El permiso municipal para vehículos-vivienda o RV prometía estabilidad; sin embargo, para Miguel Mercado, el resultado fue el opuesto. La semana pasada, tras entregar su unidad a las autoridades de San Francisco, pasó a vivir en situación de calle.
Durante casi tres años, este migrante de origen nicaragüense, de 58 años de edad, habitó en la RV de una amistad sin pagar alquiler. A cambio, colaboraba con las reparaciones, mantenía la limpieza y movilizaba el vehículo cada domingo a medianoche para evitar multas por limpieza de calles.
Ese frágil acuerdo se ha desmoronado.
El otoño pasado, la ciudad impuso un límite de estacionamiento de dos horas para vehículos de gran tamaño, en un esfuerzo por reducir la cantidad de RV utilizadas como refugio. Quienes demostraron residir en la ciudad en mayo de 2025 recibieron exenciones temporales mediante el Programa de Permisos de Refugio para Vehículos de Gran Tamaño (LVRP, por sus siglas en inglés). Las autoridades municipales señalaron que el programa daría estabilidad a la población que habita en vehículos, mientras se recuperaba el espacio público.
El alcalde Daniel Lurie sostiene que la medida está dando resultados. Recientemente anunció que el número de vehículos-vivienda en San Francisco ha disminuido cerca de un 20% desde diciembre, pasando de 462 vehículos a 374 en febrero; además, señaló que 67 hogares que habitaban en vehículos han realizado la transición hacia una vivienda o refugio.
Sin embargo, los resultados preliminares muestran un marcado desequilibrio: desde que se inició la aplicación de la norma en noviembre de 2025, la ciudad ha remolcado 159 de estos vehículos bajo esta ordenanza y otros 194 por motivos diversos. Esta cifra supera en más de cinco veces al número de unidades familiares que han logrado obtener una vivienda a través del programa de permisos.
A meses de implementarse la normativa, la población residente afirma que, aunque el programa ofrece alivio a algunas personas, a otras les está arrastrando a una mayor inestabilidad debido a las denegaciones de permisos, los desplazamientos y la acumulación de multas.
Desplazamiento derivado
Sin su RV, Mercado afirma que no tiene otro lugar donde pernoctar.
La persona propietaria del vehículo, con quien convivía, cumplió los requisitos para obtener una vivienda mediante el permiso LVRP y se acogió al programa municipal de recompra de vehículos. Mercado señala que el personal de asistencia comunitaria se comunicó exclusivamente con el titular registrado durante el despliegue del programa, mientras que a él no le contactaron ni ofrecieron opciones de vivienda.
El resultado: su amigo obtuvo un estudio junto a su esposa y Mercado terminó en la calle.
“No sé qué puedo hacer. Esa es la preocupación de la población migrante”, comentó Mercado. “Ya veré cómo salir adelante. De corazón, le deseo lo mejor”.
El sistema de permisos está vinculado principalmente al registro del vehículo, lo que significa que la asistencia suele dirigirse a quien figura en el título de propiedad y no necesariamente a quien pernocta en él. Se exige a la persona solicitante presentar documentos como el registro a su nombre, seguro, comprobantes de remolque y de compra; requisitos que pueden excluir a copropietarios o convivientes secundarios como Mercado.
Una fuente oficial de la ciudad, bajo condición de anonimato, señaló que los permisos están destinados a las personas que habitan en la RV, pero reconoció que la ayuda depende de que los equipos de asistencia comunitaria sepan de su existencia.
«Si los equipos de alcance municipal no tienen constancia de estas personas… eso les va a afectar», afirmó la fuente. El caso de Mercado ilustra este vacío en el programa.
La autoridad añadió que el objetivo del programa de recompra es adquirir las RV en las que reside la población, «no recomprar vehículos a propietarios que no viven en ellos». Sin embargo, al no existir un sistema para verificar quién duerme realmente en el interior, esa distinción se pierde.
El Departamento de Gestión de Emergencias (DEM, también por sus siglas en inglés) no proporcionó datos sobre cuántas personas podrían estar habitando en vehículos que no les pertenecen, ni aclaró qué opciones existen para quienes conviven en ellos una vez que el titular registrado se retira del programa.
Para Mercado, la consecuencia es inmediata: se ha quedado sin techo. Sin la RV, relata que reaparecen los recuerdos de sus primeros días en los EEUU: de pie bajo la lluvia solo con su pasaporte tras el decomiso de sus pertenencias en la frontera, y pernoctando en la calle tras salir del centro de detención migratoria mientras luchaba contra una neumonía.
Ahora que el programa ha terminado para él, teme revivirlo todo de nuevo.
“Lo ponen difícil, incluso cuando una persona quiere superarse y no ser una carga”, comentó Mercado. “La población migrante no quiere ser una carga. Pero terminan convirtiéndose en una. ¿Por qué?”
