Monitor de temas de migración: novedades de la H-1B, el ICE y más

Hasta el momento, la presencia de autoridades federales en San Francisco se ha mantenido sin cambios. La actividad de control migratorio se ha enfocado, principalmente, en la detención específica de individuos, según Mission Action, la organización no lucrativa que coordina la Red de Respuesta Rápida.

A principios de este mes, la actual administración federal llevó a cabo un operativo importante en Chicago, esto tras semanas de advertir sobre el envío de agentes federales a ciudades santuario. En agosto, el presidente amplió sus amenazas, planteando la posibilidad del envío de la Guardia Nacional a Chicago, San Francisco, y otras ciudades lideradas por demócratas.

Trump ya ha ordenado previamente el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles (en junio) y a Washington, D.C.,  donde las tropas aún permanecen. Tales movilizaciones coincidieron con un aumento en los operativos de control migratorio. Sin embargo, el 2 de septiembre, un juez federal restringió dicha orden, dictaminando como ilegal el despliegue específico a LA. 

Mientras tanto, un proyecto de ejercicio presupuestal que autoriza casi $170 millones para la aplicación de las leyes de migración, incluyendo la contratación adicional de 20 mil oficiales y el aumento al doble de la capacidad de los centros de detención, prevé acelerar las deportaciones a partir del 1 de octubre. 

El 10 de julio, un juez federal de New Hampshire emitió una orden de medida cautelar que protege a todas las personas nacidas a partir del 20 de febrero de 2025. El juez, Joseph Laplante, también aprobó una demanda colectiva, la primera en usar con éxito este recurso legal para frenar la aplicación de la ley desde que el Supremo limitó las medidas cautelares de ámbito nacional.

Previamente, tribunales federales en Massachusetts, Maryland y Washington State habían pausado la orden del 20 de enero, pero estaba previsto que tales medidas cautelares caducaran a finales de julio. Personas defensoras de los derechos civiles temían que la medida entrara en vigor pronto en otros estados. La decisión de Laplante ha modificado sustancialmente la situación legal actual.

En su opinión, Laplante, nombrado por Bush para este puesto, calificó el intento de revocar la ciudadanía por nacimiento como «un cambio abrupto en una política que se ha mantenido durante mucho tiempo» y afirmó que causaría «un daño irreparable».

La ley de California prohíbe al ICE realizar arrestos civiles en los juzgados; sin embargo, los agentes han seguido evadiendo esta norma. El Código Civil § 43.54, cuya intención es proteger a las personas migrantes del acoso o la detención mientras buscan justicia, no es vinculante para los oficiales federales. En San Francisco y en todo el estado, han aumentado los arrestos en juzgados, así como las redadas en lavados de autos, hospitales, escuelas e iglesias.

En respuesta, el gobernador Gavin Newsom firmó un paquete de ‘leyes santuario’ el 20 de septiembre, con el objetivo de limitar la ofensiva migratoria de la administración Trump en lugares considerados sensibles:

• Ley del Senado 98 (SB 98): Exige a oficiales de control migratorio contar con una orden judicial para ingresar a un centro escolar. Las escuelas deben notificar a sus comunidades en caso de la realización de operativos de control.
• Ley del Senado 805 (SB 805): Requiere que agentes de la ley se identifiquen y porten una identificación visible.
• Ley de la Asamblea 49 (AB 49): Prohíbe a los centros escolares permitir el ingreso de oficiales de control migratorio a sus instalaciones sin una orden judicial.
• Ley del Senado 627 (SB 627): Prohíbe a los agentes de la ley portar cualquier cubrebocas o pasamontañas que oculte su identidad mientras están de servicio.
• Ley del Senado 81 (SB 81): Prohíbe a oficiales de control migratorio el ingreso a áreas restringidas de centros de atención médica sin una orden judicial.

Estas leyes son una respuesta inmediata al cambio de políticas de la administración de  Trump administration policy changes. El 21 de enero, el actual presidente  Jan. 21, Trump revocó directrices que impiden las operaciones de control migratorio en lugares sensibles, otorgando al ICE amplia discreción para operar en escuelas, iglesias y hospitales o en sus alrededores.
Las demandas judiciales no se hicieron esperar: el 24 de febrero, un juez federal emitió un interdicto temporal restringiendo al ICE el ingreso a lugares de culto o ir tras personas migrantes que se encuentran en esos sitios, sin contar con una orden judicial. Sin embargo, el 11 de abril, otro juez falló a favor de la administración de Trump, permitiendo a dicha agencia  reanudar tales operativos, un duro golpe para las agrupaciones religiosas que buscan proteger a sus feligreses migrantes.

