El 8 de julio, la alcaldesa de San Francisco, London Breed, nombr\u00f3 a Brooke Jenkins como fiscal de distrito interina, en sustituci\u00f3n del destituido Chesa Boudin. Este nombramiento se produce inmediatamente despu\u00e9s de una elecci\u00f3n revocatoria fundada en preocupaciones sobre la seguridad p\u00fablica y sellada por una baja participaci\u00f3n electoral.<\/p>\n\n\n\n
En la elecci\u00f3n especial del pr\u00f3ximo 23 de noviembre, los votantes de San Francisco determinar\u00e1n el destino de la oficina del fiscal de distrito, hasta entonces las riendas recaen en Jenkins, una cr\u00edtica de Boudin desde hace mucho tiempo y de sus medidas de reforma de la justicia penal.<\/p>\n\n\n\n
Las consecuencias de Boudin y Jenkins se remontan al caso Daniel Gudino de 2020, antes de la elecci\u00f3n revocatoria. En abril de 2020, Daniel Gudino asesin\u00f3 a su madre, Beatriz Gudino, y luego mutil\u00f3 su cuerpo. Cuando las autoridades llegaron al lugar, Gudino grit\u00f3 horrorizado y dijo que pensaba que su madre era un clon. Durante el juicio, la familia de Gudino apoy\u00f3 una declaraci\u00f3n de locura, pero Jenkins, fiscal principal del caso, argument\u00f3 en contra. Con el jurado estancado 7 a 5, la mayor\u00eda votando por la declaraci\u00f3n de locura, Boudin tom\u00f3 la decisi\u00f3n de aceptar esa declaraci\u00f3n, una decisi\u00f3n fortalecida a\u00fan m\u00e1s por el historial no violento de Gudino.<\/p>\n\n\n\n
Catalizada por el caso perdido, Jenkins renunci\u00f3 r\u00e1pidamente a su cargo y recurri\u00f3 a los medios de comunicaci\u00f3n. Para la columnista Heather Knight, Jenkins llam\u00f3 a la oficina del fiscal \u201cun barco que se hunde\u201d. Alineada con la destituci\u00f3n, Jenkins luego se convirti\u00f3 en destacada defensora de la revocaci\u00f3n de Boudin, haciendo varias apariciones p\u00fablicas para desacreditar a la oficina del fiscal. En el programa \u2018Real Time with Bill Maher\u2019, dijo: \u201cestamos viendo c\u00f3mo se pierden vidas y siguen estando en peligro por sus pol\u00edticas radicales [de Boudin]\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los esc\u00e9pticos de Jenkins destacan la desalineaci\u00f3n entre sus afirmaciones y la realidad. En publicaci\u00f3n para el LA Times, <\/em>John Hamasaki, abogado defensor de SF y ex comisionado de polic\u00eda, disip\u00f3 la falsedad que rodea el caso Gudino, recordando que la declaraci\u00f3n de locura aceptada no sirvi\u00f3 para poner en riesgo la seguridad p\u00fablica, sino que se convirti\u00f3 en el origen de la insatisfacci\u00f3n de Jenkins con Boudin. \u201cElla [Jenkins] renunci\u00f3 porque perdi\u00f3 y el fiscal no le permiti\u00f3 volver a intentarlo\u201d, dijo Hamasaki.<\/p>\n\n\n\n Ahora en el cargo, el tono de Jenkins ha cambiado a medida que retrocede ante el enfoque previamente dirigido por la ofensiva de su equipo.<\/p>\n\n\n\n D\u00e1ndole la espalda a la promesa de la elecci\u00f3n de destituci\u00f3n, una ciudad segura al estilo ut\u00f3pico, Jenkins advierte que el fiscal del distrito por s\u00ed solo no puede borrar el crimen. En entrevista con Scott Schafer de KQED, Jenkins dijo: “Siempre trat\u00e9 de ser justa con \u00e9l y le dije que no, \u00e9l [Chesa] no puede controlar las tendencias naturales del crimen”. El reconocimiento de las tendencias naturales en el crimen contrarresta la afirmaci\u00f3n principal en la que se bas\u00f3 la destituci\u00f3n: que el crimen hab\u00eda aumentado hol\u00edsticamente bajo la vigilancia de Boudin: una afirmaci\u00f3n disipada por el informe de junio del Centro de Justicia Penal y Juvenil.