Por ahora, Mercado duerme en un automóvil averiado que le prestó una amistad en El Sobrante —en otra ciudad y otro condado, con otra vida que no eligió.
Una promesa de vivienda, el retorno al refugio temporal
Kathia Z., quien recientemente dio a luz a su primer hijo, confiaba en que el programa de permisos brindaría a su familia una oportunidad de vivienda duradera.
Tras enfrentar constantes rechazos en su solicitud del permiso LVRP a pesar de cumplir con los requisitos, a ella y su esposo se les asignó una estancia de 90 días en un hotel durante diciembre. Esto ocurrió luego de que El Tecolote informara sobre denuncias de que personal del Equipo de Asistencia para Personas sin Hogar (HOT, por sus siglas en inglés) presuntamente vendía permisos por dinero en efectivo.
Kathia relató que una trabajadora de enlace comunitario llamada Alejandra le hizo una promesa clara: quedarse en el hotel y luego aplicar por un departamento. “Cuando pasen dos o tres meses, les vamos a ubicar en un lugar permanente”, recordó.
Kathia añadió que también se le informó que entregar la RV le ayudaría a calificar para una vivienda permanente a través del programa LVRP y su opción de recompra. En cambio, el mismo día que se mudaron al hotel —el 19 de diciembre— el vehículo fue remolcado. Desde entonces, la familia no ha podido localizarlo ni recuperar todas sus pertenencias.
Tres días después, dio a luz a su hijo mediante cesárea de emergencia. “El bebé tenía el cordón enredado”, relató.
El 19 de febrero, ella, su esposo y su recién nacido fueron trasladados a otro refugio gestionado por Compass, donde podrían permanecer por un periodo adicional de 90 días. Recientemente, cuando Kathia consultó con su trabajadora social sobre la transición a una vivienda permanente, la respuesta fue desalentadora. Se le informó que las asignaciones permanentes ahora se reservan principalmente para personas con discapacidad, enfermedades graves o situaciones de adicción. Para su unidad familiar, la posibilidad de obtener un hogar definitivo era “muy poco probable”.
El contraste con otras familias que habitan en RV es marcado. Ella señaló conocer a otra unidad familiar que, a través del programa, logró liquidar la deuda de su vehículo y obtener una vivienda por dos años.
“¿Por qué nosotros no?”, cuestionó.
La respuesta que recibió reside en un fraude del cual nunca pidió formar parte. Cuando insistió en solicitar más apoyo municipal, desde el equipo de asistencia se le informó que ya no cumplían los requisitos para ciertos programas por haber obtenido una “calcomanía ilegal”.
Mientras tanto, los fraudes persisten. La Coalition on Homelessness señaló haber recibido recientemente otra llamada de una persona residente en RV, quien denunció que se le ofreció un permiso a cambio de dinero en efectivo. Aunque la persona integrante de HOT fue despedida, la preocupación por posibles irregularidades continúa.
En un comunicado, el Departamento de Personas sin Hogar y Vivienda de Apoyo (HSH, también por sus siglas en inglés) reconoció la denuncia contra la persona integrante HOT y afirmó estar “comprometido a mantener la máxima integridad” en el proceso de concesión de permisos. Sin embargo, el departamento no respondió a las preguntas sobre el informe de fraude más reciente.
Para la familia de Kathia, denunciar el fraude no cambió nada. Continúan en un limbo —viviendo las secuelas de la presunta estafa— a la espera de la estabilidad que se les prometió.
“Le pedí que al menos me devolvieran la RV o que me ayudaran a encontrar algo estable”, le manifestó a quien gestiona su caso, mientras se preguntaba si tendrían que marcharse de San Francisco.
Su caso pone de relieve una de las tensiones clave en el despliegue del programa: aunque los permisos están diseñados para que la población residente transite fuera del sinhogarismo vehicular, hay familias que afirman haber pasado por una sucesión de alojamientos temporales sin lograr una estabilidad a largo plazo.
Las autoridades municipales subrayan que el programa de permisos no es la única vía de acceso a la ayuda. “El permiso no es un prerrequisito para recibir servicios”, señaló Jackie Thornhill, responsable de comunicación del DEM. Cualquier persona en situación de sinhogarismo “sigue siendo elegible para contactar al personal de asistencia municipal”, recibir apoyo para la resolución de problemas y posibles asignaciones de refugio o vivienda.
Sin embargo, como ha documentado El Tecolote, cumplir con los requisitos dista mucho de ser una garantía. Según datos de la ciudad, de julio de 2024 a mayo de 2025, se evaluó a 1,826 familias para recibir apoyo de alquiler. Solo 30 —menos del 1.6 por ciento— lograron obtener una vivienda.
Para la familia de Kathia, esa estadística significa que la promesa de estabilidad sigue siendo inalcanzable.
Multas acumuladas y remolques: habitantes al límite de sus recursos
Para la población residente que permanece fuera del sistema de permisos, la regla de las dos horas se ha traducido en una acumulación de multas y remolques constantes.
