Pocas personas como María Zavala saben lo difícil que es conseguir una vivienda asequible en San Francisco.
Esta madre hondureña de cuatro hijos llegó a la ciudad en septiembre de 2023 en busca de ayuda médica para su hija Samara, ahora de 8 años, quien padece un raro trastorno inflamatorio que afecta su sistema nervioso. Pero tras su llegada, relata que encontrar un lugar estable donde vivir se convirtió para su familia en una segunda batalla.
Durante los dos años siguientes, mientras Samara recibía tratamiento, la familia sobrevivió viviendo en un auto y ocupando espacios improvisados en casas de amistades. Tras la primera operación de su hija, la ciudad les otorgó un vale para alojarse en un hotel por seis meses; después, pasaron casi un año en un refugio, sometiéndose a constantes evaluaciones para ver si su ‘puntaje de vulnerabilidad’ les permitía, finalmente, acceder a una vivienda.
Durante ese tiempo, Zavala se involucró con la organización Faith in Action Bay Area, uniéndose a un grupo de madres sin hogar que exigen la expansión de recursos ante la escasez de camas en los refugios y el endurecimiento de las políticas municipales.
Sin embargo, no fue sino hasta finales de agosto —tras organizar su propia conferencia de prensa y hacer pública la historia médica de su hija— que su familia logró obtener una vivienda propia. Un mes y medio después, finalmente recibieron las llaves de su nuevo hogar.
A pesar de que en años recientes el activismo por las familias sin techo se ha centrado en prolongar sus estancias en refugios y aumentar los subsidios, la oferta de vivienda asequible sigue siendo críticamente limitada, incluso con el aumento de la tasa de pobreza en San Francisco. Ante esta escasez, muchas familias en situación de inestabilidad describen el proceso para acceder a ayuda como opaco y emocionalmente agotador.
“Una computadora determina si eres candidata, y ella no tiene sentimientos”, expresó Zavala. “Desearía que pudiera entender y ver nuestro sufrimiento”.
Mientras tanto, cientos de familias y sus hijas e hijos permanecen en el limbo, enfrentando estrés crónico, inestabilidad y crecientes riesgos de salud mientras esperan por una vivienda.
¿Cómo funciona el sistema de asignación de vivienda?
Para recibir apoyo de la ciudad, las familias sin hogar pueden acudir a uno de los tres Puntos de Acceso. Estos centros operan el Sistema de Entrada Coordinada de la ciudad, un modelo de navegación exigido por el gobierno federal que deriva a las personas sin techo con los recursos que el sistema determina necesarios, incluyendo la asistencia habitacional.
San Francisco ofrece diversos tipos de ayuda para el alquiler a través de fuentes de financiamiento federales, locales y privadas. Estas incluyen:
- Reubicación rápida: generalmente se ofrece a personas que salen de refugios y puede durar hasta cinco años.
- Subsidios limitados: basados en los ingresos, estos apoyos disminuyen gradualmente y están destinados a hogares con probabilidad de estabilizar su situación económica poco después de mudarse.
- Asistencia de prevención: para personas en riesgo de desalojo.
- Vivienda permanente con apoyo: cuenta con un inventario limitado de 1,667 unidades destinadas a familias con menores y en situación de inestabilidad.
“La idea es, en cierto modo, detener la puerta giratoria”, explicó Jennifer Friedenbach, directora de la Coalition on Homelessness. “Algunas familias logran obtener su subsidio y, con el tiempo, hacerse cargo del alquiler por su cuenta. Eso es fantástico. Entonces dejan el programa y alguien más puede ocupar ese subsidio”.
El problema, señaló Friedenbach, es que hay demasiadas familias necesitadas y no hay suficientes hogares Entre julio de 2024 y mayo de 2025, 1,826 familias fueron evaluadas para recibir apoyo para el alquiler. Solo 30 lograron obtener una vivienda: menos del 1.6 por ciento.
Ante esta escasez, el hecho de que una familia reciba ayuda —y qué tan rápido la obtenga— suele depender de un puntaje numérico calculado durante una entrevista de ingreso conocida como Evaluación Primaria de Vivienda. En esta encuesta, se evalúa a las familias basándose en factores que incluyen discapacidades, barreras para acceder a una vivienda y el tiempo que llevan sin hogar. Las respuestas se ponderan según la gravedad o duración de cada condición y se suman. Los puntajes oscilan entre 0 y 160; aquellos más altos tienen prioridad, dependiendo de la disponibilidad de viviendas.
