Monitor de temas de inmigración: el TPS, visas de trabajo y más noticias

Grupos de defensa de los derechos de las personas migrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se habían basado en estas órdenes judiciales para pausar directivas controvertidas mientras las demandas avanzaban en los tribunales. Estas sentencias habían protegido temporalmente a las personas migrantes afectadas, no solo a aquellas mencionadas en la demanda.

Conforme a la nueva decisión, los tribunales sólo pueden proteger a las personas directamente involucradas en un caso. Como resultado, políticas como la prohibición de la ciudadanía por nacimiento podrían entrar en vigor en estados que no las han impugnado en los tribunales, incluso mientras los litigios continúan en otros lugares.

Casi dos meses después de que la Corte Suprema autorizara a la actual administración a poner fin a las protecciones contra la deportación de personas migrantes venezolanas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, también por sus siglas en inglés) anunció el 7 de julio que pondría fin a las protecciones del TPS para Honduras y Nicaragua a principios de septiembre. El DHS también anunció que la designación de Haití al TPS expirará el 3 de agosto, dejando a cientos de miles de personas migrantes haitianas que viven en los EEUU sin estatus legal para principios de septiembre.

El TPS ofrece protección a la deportación y permisos de trabajo a personas migrantes de 17 países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras emergencias. Las designaciones tienen una duración de 18 meses y pueden ser prorrogadas por el DHS.

A principios de este año, la secretaria de dicho departamento, Kristi Noem, revirtió las medidas del gobierno de Biden y puso fin a las protecciones existentes para las personas migrantes venezolanas. La decisión puso a más de un millón de personas con TPS en riesgo de perder su estatus legal, incluyendo a 350 mil que iban a perder sus protecciones en abril.

Después de que un juez federal en San Francisco dictaminara suspender la terminación mientras se esperaba el resultado de la demanda, el gobierno de Trump argumentó ante la Corte Suprema que esto interfiere con la autoridad ejecutiva en materia de migración. Funcionarios del gobierno también afirmaron que la terminación del TPS no conlleva una deportación inmediata y que las personas afectadas podrían buscar otras opciones legales para permanecer en el país.

El 19 de mayo, el Supremo falló a favor del gobierno de Trump, permitiéndole poner fin a las protecciones contra la deportación para cientos de miles de migrantes venezolanos. En su orden judicial, también indicó que estas personas pueden apelar si el gobierno intenta cancelar su permiso de trabajo o deportarlos. Mientras tanto, el caso se litigará en tribunales inferiores.

La administración no había logrado cancelar el TPS para Sudán, Nicaragua, Haití, El Salvador, Nepal y Honduras en 2017 y 2018.

A principios de julio, el USCIS actualizó sus directrices para la visa TN, que permite a personas mexicanas trabajar legalmente en los EEUU durante tres años con renovaciones ilimitadas en campos específicos. Bajo las nuevas directrices, ciertas profesiones, como son profesionales del sector salud, mecánicos, ingeniería de software o electricidad, ya no calificarían para este tipo de visa. El USCIS también endureció sus requisitos, impidiendo que titulares de la visa TN trabajen para empresas no estadounidenses o como contratistas independientes, y exigiendo que el título universitario de las personas coincida directamente con la profesión que ejercen actualmente.

En un memorando del 30 de junio, dicho departamento ordenó a la defensa priorizar la desnaturalización de ciertas personas ciudadanas que hayan cometido delitos como abusos contra los derechos humanos, delitos relacionados con pandillas y otros crímenes de guerra, sin otorgarles el derecho a defensoría y reduciendo el requisito de prueba para estos casos. También otorgó a representantes legales mayor discreción para desnaturalizar a personas que mintieron en sus formularios de inmigración o cometieron fraude.

Trump firmó la orden en su primer día de mandato, lo que provocó demandas de 22 estados con mayoría demócrata (incluyendo California), dos ciudades (incluyendo San Francisco), decenas de organizaciones de derechos civiles y varias mujeres embarazadas que argumentaron la inconstitucionalidad de la política. 

