Para Sandra M., de 53 años de edad, mantener su lugar en la fila de Al Pastor Papi una tarde a principios de noviembre fue una batalla. Este restaurante mexicano ubicado en Union Square suele tener una hora pico concurrida para el almuerzo, pero su personal no estaba preparado para el volumen de personas que llegaron la primera semana de noviembre, después de anunciar que regalaría burritos a quienes habían perdido el acceso a sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
La gente se agolpó en el pequeño restaurante. Grupos de amistades, familias y parejas de migrantes mayores que dependen de estos beneficios del gobierno hicieron el viaje al centro de la ciudad en busca de comida. La demanda era tan alta que la gerencia limitó el número de burritos gratuitos a cien por día.
Era difícil no sentir la urgencia en la multitud. La gente se empujaba, buscando una forma más rápida de ordenar —en un momento dado, se formaron tres filas separadas para la misma caja—. Una vez que tomaban sus burritos, la mayoría salía apresuradamente, zigzagueando entre quienes seguían esperando.
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Cuando Sandra finalmente llegó al mostrador, entregó su tarjeta EBT amarilla y su licencia de conducir para demostrar que dependía de SNAP. Pidió cuatro burritos de carne: uno para ella y uno para cada uno de sus tres hijos. La cajera negó con la cabeza. Aunque la promoción de Al Pastor Papi ofrecía hasta cuatro burritos por familia a la semana, el restaurante solo estaba dando burritos de pollo gratis a quienes acudían en persona.
Sandra suspiró. El burrito de pollo, decidió, sería para su hijo menor, que tiene 15 años y «come por dos personas». Todos los demás tendrían que saltarse la comida. Viviendo de sus esporádicos trabajos de limpieza de casas, la familia depende en gran medida de los beneficios de ese programa federal de Sandra para comer. Pero esa semana, como muchas otras, su familia tuvo que recurrir a donaciones comunitarias que encontraron en línea o de las que se enteraron por amigos y maestros.
“Estoy realmente preocupada. No sé cómo voy a alimentarlos”, le dijo a El Tecolote.
El 24 de octubre, el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) anunció que, debido al cese de la administración federal, no podría financiar los beneficios de SNAP a partir del 1 de noviembre. En toda el Área de la Bahía, la comunidad se movilizó rápidamente. Decenas de restaurantes como Al Pastor Papi comenzaron a ofrecer comida gratuita a las personas beneficiarias de CalFresh (SNAP). Mientras tanto, San Francisco lanzó una asociación con la Fundación Crankstart y el Banco de Alimentos de San Francisco-Marin para distribuir tarjetas de comestibles prepagadas, que comenzaron a llegar a los domicilios esa primera semana. El banco de alimentos también amplió las entregas de productos frescos a las despensas locales.
La crisis se resolvió en cuanto se dio la reapertura del gobierno federal el 12 de noviembre, pero el caos de una semana expuso cuán frágil se ha vuelto el acceso a los alimentos para familias como la de Sandra. Ahora, personas defensoras advierten que recortes federales mucho más prolongados podrían conducir a más de medio millón de californianos a crisis similares, sin una recuperación rápida a la vista.
«Estas pérdidas proyectadas equivalen a cerca de 1,100 millones de comidas perdidas anualmente en California», dijo Noriko Lim-Tepper, Jefa de Asociaciones Estratégicas del Banco de Alimentos de San Francisco-Marin. El año pasado, todos los bancos de alimentos de California en conjunto distribuyeron alrededor de 650 millones de comidas.
«No podemos salir de este problema a base de bancos de alimentos», afirmó.
Los recortes permanentes del gobierno federal presagian una crisis más severa
En julio, el Congreso aprobó un nuevo proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que eliminará alrededor del 20% de los fondos de SNAP en la próxima década. Se espera que la decisión, que ha sido controvertida debido a las divisiones partidistas, reduzca drásticamente el acceso a fuentes estables de alimentos para cientos de miles de personas.
Según el Centro de Presupuesto y Política de California (CBPC, por sus siglas en inglés), los recortes costarán a California más de $2,500 millones en fondos de CalFresh anualmente. Más de 754 mil residentes del estado podrían perder los beneficios, mientras que tres millones de hogares podrían sufrir reducciones.