Según un memorándum del 23 de junio de 2025 del Departamento de Personas sin Hogar y Vivienda de Apoyo (HSH, por sus siglas en inglés), las familias con un puntaje de entre 90 y 114 pueden calificar para subsidios de reubicación rápida, mientras que aquellas que obtienen entre 115 y 160 son elegibles para unidades de vivienda permanente con apoyo.
Las familias que no alcanzan un puntaje suficiente pueden someterse a otra evaluación cada tres meses, siempre que un proveedor de servicios o un administrador de casos solicite una revisión administrativa en su nombre, dado que tal revisión no puede ser solicitada directamente por las familias.
Emily Cohen, subdirectora de comunicaciones del HSH, señaló que el sistema está diseñado para priorizar a las familias según su necesidad en un contexto donde “la demanda supera los recursos disponibles”.
Sin embargo, a medida que la necesidad de vivienda ha crecido, el sistema de la ciudad ha dificultado que las familias sean candidatas a la ayuda. Registros públicos revelan que, hoy en día, las familias necesitan casi el doble del puntaje que requerían en 2022 para acceder a subsidios temporales, y una puntuación mucho más alta para una vivienda de apoyo a largo plazo.
En este contexto, muchas familias afirman que es muy difícil entender cómo sus respuestas se traducen en un puntaje, o por qué ciertas crisis parecen no contar. Algunas familias con menores de edad, enfermedades o antecedentes de violencia doméstica reportan no lograr la puntuación necesaria para recibir asistencia. Otras mencionan que, mientras se esfuerzan por encontrar sus propias soluciones —como conseguir trabajo o un refugio temporal—, sus probabilidades de recibir apoyo del sistema pueden incluso disminuir.
Héctor, de 23 años de edad y padre de dos hijas, que vive en el barrio Bayview, relató que tras completar una entrevista de ingreso en septiembre, fue informado que debido a que su casa móvil o RV tenía cocina y baño, no alcanzó el puntaje suficiente para un subsidio de vivienda.
“Dijeron que podían trasladarme de la RV a un refugio”, comentó. Héctor rechazó la oferta, preocupado por la privacidad de sus hijas pequeñas. Tenía planeado someterse a otra evaluación a finales de diciembre para ver si esa podía reflejar mejor su realidad actual.
De manera similar, Zavala mencionó que, en una ocasión, el puntaje de su familia bajó porque habían recibido permisos de trabajo y su esposo había encontrado un empleo que aumentó sus ingresos mensuales.
“En lugar de darte puntos cuando logras algo, tu puntaje baja”, señaló Zavala. Ahora que finalmente tiene vivienda, el trabajo de su esposo en Recology es lo que les permite pagar su alquiler, el cual está por debajo del precio de mercado.
Estatus migratorio y el sistema de entrada coordinada
Muchas familias sin hogar en San Francisco son migrantes recientes; algunas llegaron después de la pandemia o buscando refugio ante la intensificación de las redadas migratorias durante la administración de Trump.
Cohen afirma que la ciudad no prioriza los recursos para personas sin hogar basándose en el estatus migratorio. De hecho, dado que los fondos federales sólo pueden ser utilizados por personas ciudadanas y ciertos grupos con estatus legal permanente, defensores de la vivienda señalan que la ciudad depende de una combinación de fondos locales y de organizaciones sin fines de lucro para garantizar que todas las personas puedan acceder al apoyo.
San Francisco tampoco pregunta a las familias sobre su estatus migratorio durante el proceso de Entrada Coordinada. Sin embargo, en la práctica, algunas de estas familias afirman que la evaluación no logra capturar las dificultades vinculadas a sus experiencias como migrantes.
Julia V., de 26 años de edad —una madre migrante que prefiere utilizar sólo su primer nombre debido a su caso de asilo pendiente—, ha estado en la lista de espera de refugios familiares durante cuatro meses. Desde agosto, ha intentado calificar para un subsidio tras huir de la violencia doméstica y perder su hogar.
Esta madre salvadoreña relató que migró desde El Salvador a Los Ángeles con su hija pequeña hace un año y medio. Tras pasar cuatro meses allí, se mudaron a San Francisco para vivir con una pareja, con quien pasaron casi un año antes de tener que huir del abuso.
Mientras comenzaba a reconstruir su vida con la ayuda de organizaciones comunitarias, Julia solicitó asilo. El ICE le colocó un grillete electrónico y le ordenó proporcionar una dirección residencial.
Pero Julia no tiene una.
Ha intentado explicar su situación al personal municipal en los puntos de acceso para familias, con la esperanza de asegurar una cama de refugio para ella y su hija. Sin embargo, permanece en la lista de espera, y su puntaje de 24 está muy por debajo del umbral necesario para calificar para cualquier subsidio de vivienda.