Tribunales federales de Massachusetts, Maryland y el estado de Washington emitieron órdenes judiciales a nivel nacional, suspendiendo la aplicación de la política mientras se tramitaba el litigio. Sin embargo, esta orden caducará a finales de julio, tras una decisión de la Corte Suprema que despojó a jueces federales de su facultad para emitir órdenes judiciales que protejan los derechos de personas no directamente afectadas por una demanda. 

En los estados que no presentaron demandas, la orden de Trump sobre el derecho de nacimiento podría entrar en vigor próximamente. Demandantes de todo el país han presentado rápidamente demandas colectivas, mientras las batallas legales se trasladan nuevamente a tribunales menores. La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta orden.

En contraste, se han reportado operativos a gran escala en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Dallas y Houston. En Los Ángeles, el ICE lanzó una ofensiva a principios de junio que ha generado protestas generalizadas.

En enero, agentes de la Patrulla Fronteriza de la misma unidad que ahora supervisa las redadas en Los Ángeles, realizaron una redada de tres días en el condado de Kern, arrestando a 78 personas. Las autoridades afirmaron que se dirigían a personas con infracciones penales o migratorias, pero una investigación de CalMatters descubrió que sólo uno de los detenidos tenía antecedentes penales.

Mientras tanto, se produjo un importante avance legal en el Distrito Este de California, que abarca desde Redding hasta Bakersfield. El 29 de abril, en respuesta a una demanda interpuesta por la ACLU en febrero, un tribunal federal emitió una orden judicial que prohíbe a la Patrulla Fronteriza realizar detenciones o arrestos sin orden judicial y sin causa probable. El fallo se produjo en respuesta a dicha demanda y permanecerá vigente mientras el caso siga su curso.

Un juez federal había bloqueado inicialmente el 18 de abril la deportación de extranjeros a países distintos del suyo sin el debido proceso, lo que representa un obstáculo importante para el intento del gobierno de ampliar las deportaciones a países terceros.

El fallo se produjo en respuesta a una demanda presentada por personas migrantes y grupos de defensa después de que el ICE emitiera una directiva el 19 de febrero para acelerar la detención y expulsión de miles de personas migrantes previamente liberadas, incluyendo a países con los que no tienen vínculos.

Ahora, con un nuevo fallo de la Corte Suprema, el gobierno federal puede acelerar las deportaciones a otros países. La defensoria advierte que esta política podría resultar en la deportación de personas a lugares desconocidos o peligrosos, sin la posibilidad de solicitar protección contra la persecución o la tortura.

Desde enero, el gobierno ha ampliado los acuerdos con México y varios países centroamericanos para aceptar personas deportadas de otras nacionalidades, y busca acuerdos similares con algunos países africanos. El 4 de mayo, el gobierno de Ruanda anunció que se encuentra en conversaciones preliminares con el gobierno estadounidense para aceptar personas deportadas. Los EEUU también ha intentado deportar a algunas personas migrantes a Sudán del Sur y Libia, pero anteriormente había sido bloqueado por tribunales inferiores.

A mediados de junio, la administración Trump compartió con el DHS información de inmigración de millones de personas beneficiarias de Medicaid, a pesar de las protestas y preocupación  por cuestiones legales y por la violación de la privacidad de sus pacientes. El conjunto de datos compartido incluye información de las personas beneficiarias de Medi-Cal, donde el estado utiliza sus propios fondos para cubrir su cobertura.

Esta no es la primera vez que una agencia federal acepta compartir datos privados con el funcionariado de migración. El 8 de abril, la administración Trump reveló en un documento judicial que el IRS había llegado a un acuerdo con el ICE para comenzar a compartir información de las personas migrantes contribuyentes bajo investigación o con órdenes de deportación.

Aunque las agencias aún no han intercambiado información, esta medida marca una ruptura importante con décadas de políticas del IRS que priorizaron la confidencialidad de sus contribuyentes, incluso para las personas migrantes.

El acuerdo ha provocado renuncias dentro del IRS, incluyendo a nivel alto de liderazgo como Melanie Krause, Comisionada interina del Servicio del IRS.

