Vilma A. se preparaba para lo peor: a las 5 de la tarde del 10 de marzo, ella y su familia serían desalojados de su albergue en San Francisco — sin tener a dónde ir.
Horas antes de ese término, sin embargo, su familia recibió una prórroga: una extensión para poder quedarse un mes más en el albergue.
Durante los últimos diez meses, esta madre hondurena, junto con su esposo y dos hijos pequeños han vivido en un refugio en San Francisco, a la espera de que la ciudad les ofrezca un subsidio para rentar un hogar accesible. Su esposo, que trabaja recolectando basura, no gana lo suficiente para cubrir el alto costo de vivienda de la ciudad.
Vilma fue una de decenas de padres sin hogar que temían desalojos este mes bajo la normativa restaurada de la ciudad que limita a las familias a permanecer solo noventa días en albergues. La mayoría de las familias que no lograron conseguir otro lugar seguro donde vivir, como la de Vilma, recibieron prórrogas hasta abril, pero ahora les preocupa regresar a la misma situación en algunas semanas.
Con una lista de espera de 318 familias para entrar a los albergues familiares, el Departamento de Personas sin Hogar y Viviendas de Apoyo (HSH, por sus siglas en inglés) afirma que la política pretende “aumentar el flujo de familias” a través del sistema de albergues y ponerlas más rápidamente en contacto con soluciones habitacionales a largo plazo. Sin embargo, los padres sin hogar dicen que conseguir prórrogas bajo este nuevo sistema es complicado y tardado, y que el estrés constante está afectando su salud mental.
“Estamos intentando no enfermarnos, no preocuparnos tanto,” dijo Vilma. “Sabemos que con tanto estrés, la gente puede terminar en el hospital. Y no queremos que eso nos pase a nosotros.”
Ervin M., padre hondureño, que dice que se ha estado recuperando de una malograda operación cerebral, vive en un albergue en San Francisco junto con su hijo de 12 años y su madre de 64 años. Antes de la operación, trabajaba para una empresa de catering, pero las lesiones nerviosas le han impedido mover bien las manos, lo que le imposibilita trabajar y mantener a su familia.
Días antes de la fecha de su desalojo para el 10 de marzo, recibió una prórroga porque su madre aplicó para un permiso de trabajo. Ahora, al igual que Vilma, su familia se enfrenta a otro inminente desalojo– su nueva fecha de salida es para el 10 de abril.
“No tenemos a dónde ir”, Ervin dijo a El Tecolote.
Las familias sin hogar dicen sentirse no escuchadas por la ciudad
Como Ervin y Vilma, cientos de familias se encuentran sin hogar en San Francisco, una crisis que ha afectado de forma desproporcionada a los hogares latinos de clase trabajadora y a las personas inmigrantes recién llegadas. Un conteo de la ciudad en enero del 2024 encontró que en una noche promedio, 405 familias estaban desalojadas, ya sea en situación de calle o en refugios. Los educadores y proveedores de servicios estiman que el número verdadero es mucho más alto– el año escolar pasado, más de 3,000 estudiantes no tenían un hogar estable donde vivir.
Algunas familias dicen que se vieron orilladas a quedarse sin hogar por urgencias médicas o pérdidas de empleo, mientras que otras, solicitantes de asilo recién llegadas, no tienen trabajo ni vivienda estables.
A medida que desaparecen las prestaciones de la época de la pandemia y sigue escaseando la vivienda asequible, escapar de la falta de hogar se ha vuelto aún más difícil. Las familias que han conseguido una vivienda estable dicen que el proceso suele durar meses, con ayudas económicas de programas municipales que no siempre están al alcance de todas las personas.
“Sólo espero que en algún momento tengamos la oportunidad de conseguir un subsidio, o la oportunidad de tener nuestro propio espacio”, dijo Ervin, quien comparte una habitación de refugio con dos miembros de su familia, incluido su hijo.
Durante el último año, la organización sin ánimo de lucro Faith in Action Bay Area (FIABA) ha estado organizando a las familias sin hogar, tratando de ampliar los recursos disponibles para ellas. Ahora, también se están manifestando contra los avisos de desalojo de los albergues.
El 26 de febrero, decenas de familias sin hogar se reunieron con el alcalde Daniel Lurie tras dos meses de ruedas de prensa y encuentros organizados por FIABA. En la reunión, las familias afirmaron que Lurie les aseguró que las familias que estuvieran trabajando activamente para conseguir una vivienda estable no se verían obligadas a quedarse en la calle.
“[Lurie] nos dijo que no nos preocupáramos”, dijo Brenda Córdoba, defensora de FIABA. “Pensamos que eso significaba que se movilizaría, que tal vez hablaría con los puntos de acceso para dar prórrogas a todas las familias… pero ahora dice que no se comprometió a nada”.
Al principio, dijo, la reunión con el alcalde pareció un gran avance. Pero cuando las familias volvieron a reunirse días después, muchas seguían teniendo notificaciones de desalojo fijadas para la semana siguiente. El equipo de comunicaciones del alcalde refirió a El Tecolote a HSH.