“Dijeron que hay una larga lista de personas que tienen el mismo puntaje que yo, así que no pueden darme prioridad”, comentó Julia, quien actualmente duerme en el auto de una amiga. “Estoy muy preocupada porque siento que corro el riesgo [de ser deportada] al no tener una dirección”.
En un informe de 2022 sobre la Entrada Coordinada encargado por la ciudad, la consultora Focus Strategies encontró que las familias latinas obtuvieron, en promedio, puntajes más bajos en la Evaluación Primaria de Vivienda en comparación con otros grupos demográficos, lo que plantea interrogantes sobre si la “información solicitada a las personas participantes refleja con precisión su necesidad’.
Personas defensoras de la vivienda señalan que las barreras culturales y lingüísticas dificultan que las personas que solo hablan español obtengan puntajes altos. El trauma y los problemas de salud mental también pueden ser difíciles de cuantificar. Friedenbach añadió que ciertos parámetros de la prueba, como la duración del tiempo sin hogar, también tienden a desfavorecer a las personas migrantes recién llegadas. “Si acabas de llegar, por ejemplo, como solicitante de asilo en San Francisco, vas a obtener un puntaje muy bajo”, señaló. “Básicamente, tienes que estar sin hogar en San Francisco por un periodo de tiempo muy largo antes de que tu puntaje empiece a subir”.
Al mismo tiempo, el estatus migratorio suele limitar la capacidad de las familias para generar ingresos, lo que dificulta aún más costear el nivel de vida de la ciudad. Aunque a las personas solicitantes de asilo se les otorgan permisos de trabajo como parte de su proceso, el grave retraso en la gestión de casos significa que la autorización de empleo puede tardar meses. Este año, el Departamento de Justicia despidió a más de la mitad de los jueces de migración de San Francisco, lo que empeoró lo que ya es el mayor rezago judicial en California.
“En un mundo ideal, no habría ningún niño o niña durmiendo a la intemperie y habría subsidios limitados disponibles para todo aquella personal que los necesitara”, afirmó Megan Rohrer, directora de políticas de Compass Families, organización que administra uno de los puntos de acceso para familias de la ciudad. “[Pero] mucho de eso también requiere de un sistema de migración que funcione de manera saludable”.
Un proceso lento, incluso tras la aprobación
Una vez que las familias alcanzan el puntaje necesario para recibir apoyo habitacional, los puntos de acceso les asignan un guía de vivienda para ayudarles a conseguir una unidad.
Sin embargo, incluso estas familias suelen esperar meses antes de encontrar un departamento disponible. El HSH informa que, durante el año fiscal 2024-2025, el tiempo de espera promedio para las familias fue de 142 días; es decir, casi cinco meses.
Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los puntos de acceso es encontrar propietarios dispuestos a aceptar los subsidios de la ciudad, especialmente cuando se trata de inquilinos migrantes.
“La retórica federal actual insinúa que las personas tendrán problemas si ayudan a las personas migrantes”, afirmó Rohrer. “La discriminación habitual que ya existía, incluso antes de esta administración, se ha intensificado”.
Algunas familias que son candidatas para los subsidios intentan buscar vivienda por su cuenta en sitios de anuncios como Craigslist. Sin embargo, al carecer de empleos estables, historial crediticio o autorización de trabajo, muchas se topan con pared.
“Tenemos alrededor de tres familias con subsidios que les permiten buscar vivienda”, comentó Brenda Córdoba, dirigente de FIABA, a El Tecolote a principios de este año. “Y ahí están, busque y busque”.
Recientemente, la ciudad ha intensificado sus esfuerzos para reclutar a más propietarios. En noviembre, el alcalde Daniel Lurie anunció en una publicación de Instagram que la ciudad pagaría un mes de alquiler a personas propietarias que acepten arrendar a residentes calificados que viven en RV. Aun así, señaló Rohrer, “la capacidad de ubicar a las familias no va al ritmo del número de hogares que necesitan una vivienda”.
El financiamiento federal necesario para algunos de estos subsidios también es cada vez más inestable. En noviembre, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano desvió fondos destinados a la vivienda permanente hacia refugios temporales. Aunque la medida fue bloqueada temporalmente en un tribunal federal, la subvención de 65 millones de dólares para vivienda de San Francisco permanece en un equilibrio delicado.
“Existe una gran preocupación de que el apoyo para la reubicación rápida disminuya drásticamente al mismo tiempo que el número de familias en el sistema de refugios aumenta con rapidez”, concluyó Rohrer.