<\/p>\n\n\n\n Cuando se le pregunt\u00f3 si el p\u00fablico ver\u00e1 cambios inmediatos en la seguridad p\u00fablica, Jenkins continu\u00f3 dici\u00e9ndole a Schafer, \u201cla gente tendr\u00e1 que ser paciente. Van a tener que moderar sus expectativas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Hasta la fecha, los planes conocidos de Jenkins en el tema de seguridad p\u00fablica contradicen la imagen de ella misma que se describe como progresista. Es decir, la entrada de Jenkin indica el retroceso de las medidas de reforma de la justicia penal: aumentar la vigilancia, dar la bienvenida a las huelgas para mejorar las sentencias y recuperar el sistema de fianza en efectivo. La reintroducci\u00f3n del sistema de fianzas en efectivo genera preocupaci\u00f3n, ya que es un sistema inseparable del racismo estructural.<\/p>\n\n\n\n En 2019, Prison Policy Initiative descubri\u00f3 que los acusados negros y morenos tienen “al menos un 10-25 % m\u00e1s de probabilidades de tener que pagar una fianza” y que las cantidades son “el doble de la fianza establecida para los acusados blancos”. Para buscar la equidad, la oficina de Boudin implement\u00f3 la evaluaci\u00f3n p\u00fablica basada en el riesgo, que ahora ha quedado descartada.<\/p>\n\n\n\n Jenkins tambi\u00e9n revel\u00f3 a KQED que su prioridad era restaurar la discreci\u00f3n procesal, una promesa con el potencial de crear repercusiones irreversibles para los inmigrantes. Los anteriores fiscales de distrito de SF, Boudin y George Gascon, ofrecieron el C\u00f3digo Penal 32, a su discreci\u00f3n, a los inmigrantes acusados de casos de venta de drogas. Bajo PC 32, los delincuentes de bajo nivel no recibir\u00edan una sentencia de m\u00e1s de tres a\u00f1os en una prisi\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n Alej\u00e1ndose de PC 32, Jenkins est\u00e1 a favor de permitir que los fiscales eliminen acuerdos de culpabilidad “accesorios despu\u00e9s del hecho”. Esto significa que todos los no ciudadanos, incluidos los residentes permanentes, pueden enfrentar la deportaci\u00f3n autom\u00e1tica y una prohibici\u00f3n vitalicia de los EEUU, si son atrapados en el caso de una venta de drogas, independientemente de la cantidad vendida. De acuerdo con la ley de inmigrantes, un juez no puede considerar las circunstancias de las personas, como los v\u00ednculos con ni\u00f1os nacidos en el pa\u00eds, para casos de deportaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Como lo destac\u00f3 el Immigrant Law Resource Center (ILRC), Jenkins ejerci\u00f3 m\u00e1s recientemente esta acci\u00f3n contra 17 personas. La abogada principal del ILRC, Carla G\u00f3mez, calific\u00f3 la situaci\u00f3n y la prisa para redactar la reforma como “desgarradoras”.<\/p>\n\n\n\n Enredada a\u00fan m\u00e1s con la comunidad inmigrante est\u00e1 la pol\u00edtica de vigilancia de Jenkin, que favorece a la alcaldesa Breed. En diciembre de 2021, Breed propuso por primera vez ampliar la ordenanza de vigilancia de la ciudad para permitir el acceso de la polic\u00eda a c\u00e1maras privadas en caso de robo, disturbios, saqueos y tr\u00e1fico de drogas en tiendas minoristas. Su propuesta, ahora respaldada por Jenkins, genera alarma porque se aparta de la pol\u00edtica actual y va en contra de la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n \u201cTal como est\u00e1 escrito, la propuesta del SFPD permitir\u00eda a los oficiales usar c\u00e1maras privadas para monitorear a las personas que realizan su vida diaria y solicitar grandes cantidades de im\u00e1genes grabadas\u201d, dijo ACLU Norcal en una declaraci\u00f3n p\u00fablica. \u201cEn la pr\u00e1ctica, es posible que la polic\u00eda local entregue las im\u00e1genes almacenadas y con marca de tiempo a los fiscales de otros estados. No es dif\u00edcil adivinar los objetivos potenciales: inmigrantes, minor\u00edas religiosas, personas LGBTQ, buscadores de aborto, personas de color y cualquier otro objetivo frecuente de la violencia estatal\u201d, advirti\u00f3 adem\u00e1s la ACLU.