El 22 de septiembre, las filiales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Massachusetts, Nuevo Hampshire y Maine, junto con el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, la Clínica de Migración y Refugiados de Harvard, y los bufetes de abogados Foley Hoag, Araujo y Fisher, presentaron una denuncia ante un tribunal federal impugnando esta normativa.

Bajo la nueva normativa, las personas migrantes permanecerán en detención durante su procedimientos de deportación, un proceso que puede durar meses, incluso años. Los juzgados de migración ya no tienen la discreción de conceder la liberación; sólo los oficiales del ICE pueden autorizarla en casos limitados.

Personas defensoras señalan que esta política impactará a millones de migrantes, incluyendo a aquellas personas que han residido en el país y no tienen antecedentes penales. Argumentan que viola el debido proceso y dificulta que las personas accedan a representación legal o se mantengan en contacto con su familia.

La política marca un cambio drástico respecto a las normas anteriores del Departamento de Justicia, las cuales permitían a las personas detenidas solicitar fianza si podían demostrar al menos dos años de residencia en el país.

El cambio coincide con una nueva ley de financiación de $45 mil millones que duplica la capacidad de detención del ICE a cien mil personas por día. Desde entonces, se ha reportado que a personas migrantes en al menos una docena de estados se les han negado la audiencia de fianza.
Según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse, 58,766 personas fueron detenidas por el ICE hasta el 7 de septiembre de 2025, una cifra inferior a las 61,226 del 24 de agosto, aunque sigue estando entre los niveles más altos de los últimos años.

Un juez federal había prohibido temporalmente las detenciones discriminatorias de personas migrantes en ciertas áreas del sur de California. Esta decisión del 11 de julio fue una respuesta a una serie de redadas en Los Ángeles en junio, las cuales generaron protestas, temor en las comunidades inmigrantes y una demanda federal. Sin embargo, el 8 de septiembre, el Tribunal Supremo revocó la orden. Esta nueva decisión permite que agentes de migración reanuden las detenciones y redadas en dicha región, basándose en la raza, el idioma, el tipo de empleo o el lugar de residencia de las personas.

El origen del caso judicial fue una demanda presentada por tres personas migrantes y dos personas ciudadanas estadounidenses detenidas en una parada de autobús en Pasadena. Una de ellas, a pesar de mostrar una identificación válida, fue detenida.

A principios de este año, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda similar tras una redada de la Patrulla Fronteriza en el condado de Kern, en enero. Durante el operativo de tres días, fueron arrestadas 78 personas. Aunque las autoridades argumentaron que buscaban a individuos con antecedentes penales o violaciones de migración, una investigación de CalMatters reveló que solo una de las personas detenidas tenía un historial criminal. En respuesta, un tribunal federal emitió una orden judicial el 29 de abril que prohíbe detenciones sin orden en el Distrito Este de California, desde Redding hasta Bakersfield.

Como respuesta a estas redadas y a lo que calificó como una extralimitación del poder federal, el gobernador Gavin Newsom firmó una ley el 20 de septiembre que prohíbe a oficiales locales y federales cubrir su rostro o cualquier rasgo que oculte su identidad durante los operativos, a menos que trabajen como agentes encubiertos.

Aún no se ha aclarado cómo se aplicará esta ley. Funcionarios federales han defendido previamente la medida de cubrir los rostros, argumentando que agentes del ICE ocultan su identidad para protegerse del acoso.

La visa H1-B es utilizada comúnmente por personas empleadas extranjeras altamente calificadas, especialmente en el sector tecnológico. Funcionarios federales afirman que la nueva tarifa reducirá el número de solicitantes de la visa H1-B, incentivando a las empresas a contratar solo a «los y las mejores de los y las mejores». Sin embargo, se espera que la medida, que se implementó sin la aprobación del Congreso, enfrente desafíos legales.

La administración Trump ha implementado repetidamente políticas para limitar el número de profesionales que pueden vivir y trabajar legalmente en los EEUU. Estas medidas, según, buscan combatir el fraude y garantizar que las visas de trabajo prioricen a personas estadounidenses.

El 5 de julio, la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) endurecieron los criterios para la visa TN, disponible para personas procedentes de México y Canadá con ciertos títulos universitarios. Esta visa permite que muchas personas profesionales mexicanas trabajen legalmente en este país durante tres años, con posibilidad de renovarse ilimitadamente en campos específicos.