El costo de la espera
Las familias que buscan apoyo para vivienda a través de los puntos de acceso de la ciudad pueden recibir una oferta de refugio de emergencia tras realizar su evaluación. Sin embargo, con más de 404 familias en la lista de espera de los refugios, muchas se ven obligadas a buscar soluciones provisionales en autos, casas móviles o gimnasios escolares durante la noche. Mientras viven en este limbo, madres y padres de familia aseguran que las condiciones del invierno afectan gravemente la salud de las niñas y los niños.
“El momento más difícil para nosotros fue a principios de 2024, cuando empezaron las lluvias”, relató Zavala, cuya familia en aquel entonces dormía en un clóset, en una sala y, a veces, en un auto. “Tenía que caminar con Samara por la calle”.
Julia comentó que ella y su hija atraviesan actualmente una situación similar. Se alternan entre dormir en un refugio nocturno administrado por una iglesia y el auto de una amiga. Durante el día, recorren a pie la ciudad, expuestas a la intemperie.
“Se enferma mucho por el clima”, dijo Julia sobre su hija. “Hay días en los que tiene resfriado, fiebre, una infección, cosas así”.
La inestabilidad también hace mella en la salud mental de las familias. Zavala relató que su esposo sufrió ataques de pánico mientras vivían en un refugio, ante el temor de ser desalojados y terminar de nuevo en la calle bajo el límite de estancia de 90 días que la ciudad aplicaba entonces. Mientras tanto, su hija mayor tenía dificultades para concentrarse en la escuela, algo que el personal educativo señala como un problema común entre estudiantes que no tienen un hogar fijo.
Las familias que viven en RV enfrentan desafíos similares. Héctor comentó que su vehículo no tiene calefacción y carece de calefacción e impermeabilización adecuados. A veces, cuando llueve, sus pertenencias se empapan y el baño se inunda.
“La situación es un poco estresante, más que nada por mis hijas”, dijo Héctor. “Todo es muy incierto, pero esto es lo que tenemos por ahora”.
Ahora, él espera obtener apoyo a través del programa de Permisos de Refugio para Vehículos de Gran Tamaño de la ciudad, que asigna 65 subsidios a familias que viven en RV, como parte de una normativa que ahora prohíbe a vehículos de gran tamaño estacionarse en las calles de la ciudad por más de dos horas. Sin embargo, compite por un subsidio contra más de 300 hogares con permisos que también esperan una vivienda.
“Si la ciudad no tiene recursos suficientes para ubicar a una familia, entonces deberían buscar un espacio vacío donde nos dejen estacionar de forma segura, con agua y luz”, sugirió Héctor. “Incluso podrían pedirnos que colaboremos para ayudar con su mantenimiento”.
Los impactos inmediatos de la estabilidad
Para las familias que han logrado asegurar una vivienda, como los Zavala, la larga lucha hacia la estabilidad, aunque frustrante, también ha sido transformadora.
“Hice esto porque amo a mis hijos”, afirmó Zavala. “Y recibí el apoyo de muchas organizaciones [y] de muchas personas que me dieron ánimos”. Aun así, se pregunta por qué su familia finalmente recibió ayuda mientras otras permanecen a la espera.
En su última entrevista de admisión antes de su conferencia de prensa, Zavala contó que su familia había obtenido un puntaje de 75 —15 puntos menos de lo requerido para calificar para asistencia de vivienda—. Sin embargo, después de que compartió públicamente la historia de su hija, surgieron nuevas oportunidades.
Cuando regresó al refugio, Zavala contó que el personal le informó que ahora sí calificaba para un subsidio de vivienda y que comenzaría el proceso de asignación. Sin embargo, días después, recibió una llamada del equipo de administración de un edificio con unidades de vivienda asequible.
Zavala explicó que la invitaron a postularse al próximo sorteo de vivienda asequible de sus unidades, el cual también es gestionado por la ciudad, pero a través de un portal conocido como DAHLIA. Este es un sistema distinto al de Entrada Coordinada. El personal también la ayudó a entender la documentación necesaria para el proceso de solicitud.
Dos semanas después de postularse, Zavala supo que había ganado el sorteo. Explicó que eligió el departamento de vivienda asequible porque su estabilidad a largo plazo está ligada a los ingresos, en lugar de depender de un subsidio con límite de tiempo. Dos semanas más tarde, su familia se mudó.
Ahora que viven en un nuevo departamento de tres recámaras que cuesta casi $2,000 al mes incluyendo los servicios, Zavala dice que ya ha notado cambios positivos en sus hijos: “Están más relajados, están más felices. Y nos sentimos más seguros”, comentó Zavala. “Ya no estamos esperando recibir una notificación que nos diga que tenemos que irnos o que tenemos que seguir buscando”.
Yesica Prado colaboró en este reporte.