En Nueva York, un juez bloqueó la deportación de dos hombres detenidos en el condado de Orange tras determinar que habían huido de la persecución y fueron etiquetados erróneamente como miembros de pandillas.
Mientras tanto, más de 230 personas venezolanas deportadas en marzo siguen detenidas en El Salvador. Algunas familias afirman que sus seres queridos no tienen antecedentes penales ni afiliación a pandillas, y que fueron deportados por tener tatuajes sin relación. Abogados contratados por el gobierno venezolano están trabajando para liberarlos.
Última actualización: 9 de abril de 2025
El IRS acuerda compartir información fiscal con ICE
Estado actual: El IRS firmó un nuevo acuerdo con ICE que permite a la agencia solicitar información fiscal confidencial para ayudar a deportar a personas inmigrantes indocumentadas —un cambio drástico respecto a la política previa del IRS. Varios altos funcionarios del IRS están renunciando en protesta.
El 8 de abril, la administración Trump reveló en documentos judiciales que el IRS había llegado a un acuerdo con ICE para compartir información fiscal de personas inmigrantes que están bajo investigación o tienen órdenes de deportación.
Aunque aún no se ha compartido información, el acuerdo representa una ruptura histórica con la postura tradicional del IRS de proteger la confidencialidad fiscal, incluso para personas indocumentadas.
El acuerdo ha provocado la renuncia de figuras clave dentro del IRS, incluyendo a Melanie Krause, comisionada interina del servicio.
Grupos de defensa de derechos migrantes y expertos fiscales advierten que este acuerdo podría disuadir a millones de personas indocumentadas de presentar sus impuestos, poniendo en riesgo su seguridad legal, ingresos y reembolsos. Solo en 2023, las personas inmigrantes indocumentadas pagaron $66 mil millones en impuestos federales, según el Yale Budget Lab.
Última actualización: 9 de abril de 2025
Ciudadanía por nacimiento para descendientes de inmigrantes nacidos en los EEUU
Estado actual: Todos los niños y niñas nacidos en territorio estadounidense siguen recibiendo automáticamente la ciudadanía de EE.UU., a pesar de los esfuerzos continuos de la administración Trump por eliminar esta política. La Corte Suprema ahora evalúa si permitirá que partes de la orden ejecutiva entren en vigor.
Cuatro jueces federales han bloqueado temporalmente la orden ejecutiva de Trump, la cual niega la ciudadanía automática a los bebés nacidos en EE.UU. a menos que al menos uno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente. La orden fue firmada el primer día de su regreso a la presidencia y afectaría a hijos de inmigrantes indocumentados y de muchas personas con visas temporales.
Un día después, 22 estados liderados por gobiernos demócratas, dos ciudades (incluyendo San Francisco), decenas de organizaciones de derechos civiles y varias mujeres embarazadas presentaron demandas argumentando que la orden es inconstitucional. Los fallos de tribunales en Massachusetts, Maryland y Washington han suspendido temporalmente la orden a nivel nacional mientras avanzan los litigios.
El 13 de marzo, la administración Trump pidió a la Corte Suprema levantar la suspensión nacional y permitir que la política se aplique en algunos estados. Pero el 4 de abril, organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y fiscales generales estatales instaron a los jueces a mantener la suspensión, advirtiendo que una aplicación parcial causaría
Última actualización: 4 de abril de 2025
Deportaciones aceleradas a terceros países
Estado actual: ICE tiene prohibido temporalmente deportar a personas migrantes a países que no hayan sido designados durante su proceso migratorio. Se espera una decisión a largo plazo después del 10 de abril. Un juez federal también ordenó al gobierno que regresara a un hombre que fue deportado por error bajo esta política —aunque la Corte Suprema ha pausado dicha orden por ahora.
Un juez federal bloqueó a la administración Trump de deportar a personas inmigrantes a países con los que no tienen relación previa, sin aviso ni oportunidad de presentar un reclamo por temor a persecución o tortura.
La decisión, emitida el 29 de marzo, responde a una demanda presentada por migrantes y defensores de derechos de las personas inmigrantes, tras una directiva del 19 de febrero por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que buscaba acelerar la re-detención y deportación de miles de personas previamente liberadas, incluso si no tenían conexión con el país de destino.
Desde enero, la administración de Trump ha ampliado acuerdos con México y varios países de Centroamérica para aceptar personas deportadas originarias de otras naciones. Defensores advirtieron que esta política podría resultar en deportaciones hacia lugares desconocidos o peligrosos, sin dar oportunidad de alegar temor de persecución o tortura.
En su fallo, el juez enfatizó que las personas inmigrantes tienen derecho al debido proceso bajo la ley de los EE.UU. y tratados internacionales. La orden de restricción seguirá vigente al menos hasta el 10 de abril, cuando el tribunal considerará si extenderla.
El 4 de abril, la jueza federal Paula Xinis determinó que la deportación de Kilmar Armando Abrego Garcia, un residente de Maryland con esposa e hijos ciudadanos estadounidenses, se llevó a cabo sin base legal. Ordenó al gobierno regresarlo a los EE.UU. antes del 7 de abril.