Las nuevas regulaciones excluyen a profesionales del sector de la salud que tienen contacto con pacientes, así como a personas en los campos de mecánica, ingeniería de software y electricidad. Además, se establecieron criterios más estrictos: ahora las personas titulares de la visa TN no pueden trabajar para compañías no estadounidenses ni como contratistas independientes. Adicionalmente, el título universitario de la persona solicitante debe coincidir directamente con la profesión para la que están aplicando.

La práctica de compartir información se originó a partir de una de las órdenes ejecutivas de Trump, la cual instruía a las agencias federales a cooperar con las autoridades de migración. Entre las agencias que cumplieron, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) entregó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) datos de millones de personas beneficiarias de Medicaid. Esta acción se llevó a cabo a pesar de las objeciones de funcionarios de Medicaid, quienes advirtieron que podría violar la privacidad de las personas. El conjunto de datos incluía información de personas beneficiarias de Medi-Cal en California, donde los fondos estatales cubren la atención completa de personas migrantes.

En respuesta, 20 estados presentaron una demanda que resultó en la orden judicial. Por su parte, California demandó por separado al Departamento de Agricultura para que dejara de compartir información de las personas beneficiarias de SNAP.

Mientras tanto, el IRS comenzó a compartir la información de sus contribuyentes con las autoridades de migración a mediados de agosto, tras un acuerdo del 8 de abril con la administración Trump. Esta medida rompió con la política del IRS que priorizaba la confidencialidad de sus contribuyentes, incluyendo a aquellas personas con estatus migratorio en proceso. La decisión provocó renuncias a altos niveles, como la de la comisionada interina del Servicio del IRS, Melanie Krause.

Grupos de derechos de las personas migrantes y personas expertas en impuestos advierten que el acuerdo podría disuadir a millones de personas indocumentadas de presentar sus impuestos, lo que pone en riesgo sus ingresos, reembolsos y su seguridad legal. Según el Laboratorio de Presupuesto de Yale, solo en 2023, estas personas pagaron 66 mil millones de dólares en impuestos federales.

De forma similar, a finales de marzo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) comenzó a compartir datos con el DHS sobre personas migrantes indocumentadas que reciben asistencia de vivienda a través de familiares con estatus legal.
En algunas partes de California, ciertas agencias policiales, incluidas las de Oakland y San Francisco, también han compartido de forma ilegal información de licencias de vehículos con las autoridades de migración.

La decisión de Chen permite que más de 600 mil personas venezolanas —cuyas protecciones temporales vencieron a principios de año o estaban a punto de vencer el 10 de septiembre— puedan seguir viviendo y trabajando en este país. Asimismo, mantiene las protecciones para aproximadamente 500 mil personas migrantes haitianas. En agosto, un juez del Tribunal de Distrito en Nueva York ya había pospuesto la decisión sobre la situación de las personas procedentes de Haití con estatus de protección temporal hasta febrero de 2026.

Sin embargo, personas de otras nacionalidades han perdido la protección temporal tras la conclusión infructuosa de los procesos legales. Tras varias semanas de litigios, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito revocó la decisión de un juez de California que había pospuesto la finalización del TPS para migrantes procedentes de Honduras y Nicaragua hasta noviembre, permitiendo al DHS dar por terminada la protección a principios de septiembre.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) brinda alivio de la deportación y permisos de trabajo a personas migrantes procedentes de 17 países que sufren conflictos armados, desastres naturales u otras emergencias. El DHS puede otorgar y prorrogar estas designaciones, cuya duración inicial es de 18 meses.

A inicios de este año, la secretaria del DHS, Kristi Noem, revirtió las medidas de la era Biden y puso fin a las protecciones para las personas venezolanas, poniendo en riesgo a más de un millón de beneficiarios del TPS, incluidas 350 personas migrantes venezolanas cuya protección estaba a punto de vencer en abril. 

Tras la decisión de un juez federal en San Francisco de suspender la cancelación del TPS mientras se tramitaba una demanda contra dicha medida, el gobierno de Trump argumentó ante la Corte Suprema que la resolución interfería con la autoridad del poder ejecutivo en materia de migración. El funcionariado también afirmó que dicha cancelación no implicaría la deportación inmediata y que las personas afectadas podrían recurrir a otras opciones legales para permanecer en este país

El 19 de mayo, el Supremo falló a favor de la administración de Trump, permitiéndole finiquitar  la protección contra la deportación para cientos de miles de personas migrantes venezolanas. Los jueces indicaron que las personas afectadas aún podrían apelar si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo o deportarlas. El caso continuó en litigio.

Previamente, la administración no logró cancelar el TPS para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán en 2017 y 2018.

