Luego de meses de discusiones sobre cómo enmendar la tan nombrada Ley Airbnb —presentada a través de dos proyectos de ley que compiten— a fin de hacerla cumplir, la Junta de Supervisores, luego de votar 7 contra 4 el pasado 9 de junio, aplazó su decisión por un mes.
«Pasamos un marco de ley el año pasado. Ahora tomaremos el tiempo necesario para hacer las cosas bien”, dijo el Supervisor del Distrito 2, Mark Farrell, quien junto con la oficina del alcalde, patrocinó uno de los dos proyectos de ley.
La actual legislación, que fue presentada en agosto de 2014, comenzó a ser efectiva el 1 de febrero, eliminando la prohibición más antigua de la ciudad sobre el alquiler de viviendas con menos de 30 días en los edificios de unidades múltiples. Impuso una serie de restricciones incluyendo una cuota de $50 cada dos años a los anfitriones Airbnb registrados ante la ciudad. Los anfitriones, sean propietarios del edificio o inquilinos, también están obligados a vivir en las unidades que están ofreciendo en alquiler a corto plazo, al menos nueve meses al año; los anfitriones que son inquilinos deben informar a sus propietarios y pagar un impuesto hotelero del 11%. Estas normas, sin embargo, se consideraron, en gran medida, improcedentes.
A pesar de que más de 6,000 unidades se cotizan en Airbnb solo para San Francisco, el Departamento de Planificación dijo que ha recibido 666 solicitudes y se han aprobado 484.
El analista de la Junta de Supervisores de Presupuesto y Legislación encontró que entre 925 y 1,960 unidades, alrededor del 23% de unidades vacantes de la ciudad, han sido retiradas del mercado de la vivienda cotizadas en Airbnb —siendo la Misión, Haight, Castro y Potrero Hill los barrios más afectados.
“Son los barrios con mayor número de desalojos los que presentan mayor número de alquileres Airbnb”, dijo el Supervisor del Distrito 9 David Campos, quien patrocinó el otro proyecto de ley alternativo y se opuso al aplazamiento de la votación. “La última cosa que necesitamos es dar a los grupos de presión de Airbnb más tiempo para hacer lo que han estado haciendo durante el último par de años”.
El Supervisor del Distrito 11, John Avalos, que apoyó el proyecto de ley de Campos y votó en contra de la otra pospuesta, también convino.
“Votar por su continuación es tener un votante a favor de Airbnb”, dijo y luego refirió la reciente demostración de apoyo de la moratoria para casas asequibles en la Misión. “Si votamos para que continúe… estaremos diciendo que sus voces no importan”.
Cerca del 40% de las unidades vacantes en la Misión han sido rentadas por periodos cortos mediante Airbnb y otros sitios similares, esto de acuerdo con María Zamudio, una organizadora de derechos de la vivienda como Casa Justa.
“Para enfrentar la crisis de la vivienda tiene que hacerse desde un enfoque múltiple. Tenemos que dejar de lado conversaciones sobre los hoteles ilegales o no regulados, y eso es lo que hace la medida [de Campos]”, dijo Zamudio. “Esto permitirá a más personas permanecer en sus hogares”.
Dos enfoques distintos para una legislación
Ambos proyectos de ley incluyen muchas provisiones (tales como el número de días por año que el anfitrión puede rentar) para desalentar a dueños y evitar que mantengan las unidades lejos del mercado para hacer dinero desde plataformas como Airbnb.
Mientras Campos propuso un límite de 60 días, Farrell apoyó uno de 120 días. También, dos cosas que Campos consideró cruciales para la aplicación de la ley no estaban contempladas en la legislación de Farrell: prohibir a plataformas de alojamiento la publicación de unidades no registradas ante la Ciudad y multarlos en caso de que eso suceda; y que tengan que proporcionar datos al Departamento de Planeación.
Este último punto fue el que causó más divisiones. Para los seguidores de la legislación de Campos fue un punto clave, pero para los oponentes, fue considerada una violación a la privacidad.
“No existe realmente una forma para que la Ciudad y el Departamento de Planeación sepan si el anfitrión ha pasado o no la noche en su unidad”, dijo el Supervisor del Distrito 6, Jane Kim.
Bajo la actual ley, las plataformas de alojamiento no tienen responsabilidad alguna de las unidades registradas en sus sitios web. De acuerdo con Campos, el convertirlas en confiables puede evitar actividades ilegales.
“Aun cuando están haciendo millones de dólares, creen que no tienen responsabilidad alguna para cuando se trata de cumplir con esta ley”, dice Campos.
La mayoría de los supervisores creen que existen puntos buenos en cada una de las dos propuestas de ley, pero necesitan mayor tiempo para comprometerse.
Los supervisores Scott Wiener y Julie Christensen consideran que la propuesta de Campos puede hacer que los usuarios comunes de Airbnb —aquellos que utilizan la plataforma para tener un ingreso mensual— terminen pagando por los “malos actores”.
“Hay mucha gente en esta ciudad que son residentes de estas unidades y que están sacando para vivir y cubrir el mes por medio de estos alquileres, dijo Wiener. “Sesenta días no se los va a permitir”.
Incluso todos coincidieron en que esperar hasta la votación de noviembre no fue la forma correcta de abordar este asunto, y es lo que podría suceder en caso de que no se aprueben tales enmiendas.
“Que los votantes hagan lo que la Junta de Supervisores debió hacer hace mucho tiempo, que es hacer que esas corporaciones de 20 billones de dólares se ajusten a las reglas como todos los demás”, dijo Campos.
— Traducción Katie Beas