Grupos de defensa de los derechos de las personas migrantes y personas expertas en impuestos advierten que el acuerdo podría disuadir a millones de personas trabajadoras migrantes de presentar sus impuestos, poniendo en riesgo sus ingresos, reembolsos de impuestos y seguridad legal. Estas personas pagaron $66 mil millones en impuestos federales solo en 2023, según Yale Budget Lab.

Mientras tanto, a finales de marzo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) comenzó a proporcionar al DHS datos de personas migrantes que se benefician de la asistencia federal para la vivienda porque viven con alguien con estatus legal que la solicitó.

En una de sus acciones más controvertidas hasta la fecha, el gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo para atacar a personas presuntamente vinculadas a la pandilla Tren de Aragua, deportando rápidamente a 238 personas venezolanas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador sin el debido proceso.

La ACLU impugnó la orden ese mismo día, y un juez federal bloqueó temporalmente nuevas deportaciones. La suspensión fue confirmada por un tribunal de apelaciones el 28 de marzo. Sin embargo, el 7 de abril, la Corte Suprema anuló el bloqueo en una decisión de 5 a 4, argumentando que la demanda se había presentado en la jurisdicción equivocada (Washington, D.C., en lugar de Texas). Sin embargo, en una victoria para el debido proceso, jueces también dictaminaron que las personas migrantes detenidas deben recibir una notificación oportuna y la oportunidad de impugnar su deportación mediante un procedimiento de hábeas corpus.

Desde entonces, otras sentencias han limitado la aplicación de la ley. El 18 de abril, la Corte Suprema falló por 7 a 2 a favor de bloquear la deportación de un grupo de personas migrantes venezolanas detenidas al norte de Texas. Ese mismo día, la administración Trump anunció que dejaría de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros en ese caso, pero que buscaría proceder bajo otras leyes de inmigración. El 28 de abril, un juez de un tribunal de distrito dictaminó como  «ilegal» el uso de la ley por parte de Trump y prohibió las deportaciones al sur de Texas en virtud de esta política. Jueces de otras ciudades, como Los Ángeles y El Paso, también han emitido sentencias similares en las últimas semanas. El 4 de junio, el juez James Boasberg dictaminó la ilegalidad en las deportaciones de 140 personas venezolanas a El Salvador en marzo. En su fallo, permitió a las personas deportadas impugnar su expulsión, aunque no ordenó directamente a la administración Trump su devolución.

Mientras tanto, más de 230 personas venezolanas deportadas en marzo permanecen encarceladas en El Salvador. Sus familias afirman que no tienen vínculos con pandillas ni antecedentes penales y que fueron objeto de ataques por portar tatuajes no relacionados. El 21 de abril, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ofreció repatriarlos si Venezuela acepta liberar a un número igual de presos políticos.

El 30 de mayo, la Corte Suprema autorizó a la administración Trump a suspender el programa para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El programa CHNV, lanzado por la administración Biden en 2022, permitió a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresar legalmente al país durante dos años, mediante un proceso de permiso humanitario basado en patrocinio. Las personas beneficiarias recibieron permisos de trabajo temporales y se esperaba que solicitaran protecciones a largo plazo, como asilo.

La administración Trump puso fin al programa el 25 de marzo y dio a estas personas 30 días para salir del país o enfrentar arresto y deportación. El 15 de abril, la jueza federal de distrito Indira Talwani impidió que el gobierno llevara a cabo cancelaciones masivas de la libertad condicional CHNV, argumentando que cada caso requeriría una revisión y justificación individual. Talwani escribió que retirar la legalización de la condición de personas que cumplieron con las normas del DHS «socava el Estado de derecho».

El fallo mantiene las protecciones actuales, pero no reabre el programa a nuevas personas solicitantes. El funcionariado del DHS afirma que continuará buscando vías legales para desmantelar la política, que, según argumentan, excedió la autoridad presidencial.

El caso continúa en curso y el programa CHNV aún se encuentra en un limbo legal.