La línea directa de respuesta rápida de Oakland informó que el 17 de septiembre, agentes del ICE en vehículos no identificados detuvieron a dos personas migrantes en una intersección, tras preguntarles sobre su estatus migratorio y fueron detenidas.

A principios de mes, la administración Trump puso en marcha una importante operación de control migratorio en Chicago, después de semanas de amenazas de enviar agentes federales a la ciudad. En agosto, el presidente amenazó con desplegar la Guardia Nacional en dicha ciudad y otras lideradas por demócratas, entre ellas San Francisco, y prometió aumentar las medidas de control y aplicación de las leyes migratorias en las ciudades santuario.

Trump envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles en junio y aún mantiene tropas operando en Washington D.C., argumentando preocupación por el nivel delincuencial. En ambas ciudades, estos despliegues, coinciden con el endurecimiento de las medidas de control de las leyes de migración. 

Sin embargo, el 2 de septiembre, un juez federal impidió a la actual administración desplegar la Guardia Nacional a California, dicha sentencia declara ilegal la orden de junio del presidente de enviar tropas a Los Ángeles. 

Mientras tanto, se prevé que el proyecto de ley presupuestaria aprobado en julio, que autoriza casi 170 mil millones de dólares para la aplicación de las leyes de migración, acelere las deportaciones. Este presupuesto ampliado financia la contratación de 20 mil agentes adicionales y duplica la capacidad de los centros de detención.

Desde mayo, las agencias de migración han aumentado la presión sobre las personas solicitantes de asilo al intentar desestimar sus casos, arrestándolas al salir de sus citas judiciales y deteniéndolas en sus citas rutinarias. En San Francisco, la mayor parte del aumento en la aplicación de la ley se ha producido en los tribunales de migración.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha solicitado cada vez más a los jueces que desestimen los casos de asilo en los tribunales de migración. Incluso cuando los jueces se niegan, los agentes han arrestado a las personas solicitantes de asilo al concluir sus citas para luego enviarlas a centros de detención. 

Cada vez más personas solicitantes de asilo en San Francisco están logrando su liberación después de que sus abogados presenten recursos de habeas corpus. Los abogados argumentan que su detención, sin una orden de deportación vigente, es una violación del debido proceso. Además, una demanda colectiva recién presentada podría tener un impacto significativo, ya que de prosperar, beneficiaría a personas migrantes bajo la jurisdicción del ICE en la ciudad, tanto a las detenidas como a las que estén en riesgo de serlo, específicamente en el centro de detención ubicado en el 630 de la calle Sansome.

En San Francisco, cada vez son más las personas solicitantes de asilo sin orden de deportación vigente que logran obtener su libertad tras la presentación de recursos de habeas corpus por parte de sus abogados, quienes argumentan que estos arrestos constituyen una violación del debido proceso. Si prospera, la demanda colectiva recientemente presentada podría afectar a todas las personas migrantes bajo la jurisdicción del ICE en San Francisco, incluidas aquellas que se encuentran actualmente detenidas o en riesgo de serlo, en el centro de detención ubicado en el 630 de la calle Sansome.

Estos arrestos no son la única vía que utiliza la administración de Trump para atacar a las personas solicitantes de asilo. Según la NPR, el USCIS ha comenzado a desestimar los casos de personas solicitantes de asilo que, estando en la frontera, no recibieron oportunidad a entrevista bajo el recurso de ‘temor creíble’ de ser perseguidas o torturadas si son enviadas de regreso a su país de origen. Las personas afectadas deben reiniciar el proceso, y las y los abogados advierten que esto podría llevarlas a la detención.

Mientras tanto, abogados y exfuncionarios afirman que la administración parece tener en la mira a jueces con mayor probabilidad de conceder asilo o con experiencia en la defensa de los derechos de las personas migrantes. El 9 de septiembre, la administración Trump destituyó al principal juez de inmigración de San Francisco, Loi McCleskey. La semana anterior, la jueza Shira Levine —quien tenía una de las tasas más altas de concesión de asilo en San Francisco— también fue destituida, junto con otros dos jueces. En total, 21 jueces de migración, cerca de un tercio de los jueces de San Francisco, han sido destituidos durante esta administración. 

La jueza Chloe Dillion, despedida tras casi 25 años de servicio federal, dijo estar «conmocionada» por la ola de destituciones. Defensores y abogados de migrantes afirman que estos despidos son parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para sembrar miedo y desestabilizar las cortes de migración. Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Migración, más de un centenar de jueces de migración han sido despedidas o despedidos a nivel nacional.

Las reformas ya implementadas incluyen un mayor control de antecedentes, revisiones más rigurosas de las solicitudes por discapacidad, prioridad para casos que demuestran una buena conducta, entre otras. La USCIS anunció que en los próximos meses dará a conocer nuevas iniciativas.

