Phoenix, Ariz.—El Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno de EEUU confirmó el lunes el fallo de un juez federal para suspender temporalmente partes fundamentales de la SB1070 de Arizona, la ley que convierte en delito estatal ser un inmigrante indocumentado. La sentencia está siendo celebrada por los grupos proinmigración, pero ofrece poco alivio a los inmigrantes. “Todo permanece igual”, dijo Raúl Cordero, un inmigrante de México y miembro de un Comité de Defensa del Barrio en Phoenix. “Hay todavía oficiales de policía ahí afuera que están aplicando esta ley según su criterio,” añadió.
La Gobernadora Jan Brewer, una republicana, rubricó con su firma la SB1070 para que fuera ley el 23 de abril de 2010. El Departamento de Justicia de los EEUU posteriormente presentó una demanda argumentando que la SB1070 era invalidada por la ley federal. Y el 28 de julio del año pasado, la jueza federal Susan Bolton impidió que cuatro disposiciones de la ley entraran en vigor. La Gobernadora Brewer apeló la sentencia de Bolton, para perder por sólo dos a uno en el Tribunal del Circuito Noveno. Una de las disposiciones suspendidas de la ley, ahora ratificada en la apelación, exigía a los oficiales de policía determinar el estado migratorio de la persona con la que entrasen en contacto, basándose exclusivamente en la sospecha de que ésta fuera ilegal en los EEUU. Otras disposiciónes eran, por un lado, la que hacía referancia al hecho de que no portar documentos migratorios que probaran el estado legal de una persona fuese un delito; y por el otro, criminalizar a la persona de la que se sospecha está de manera ilegal en el país y procesar a los inmigrantes indocumentados que soliciten un trabajo o esten actualmente empleados.
“El asunto que tenemos delante no es, como ha mostrado Arizona, si los agentes del orden estatales o locales pueden aplicar el estatuto de una manera constitucional”, dice la sentencia del tribunal de apelación. “No puede haber una aplicación constitucional de un estatuto que, en su esencia, choca con la intención del Congreso y por lo tanto queda invalidada por la Cláusula de Jerarquía”.
O sea, el tribunal dictaminó que los legisladores de Arizona no podían reinterpretar las leyes federales más allá de lo que intentó el Congreso.
Lydia Guzmán, presidenta de Respect/Respeto, una organización que documenta las violaciones de los derechos humanos y civiles, describió la sentencia como “una victoria en los tribunales, pero no una victoria en la calle”.
“Los oficiales de policía todavía están deteniendo gente, llevándolos a la Migra y todavía los deportan”, dijo.
Cordero un miembro del Movimiento PUENTE, una organización que ha financiado a más de 30 grupos organizados de barrios en Phoenix, recibe diariamente llamadas por teléfono de familiares de gente detenida sin razón cuando manejaba o por pequeñas infracciones de tráfico.
“Desde que se rubricó esta ley, fue como si apuñalaran a la comunidad inmigrante con un cuchillo de 10 pulgadas”, dijo Cordero. La sentencia de Bolton sacó el cuchillo 5 pulgadas, pero todavía estamos heridos”.
La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, sin embargo, va “más allá de los argumentos del Departamento de Justicia”, dijo Dan Pochoda, el director legal de la Unión Prolibertades Civiles de EEUU (ACLU en sus siglas en inglés) en Arizona, una de las partes litigantes pendientes de fallo contra la SB1070.
Pochoda explicó, “(el Tribunal de Apelaciones) expresó claramente que los agentes del orden locales no tienen una autoridad inherente para hacer cumplir una ley federal civil de inmigración”.
Los grupos reaccionarios anti-inmigración, dijo, han argumentado que el estado no necesita la SB1070 para detener y deportar a los inmigrantes indocumentados.
La Gobernadora Brewer dijo que está considerando apelar la decisión del martes a la Corte Suprema de Justicia o pedir una revisión completa de la sentencia del grupo de tres jueces por el pleno del Tribunal del Noveno Circuito. La mayoría de las sentencias son emitidas por grupos de tres jueces, pero en algunos casos las sentencias impugnadas se emiten por los 29 jueces en el Circuito Noveno.
“Me mantengo firme en mi creencia de que Arizona y otros estados tienen un derecho y una obligación soberana de proteger a sus ciudadanos y hacer cumplir la ley de inmigración de acuerdo con los estatutos federales”, dijo Brewer, en una declaración oficial. “La sentencia del lunes del Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno de confirmar la suspensión del juez Bolton de disposiciones clave de la SB1070, daña la seguridad y el bienestar de los habitantes de Arizona que sufren los efectos negativos de la inmigración ilegal”.
La SB 1070 ha estimulado a los legisladores de Georgia, Florida y Alabama a considerar la promulgación de una legislación similar.
“La sentencia debería servir como una señal de aviso para otros estados que están considerando copiar o no la 1070 de Arizona”, dijo Chris Newman, consejero legal del National Day Laborer Organizing Network.
Luis Ávila, presidente de la proinmigrante Coalition Somos America, advirtió que la SB1070 no representa ni el comienzo ni el final de las leyes antiimigrantes. A pesar de la reciente derrota de cinco leyes antiinmigrantes en el Senado del estado, docenas de otras están todavía bajo consideración en Arizona.
“La aprobación de la SB1070 tiene consecuencias enormes. Cientos de millones de dólares se han perdido en el estado debido a la aprobación de esta ley”, dijo Ávila. Algunos estudios estiman que Arizona ha perdido cerca de $140 millones en ingresos conectados a industrias relacionadas con el turismo y las convenciones del estado, porque el impacto de la SB1070 inspiró el boicot económico a Arizona.
Ávila dijo que la sentencia del tribunal de apelaciones es “un signo de que nuestro sistema judicial defiende la constitucionalidad de las leyes”, pero no ofrece alivio para aquellos ya afectados.
Además de las organizaciones locales y domésticas oficialmente opuestas a la SB1070, un número de gobiernos extranjeros presentaron opiniones en los tribunales para expresar su desaprobación de la SB 1070. Entre ellos los gobiernos de México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú.
—Traducción Emilio Ramón