Las agencias locales se están preparando para las consecuencias. Durante la paralización gubernamental de noviembre, el Banco de Alimentos de San Francisco-Marin experimentó un aumento del 205% en el tráfico de visitantes a su sitio web de localización de alimentos, un indicador, según Lim-Tepper, de la presión a la que estarán sometidos los recursos locales sin el apoyo federal.
“El cierre del gobierno fue un claro ejemplo de que el hambre es un problema político”, dijo a El Tecolote, añadiendo que 125 mil personas en San Francisco y el condado de Marin dependen de SNAP. “[Es] realmente un adelanto de lo que sucederá si se implementan todas las disposiciones, todos los recortes a SNAP”. El banco de alimentos proyecta que al menos 7,500 de ellas podrían perder sus beneficios el próximo año como resultado de estos recortes.
Mientras tanto, Tangerine Brigham, Subdirectora y Directora de Operaciones y Estrategia de la Red de Salud de San Francisco (San Francisco Health Network), estima que alrededor del 20% de la población de CalFresh de San Francisco estará en riesgo de perder los beneficios debido a los nuevos requisitos laborales y los cambios administrativos. Se espera que solo la gestión del aumento de la demanda y el costo compartido local le cueste a la ciudad $62 millones.
Aunque la ciudad está preparada para trabajar en mitigar el impacto, se avecinan “decisiones financieras difíciles”, dijo Brigham en una reunión de la Comisión de Salud el 17 de noviembre.
El impacto de la inseguridad alimentaria en la salud y en las personas migrantes
Personal experto en salud afirman que los próximos recortes tendrán profundas consecuencias. El Colegio Americano de Médicos (ACP, por sus siglas en inglés) señala que la inseguridad alimentaria está asociada con una amplia gama de problemas de salud, incluidos problemas cognitivos, asma, diabetes y otras enfermedades crónicas.
Por su parte, personal de atención médica dice que el impacto suele ser inmediato: las familias se saltan comidas, racionan alimentos o dependen de opciones de baja calidad y bajo valor nutricional, lo cual empeora los resultados de salud a largo plazo. Un estudio encontró que la inseguridad alimentaria está relacionada con un mayor riesgo de mortalidad prematura y una menor expectativa de vida.
En San Francisco, las familias latinas han soportado una carga desproporcionada debido al aumento de los costos desde el inicio de la pandemia, lo cual ha impulsado la organización comunitaria en temas de vivienda y acceso a alimentos. Pero los recortes federales más profundos plantean nuevos desafíos, particularmente para las comunidades migrantes.
Algunos de los nuevos recortes presupuestarios de SNAP están dirigidos específicamente a estos grupos. El proyecto de ley federal elimina la asistencia alimentaria para muchas personas que antes calificaban, incluidas personas solicitantes de asilo y ciertas sobrevivientes de violencia doméstica que presentan una autopetición bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres (Violence Against Women Act).
Según las nuevas reglas, las personas migrantes con ciertos estatus temporales ya no pueden inscribirse en SNAP. Quienes actualmente reciben beneficios pueden perderlos al momento de la recertificación, según las directrices del USDA.
Para muchas personas que no cuentan con ciudadanía, los inminentes recortes agravan un año ya de por sí desestabilizador de políticas migratorias cambiantes.
“Estoy muy preocupada, también porque con todo lo que está pasando con la migración me pueden enviar de vuelta a mi país”, dijo Sandra, quien migró de Honduras y ha vivido en San Francisco durante 29 años.
Sandra había calificado previamente para SNAP porque tenía el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el cual la administración Trump revocó para personas de origen hondureño el 8 de septiembre. Bajo las directrices federales actuales, no podrá renovar sus beneficios la próxima vez que le corresponda volver a solicitarlos.
Realidad del Área de la Bahía: aumento de costos y respuesta comunitaria
En el Mission Food Hub, el primer viernes de noviembre, personas voluntarias pasaron la mañana abriendo cajas de verduras y separando alimentos para los cientos de personas que esperaban esa tarde. La despensa atiende a muchas personas de bajos ingresos que o bien no son candidatos para SNAP o son cautelosas al solicitarlo debido a su estatus migratorio.