Profesionales del derecho y personal afirman que el gobierno parece estar eligiendo como blanco de ataque a profesionales del sistema de migración con mayor probabilidad de otorgar asilo o con experiencia en la defensa de los derechos de las personas migrantes. La semana pasada, la jueza Shira Levine, quien tenía una de las tasas más altas de otorgar asilo en San Francisco, también fue destituida, junto con otros dos jueces de la ciudad. En total, Trump ha destituido a aproximadamente un tercio de las y los 21 jueces de migración que prestaban servicios en San Francisco.

Algunas de estas personas destituidas se están pronunciando: la jueza Chloe Dillion, despedida tras casi 25 años de servicio federal, declaró estar conmocionada por la ola de despidos.

Como jueza supervisora ​​del tribunal, McCleskey tuvo a su cargo una oficina que otorgaba asilo con una tasa superior al promedio nacional (50%). Su tasa de aprobación se situó en el 72%, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.

Personas dedicadas a la defensoría de migrantes y expertos legales afirman que los despidos forman parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para sembrar el miedo y desestabilizar los tribunales de migración.

Immigrant advocates and attorneys say the firings are part of a broader Trump administration strategy to sow fear and destabilize immigration courts.

El fallo de la mayoría conservadora marca una victoria significativa para la administración Trump, que confirma su promesa de llevar a cabo la «mayor deportación masiva» en la historia de este país. En una firme discrepancia, la jueza Sonia Sotomayor calificó la decisión como «otro grave mal uso de nuestra lista de emergencia. No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno puede detener a cualquier persona que parezca latina, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado».

Tras el fallo, el gobierno anunció que comenzó a realizar arrestos en Chicago el lunes por la mañana, lo que aumenta los temores sobre la magnitud de las próximas redadas del ICE. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha denominado la ‘Operación Midway Blitz’, dirigida a las comunidades migrantes de esa ciudad. Según informes, cientos de funcionarios de ese departamento están realizando operativos desde una base naval en las afueras de la ciudad.

Las ciudades santuario del país, incluyendo San Francisco, siguen de cerca los acontecimientos en Chicago mientras se preparan para una intensa actividad del ICE en sus propias regiones.

En una de sus más controversiales acciones a la fecha, la administración de Trum invocó la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo para ir tras individuos supuestamente ligados a la pandilla del Tren de Aragua, llevando a la inmediata deportación de 238 personas procedentes de Venezuela y enviandolas a la prisión de máxima seguridad en El Salvador sin el debido proceso.

La ACLU impugnó la orden el mismo día, y un juez federal bloqueó temporalmente más deportaciones. La suspensión fue confirmada por un tribunal de apelaciones el 28 de marzo, pero el 7 de abril, la Corte Suprema la revocó en una decisión de 5 a 4, dictaminando que la demanda había sido presentada en la jurisdicción equivocada (Washington, D.C., en lugar de Texas).

Sin embargo, en una victoria parcial para el debido proceso, los jueces también dictaminaron que las personas migrantes detenidas deben recibir un aviso oportuno y una oportunidad para impugnar su deportación a través de procedimientos de habeas corpus.

La Corte Suprema devolvió el caso al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito para que determine el tiempo que disponen las personas migrantes para impugnar sus deportaciones y si fue procedente la aplicación de la ley.

Desde entonces, fallos adicionales han limitado la aplicación de la ley:

• 18 de abril: la Corte Suprema dictaminó impedir la expulsión de un grupo de personas migrantes venezolanas detenidas al norte de Texas. Ese mismo día, la administración de Trump declaró que procedería con la deportación bajo otras leyes de migración.
• 28 de abril: un juez de un tribunal de distrito determinó como ilegal el uso de la ley por parte de la actual administración y prohibió las deportaciones de personas de nacionalidad venezolana al sur de Texas bajo dicha política. Jueces en otras ciudades, como Los Ángeles y El Paso, también emitieron fallos similares durante las últimas semanas.
• 4 de junio: el juez James Boasberg decretó la ilegalidad de las deportaciones de 140 venezolanos a El Salvador en marzo. En su fallo, permitió a los deportados impugnar su expulsión, aunque no ordenó directamente a la administración de Trump traerlos de regreso.

Más de un mes después, los 252 hombres enviados a El Salvador fueron liberados y enviados a Venezuela en un intercambio de prisioneros. Desde entonces, varios han compartido relatos de violaciones a los derechos humanos que, según dicen, ocurrieron mientras estuvieron en el CECOT.