Sin embargo, el 7 de abril, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, suspendió temporalmente la orden, luego de que la administración Trump argumentara que el plazo era “absurdamente corto.” El abogado de Abrego García dijo que la familia mantiene la esperanza de que la Corte resuelva el caso “lo más pronto posible.”
Última actualización: 7 de abril de 2025
Asistencia legal para menores no acompañados
Estado actual: Una jueza federal ordenó temporalmente al gobierno de Trump restaurar el financiamiento para asistencia legal a menores no acompañados hasta el 16 de abril, mientras avanza una demanda judicial.
El 21 de marzo, la administración Trump cortó el financiamiento de un programa que brindaba representación legal a menores no acompañados, dejando a miles de niños enfrentando procesos migratorios sin abogado. Los recortes afectaron a una red de organizaciones que colaboran con el Acacia Center for Justice, eliminando el apoyo para servicios legales directos y para la contratación de abogados.
En respuesta, 11 organizaciones legales sin fines de lucro demandaron al gobierno, argumentando que los recortes violaban una ley de 2008 contra la trata de personas, la cual obliga al gobierno a garantizar representación legal “en la mayor medida posible”. La demanda también citó reglas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que exigen financiar esta asistencia cuando haya recursos disponibles.
El 2 de abril, la jueza Araceli Martínez-Olguín emitió una orden de restricción temporal, restaurando el financiamiento hasta el 16 de abril mientras se resuelve el caso. En su fallo, advirtió que cortar el financiamiento de forma abrupta plantea serias dudas legales y dejaría a muchos niños —algunos demasiado pequeños para hablar o profundamente traumatizados— sin protección ante procesos judiciales adversos.
A pesar del fallo, las clínicas legales afirman que aún no saben cuándo, o si, se reanudará el financiamiento federal. Muchas no han recibido indicaciones del gobierno sobre cómo cumplir con la orden judicial, lo que ha dejado a varias organizaciones en el limbo y forzado a algunas a seguir representando a menores sin fondos federales.
Última actualización: 2 de abril de 2025
Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas originarias de Venezuela y Haití
Estado actual: Un juez federal ha pospuesto temporalmente el fin de las protecciones del TPS para personas venezolanas mientras avanza una demanda. Las personas haitianas beneficiarias del TPS aún corren el riesgo de perder su estatus legal para finales de agosto.
A inicios del año, la secretaria del DHS, Kristi Noem, revirtió medidas de la administración Biden y terminó con las protecciones existentes para personas originarias de Venezuela y Haití. La decisión puso en riesgo el estatus legal de más de un millón de personas, incluyendo a 350,000 venezolanos que perderían su protección en abril.
El 24 de marzo, un grupo de beneficiarios del TPS de ambos países solicitó a un juez federal en San Francisco pausar la terminación del programa mientras se resuelve la demanda. Un día después, una coalición de fiscales generales de 18 estados también presentó una moción judicial en contra de la decisión.
El 31 de marzo, el juez falló a favor de los beneficiarios venezolanos, posponiendo la terminación del TPS hasta emitir un fallo final. Aún no ha emitido una decisión similar para las personas haitianas, cuyo estatus expira en agosto.
El TPS brinda alivio contra la deportación y permisos de trabajo a personas inmigrantes de 17 países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras emergencias. Esta protección se otorga por 18 meses y puede ser extendida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La administración Trump previamente intentó, sin éxito, eliminar el TPS para personas originarias de Sudán, Nicaragua, Haití, El Salvador, Nepal y Honduras en 2017 y 2018.
Última actualización: 31 de marzo de 2025
Programa de libertad condicional humanitaria (CHNV) para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos
Estado actual: El DHS terminó el programa el 25 de marzo. Más de 532 mil personas inmigrantes perderán su protección antes del 24 de abril.
La administración de Trump puso fin a un programa de libertad condicional humanitaria para personas inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, conocido como CHNV. Este programa, implementado durante el gobierno de Biden en 2022, brindaba alivio contra la deportación y permisos de trabajo a través de un sistema de patrocinio.
El DHS canceló oficialmente el programa el 25 de marzo. Las personas beneficiarias cuyas protecciones aún no han expirado las perderán antes del 24 de abril, a menos que el secretario de ese departamento otorgue una prórroga.
Para mantener su estatus legal, las personas beneficiarias de este programa pueden solicitar otras vías migratorias, como el asilo. El DHS ha aconsejado a quienes no tengan otra opción legal que abandonen los EEUU antes de la fecha de expiración de su libertad condicional.
La cancelación del programa CHNV está siendo impugnada en los tribunales por abogados y activistas.
Última actualización: 25 de marzo de 2025
Estatus de Ciudad Santuario de San Francisco
Estado actual: San Francisco sigue siendo una ciudad santuario y continúa luchando en los tribunales para proteger su financiamiento federal.