El fundador de esta organización comunitaria, Roberto Hernández, dijo que la pausa por la paralización del gobierno desencadenó un aumento en las llamadas: de 20 a 40 por día durante la primera semana de noviembre.
Pero incluso sin esta suspensión, Hernández dijo que más familias están buscando apoyo a medida que el costo de vida en la ciudad sigue aumentando: “Hace diez años, con $100, entrabas a Safeway y salías con cuatro bolsas. Hoy, con cien dólares, sales con una bolsa”.
El más reciente análisis de Tipping Point Community, otra organización no lucrativa, encontró que casi tres de cada diez residentes del Área de la Bahía lucharon para llegar a fin de mes en 2023, incluso cuando la mitad de los que viven en la pobreza trabajan a tiempo completo. Otros ganan justo por encima de los umbrales de elegibilidad para los programas de seguridad social, dejándolos sin apoyo gubernamental a pesar de los altos costos de vida.
Este es el caso de Susana Milián, quien vive en un apartamento en el Distrito Misión con su hija y su nieto de 8 años. El salario de su hija como trabajadora social cubre su alquiler de casi $2,300 y las facturas de servicios públicos, pero no mucho más.
Diagnosticada con artritis, Susana usa un bastón para caminar y dice que no puede trabajar. En su lugar, esta abuela guatemalteca cuida de su nieto, que tiene autismo.
Ella es la única integrante de la familia que califica para beneficios federales, recibiendo $300 al mes para comestibles. Susana dice que apenas es suficiente para una persona, pero intentan aprovecharlo al máximo yendo a tiendas minoristas de descuento y almacén como Costco y Grocery Outlet.
Incluso este apoyo es frágil. Durante el paro de noviembre, “o pagábamos el alquiler o la comida”, dijo Susana a El Tecolote.
Ella ha vivido en San Francisco durante la mayor parte de su vida, pero después de la pandemia, la ciudad ha comenzado a sentirse imposible de costear: “He hablado con mi familia sobre mudarnos a Fresno, que es más barato. Pero honestamente, no puedo acostumbrarme a eso. Mi hija tampoco puede acostumbrarse. Y el apoyo que recibimos, la educación, [es] diferente aquí”.
Una respuesta comunitaria al límite
A medida que se acercan las festividades decembrinas, muchos grupos han extendido sus programas de emergencia hasta finales de año, a pesar de que el programa SNAP ha sido completamente restaurado, por ahora.
Al Pastor Papi finalizó su promoción de burritos gratuitos después de la primera semana de noviembre, aunque ahora reparte tacos gratis los sábados a las y los menores de edad beneficiarios de ese programa federal y descuentos para madres y padres de familia que presenten sus tarjetas EBT.
‘También es impactante para nosotros”, dijo la gerente Melanie Lara. “Algunas y algunos de nosotros hemos pasado por situaciones similares. Y ha sido muy especial e importante ayudar a personas que de otra manera podrían no tener algo para comer”.
De igual manera, el Banco de Alimentos de San Francisco-Marin mantendrá su Programa de Respuesta Comunitaria hasta finales de año, lo que incluye la ampliación de la entrega de comestibles a domicilio para las familias que no se sienten seguras o no pueden trasladarse para conseguir las despensas. Lim-Tepper anima a la gente a usar el localizador de alimentos y a contactar los recursos disponibles.
Con recortes federales más profundos acechando, esta representante del banco de alimentos espera más donaciones, voluntariado y soluciones a nivel estatal que puedan amortiguar el golpe: “SNAP y CalFresh no son solo herramientas contra el hambre, sino también motores económicos. Ponen dólares en la economía. La comida es un derecho humano”, afirmó.
A pesar de los desafíos que se avecinan, tanto ella como Lara enfatizaron que las organizaciones comunitarias seguirán presentándose para las familias que las necesitan: “Solo quiero que la gente sepa que no está sola. Estamos prestando mucha atención a la comunidad latina, especialmente por todo lo que ha estado sucediendo, y siempre los estaremos apoyando”.
Este proyecto contó con el apoyo del USC Annenberg Center for Health Journalism y forma parte de ‘Healing California’, una iniciativa periodística de Ethnic Media Collaborative de un año, que involucra medios impresos, en línea y de difusión en todo California.