“De momento no vemos ninguna solución”, expresó Vilma. “Pero esperamos que pueda pasar algo… Es una situación muy frustrante”.
Para Córdoba, esta es la frustración más reciente que el grupo sin fines de lucro ha tenido con las autoridades municipales. En julio pasado, tras meses de defensa por parte de FIABA, la ciudad asignó 50 millones de dólares para ayudar a las familias sin techo. Pero los retrasos burocráticos retrasaron la financiación, y HSH aún no ha confirmado cuánto del dinero se ha utilizado hasta ahora.
“Es frustrante”, dice. “Porque no entienden por lo que están pasando las familias”.
Sin más tiempo a favor, las familias luchan por conseguir prórrogas
Desde que la nueva póliza entró en vigor el 10 de diciembre, más de 120 familias han recibido cartas de desalojo, de acuerdo con datos del HSH. Hasta ahora, la mayoría que no han logrado conseguir un hogar estable han recibido prórrogas, mientras que por lo menos 21 se han mudado a situaciones de vivienda más permanentes.
Muchas familias recibieron sus primeras cartas de fin de estancia en diciembre, fechadas para principios de febrero. En enero, el HSH concedió a todas las familias una prórroga automática de un mes, debido a una actualización de la política. Desde marzo, los albergues son quienes determinan qué familias pueden recibir más prórrogas.
Para poder optar a las prórrogas, las familias deben trabajar con una persona gestora de casos, demostrar que buscan activamente una vivienda y cumplir criterios específicos, como problemas médicos, viviendas pendientes u otros obstáculos fuera de su control, como problemas relacionados con la inmigración.
Las y los gestores de casos deben documentar cada caso, someterlo a la aprobación del albergue e informar a las familias en un plazo de siete días, tanto verbalmente como por escrito. Las prórrogas más allá de los tres días son posibles, pero requieren la aprobación de HSH.
Las familias que no cumplan los requisitos de elegibilidad para la prórroga pueden volver a la lista de espera del refugio catorce días antes de su fecha de salida si no tienen un lugar seguro al que ir, informó el HSH a El Tecolote.
Varios padres le dijeron a El Tecolote que sólo se les informó que recibirían prórrogas días o hasta horas antes de sus fechas de desalojo.
Vilma, quien está aplicando para recibir asilo, dice que fue muy difícil que los trabajadores de su albergue entendieran su situación. No fue hasta después de que compartió su historia durante una red de prensa– algunas horas antes de que tuviera que desalojar su albergue, que se enteró de que se podría quedar un mes más.
La semana pasada, HSH le dijo a otros periódicos que desalojó a tres familias que no tenían un lugar seguro a donde ir, después de revisar sus casos. El departamento le dio prórrogas de último minuto a tres otras familias, incluyendo a la familia de Vilma.
El coste de los avisos de desalojo
Córdoba dice que el estrés constante de los inminentes desalojos está afectando emocionalmente a las familias. Lo que estas necesitan de la ciudad, dice, es más refugio y viviendas de apoyo permanente —no más restricciones de las que ya enfrentan.
“Un mes no es nada. Noventa días no es nada», dice Córdoba. «Sin trabajo, con toda la incertidumbre que hay, y encima su estatus migratorio… Mucha gente tiene miedo de ir a buscar trabajo. Están lidiando dos deportaciones: la de su casa y la del estatus migratorio que puedan tener».
Varios estudios demuestran que aún la percepción de un posible desalojo puede afectar negativamente la salud mental de las personas. El uso de medicamentos para tratar la ansiedad y la depresión es más alto en comunidades que tienen más riesgo de desalojos. Otras investigaciones han encontrado que los desalojos aumentan la probabilidad de que alguien sea hospitalizado por una condición relacionada a la salud mental.
Algunos padres le han dicho a El Tecolote que han sufrido ataques de ansiedad y episodios depresivos relacionados a la presión de los desalojos. Maria Z., otra madre hondureña quien ha recibido extensiones hasta abril, dice que atiende sesiones con un terapeuta del albergue todos los días, para poder lidiar con el estrés de la póliza.
“A veces el estrés me afectaba en las ganas de a veces de seguir luchando, pero a la misma vez caigo en la razón que la salud de mis hijos es lo primero», dijo María, quien tiene tres hijos. “Y entonces trato de estar de pie o estar fuerte por ellos, porque si sinceramente me pusiera a pensar, no avanzaría y me quedaría estancada.”
Para Vilma y su marido, la preocupación más acuciante es asegurarse de poder mantener seguros a sus hijos de seis y ocho años.
“Los niños son a los que más les recae la situación. Ellos son para estar felices, no tristes, no preocupados ni agobiados,” dijo Vilma. “Para mí ya sería demasiado decirles ‘hijos, nos vamos para la calle’.”
Este proyecto ha contado con el apoyo del Centro Annenberg de Periodismo Sanitario de la USC y forma parte de Healing California, un proyecto de colaboración de un año entre medios de comunicación étnicos y medios impresos, digitales y audiovisuales de toda California