Bajo la ordenanza de ciudad santuario de San Francisco, las agencias de aplicación de la ley y otras entidades públicas tienen prohibido colaborar con ICE para detener o deportar a inmigrantes.
El 20 de enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales a negar fondos a las jurisdicciones denominadas ‘santuario’. En respuesta, el fiscal de la ciudad, David Chiu, presentó una demanda federal contra la orden el 7 de febrero, con el respaldo de varias otras ciudades y condados.
Mientras tanto, la administración ha demandado al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago por sus políticas santuario. En el Congreso, los republicanos están impulsando la ley «No Bailout for Sanctuary Cities Act«(Ley de No al Rescate para las Ciudades Santuario), que prohibiría a cualquier jurisdicción santuario recibir fondos federales destinados al «beneficio» de personas residentes indocumentadas.
Actualmente, hay 13 estados santuario y más de 200 ciudades o condados santuario en todo el país que limitan la cooperación con la aplicación federal de leyes de inmigración.
Esta disputa recuerda el intento anterior de Trump, en 2017, de negar fondos a las ciudades santuario —una campaña que fracasó después de que la Corte Suprema declinara escuchar apelaciones clave en 2021, respaldando así los fallos de tribunales inferiores que favorecieron a esas ciudades.
Última actualización: 28 de febrero
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)
Estado actual: Las y los dreamers registrados pueden renovar su estatus DACA, pero no se están procesando nuevas solicitudes.
En enero, un tribunal de distrito de Texas dictaminó que partes del programa DACA son ilegales, lo que impide que el gobierno federal procese nuevas solicitudes. Sin embargo, las y los beneficiarios actuales —conocidos como Dreamers— aún pueden renovar su estatus.
El 27 de febrero, se reintrodujo en el Congreso una vía hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA. La Ley del Sueño Americano y Promesa de 2025, liderada por las representantes Sylvia Garcia (D-TX) y Pramila Jayapal (D-WA), cuenta con el apoyo de más de 200 miembros del Congreso. El proyecto de ley ofrecería estatus legal permanente a las personas Dreamers, beneficiarias del TPS y de Salida Forzada Diferida (DED).
Establecido en 2012 bajo la administración de Obama, la DACA brinda protección contra la deportación y permisos de trabajo a personas inmigrantes llegadas a los EEUU en la infancia. El programa ha transformado la vida de más de 834 mil jóvenes.
Última actualización: 27 de febrero
Deportaciones masivas en San Francisco
Estado actual: Hasta el momento, no se han reportado redadas masivas en San Francisco.
La mayoría de las acciones de inmigración en la ciudad se han dirigido a individuos específicos, según informes de Mission Action, una organización sin fines de lucro que gestiona la Red de Respuesta Rápida de San Francisco. Las abogadas y los abogados de inmigración indican que este tipo de ejecución dirigida ya existía antes del regreso de Trump a la presidencia.
En contraste, se han reportado operaciones a mayor escala en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Dallas y Houston. En Los Ángeles, los funcionarios de ICE lanzaron una nueva ola de ejecuciones el 23 de febrero. Solo dos días después, 120 personas fueron detenidas en un complejo de viviendas en Houston.
Última actualización: 25 de febrero de 2025
Detención por parte de ICE en lugares sensibles
Estado actual: Agentes del ICE tienen prohibido ingresar a iglesias, pero pueden llevar a cabo operativos en escuelas y hospitales.
El 21 de enero, la administración Trump revocó las directrices anteriores que habían desalentado la aplicación de la ley de inmigración en lugares sensibles, permitiendo a los agentes de ICE operar en y alrededor de escuelas, iglesias y hospitales.
Poco después, varios grupos religiosos presentaron una demanda en contra de la aplicación de la ley de inmigración en las iglesias y el 24 de febrero, un juez federal bloqueó temporalmente la entrada de agentes de ICE a lugares de culto y la persecución de inmigrantes en sus cercanías, a menos que cuenten con una orden judicial.
Última actualización: 24 de febrero de 2025
Detención por delitos menores
Estado actual: ICE está obligado a detener a personas inmigrantes indocumentadas sin estatus legal que sean acusadas de ciertos delitos menores.
El 29 de enero, Trump firmó la Ley Laken Riley tras su aprobación en el Congreso. Según la nueva ley, las y los inmigrantes deben ser detenidos por ICE si son acusados de ciertos delitos de bajo nivel, incluidos robos superiores a $100, allanamiento de morada y agresión a un oficial de policía. Las personas inmigrantes bajo custodia de ICE por estos delitos no serán liberadas por un juez de inmigración mientras su caso está pendiente, un proceso que a veces puede tardar años.
Anteriormente, la detención obligatoria de ICE solo se aplicaba a personas acusadas de delitos más graves, como asesinato y tráfico de drogas.
Los defensores de los derechos de las personas inmigrantes advierten que la ley plantea serias preocupaciones sobre el debido proceso, ya que esas personas pueden ser detenidas sin necesidad de ser condenadas.
Última actualización: 29 de enero