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 del \u00e1mbito de la vigilancia, la presencia de Jenkins plantea una serie de preguntas, en gran parte sin respuesta. El despido de 15 miembros del personal, un protocolo est\u00e1ndar cuando entra en funci\u00f3n un nuevo Fiscal, tiene la oficina en desorden y las unidades especiales corren el riesgo de ser abandonadas. En particular, el despido de la abogada gerente Arcelia Hurtado genera preocupaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En 2020, Boudin estableci\u00f3 la Comisi\u00f3n de Inocencia, encabezada por Hurtado, que investiga posibles condenas injustas. \u201cArcelia fue fundamental para el funcionamiento de la comisi\u00f3n. Tambi\u00e9n es preocupante porque era la jefa de la unidad de revisi\u00f3n posterior a la condena del fiscal del distrito que, entre otras cosas, actualmente est\u00e1 considerando la petici\u00f3n del hermano de la alcaldesa London Breed, Napoleon Brown, para que se le otorgue indulgencia y se le libere de prisi\u00f3n luego de su condena por robo de auto y homicidio involuntario\u201d, dijo la profesora de derecho de la Universidad de San Francisco y presidenta de la comisi\u00f3n, Lara Bazelon a SFGate.<\/p>\n\n\n\n Antes de la remoci\u00f3n de Hurtado, la oficina del fiscal solicit\u00f3 que Hurtado informara a la Jefa de Gabinete de la Oficina del Fiscal, Kate Chatfield, para evitar cualquier conflicto de intereses debido a la relaci\u00f3n de Jenkins y Breed. Ahora que Jenkins tambi\u00e9n despidi\u00f3 a Chatfield, surge la desconfianza y la fecha del juicio del hermano de Breed se avecina en agosto.<\/p>\n\n\n\n En el limbo de incertidumbre que rodea a Jenkins, las principales organizaciones comunitarias de San Francisco piden respuestas y responsabilidades a la oficina del fiscal de distrito. M\u00e1s recientemente, SF Rising y ACLU Northern California se asociaron para formar DA Accountability Alliance para abogar por la reforma y defender la seguridad p\u00fablica de todos.<\/p>\n\n\n\n La co directora de SF Rising, Emily Lee, habla sobre el ambiente de preocupaci\u00f3n entre los organizadores comunitarios y aquellos a quienes sirven: “Obviamente es preocupante. Si se ha ido el personal de la comisi\u00f3n de Inocencia, de la divisi\u00f3n de justicia restaurativa, \u00bfqu\u00e9 significa eso para la reforma?\u201d<\/p>\n\n\n\n En lugar de estos cambios, la alianza ha solicitado audiencias p\u00fablicas para que la fiscal de distrito responda abiertamente a la pregunta del p\u00fablico, pero Jenkins sigue sin responder.<\/p>\n\n\n\n \u201cAdem\u00e1s de decir: \u2018Apoyo la reforma\u2019, sus acciones no lo han demostrado\u201d, dijo Lee.<\/p>\n\n\n\n Del nebuloso baile de Jenkin, la certeza s\u00f3lo est\u00e1 en saber a qui\u00e9n sirve el sistema de justicia penal y a qui\u00e9n no, como lo ilustran los males del sistema de fianza: \u201c[Jenkins] env\u00eda una se\u00f1al de los posibles planes para desmantelar las reformas de justicia penal realizadas en San Francisco para deshacer las pol\u00edticas draconianas de guerra contra las drogas que han oprimido a nuestras comunidades de color\u201d, dijo el ILRC.<\/p>\n\n\n\n Desprovista de reformas, la desigualdad racial sist\u00e9mica de San Francisco contin\u00faa persistiendo bajo el pretexto de la seguridad p\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El 8 de julio, la alcaldesa de San Francisco, London Breed, nombr\u00f3 a Brooke Jenkins como fiscal de distrito interina, en sustituci\u00f3n del destituido Chesa Boudin. 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