Bob Kauffman, de 70 años de edad, recuerda vívidamente a un agente de control de estacionamiento diciéndole: “Vendremos por ti mañana”. Al día siguiente, su RV fue remolcada; se requirieron dos grúas para retirarla.
Kauffman tiene tres vehículos: dos RV y un autobús. De los tres, solo el último se encuentra operativo, ya que los demás presentan averías mecánicas. Según indicó, todas las unidades están registradas a su nombre y pagadas. Se han registrado intentos de robo en repetidas ocasiones, dañando los sistemas de encendido.
Desde que comenzó la aplicación de la medida, Kauffman señala haber gastado aproximadamente 4 mil dólares en multas y remolques. Incluso con una exención para personas con bajos ingresos, debe pagar poco más de 100 dólares por cada ingreso al depósito, además de unos 700 dólares para trasladar el vehículo de vuelta a su lugar de estacionamiento.
En toda la ciudad, la ordenanza de las dos horas ha generado 599 citaciones de 108 dólares cada una, lo que representa un valor de 64,692 dólares, según el portal de transparencia. Sin embargo, esa cifra sólo refleja una parte de dicha implementación.
De noviembre al 12 de febrero, San Francisco remolcó 194 vehículos recreativos por falta de registro vigente y por infringir la restricción de las 72 horas. Casi el 40% de estos remolques se debieron exclusivamente a problemas de registro, lo que abrió otra vía para que la ciudad retirara las unidades de sus calles.
Kauffman señaló que solo pudo obtener un permiso. Debido a que la ciudad otorga uno por vehículo y no permite que una misma persona gestione varios, su acompañante —un mecánico de 80 años de edad, con problemas de memoria— perdió su espacio en una de las RV sin permiso.
“Ahora duerme en su coche”, comentó Kauffman. “Es una persona mayor, muy mayor”.
En respuesta, Jackie Thornhill afirmó que “una sola persona no puede ocupar varios vehículos y, por lo tanto, no se le deben otorgar múltiples permisos”. Thornhill no hizo comentarios sobre cómo la ciudad aborda los casos en que los vehículos se utilizan como refugio compartido entre amistades o familiares.
Mientras tanto, Kauffman se ha adaptado a la vigilancia del estacionamiento cambiando su estrategia sobre dónde aparcar su otra RV. A principios de febrero, alguien rompió las ventanillas y saqueó la unidad. Tras el incidente, la mandó remolcar fuera de los límites de la ciudad, hasta Daly City, con la esperanza de evitar más problemas.
Él insta a la ciudad a reformar las reglas del programa LVRP para que se brinde apoyo a las personas según su realidad: “¿Qué ha cambiado realmente con ese programa? Solo estamos pagando los costos”, concluyó.
Kauffman no es la única persona en esta situación. La Coalition on Homelessness recibe con frecuencia testimonios de quienes sufren remolques.
Jennifer Friedenbach, directora de la coalición, describió un caso reciente: una persona dedicada al cuidado del hogar se encontraba en su trabajo —atendiendo la casa de alguien más— cuando remolcaron su vehículo-vivienda. Su perro estaba dentro. “El animal no sufrió daños, pero es muy peligroso porque todas las pertenencias se caen”, señaló.
El hombre, que solo contaba con 60 dólares, necesitaba 107 dólares para recuperar su RV. Solicitó información a la coalición sobre opciones de refugio, pero con listas de espera que se extienden por meses, no hubo nada que pudieran ofrecerle.
José Arámbula, de 48 años de edad, vivió una pérdida similar. El miércoles pasado, el vehículo donde dormía fue retirado del Distrito Misión. Había ido a visitar a una amistad cercana cuando le llamaron para avisarle que había llegado una grúa. Arámbula relató que corrió hacia el lugar.
“Cuando llegué, ya no estaba”, comentó.
Su querida pitbull, Kira, se encontraba dentro del vehículo.
“Cada vez que se llevan una unidad, se llevan todo”, dijo Arámbula. “Te dan un número de teléfono para recuperar tus cosas, pero nadie contesta”.
Arámbula señaló que haber perdido documentos en remolques anteriores le ha dificultado tramitar una nueva identificación o recuperar sus bienes.
“Mis identificaciones estaban ahí. Mi ropa. Todo”, comentó. “Lo pierdes todo”.
Arámbula relató que logró recuperar a Kira, pero no sus pertenencias. Ahora solo tiene la ropa que llevaba puesta y duerme en su coche pequeño con su perra. Mencionó que planea vender el vehículo con la esperanza de ahorrar lo suficiente para comprar otra RV.
“Prometen ayuda mientras todo está ocurriendo”, dijo. “Pero una vez que las cosas se calman, se olvidan de la gente”.
Friedenbach también observó que, a pesar de que el programa cuenta con presupuesto para señalización de estacionamiento, muchos de los avisos aún no se han colocado.
La ordenanza estipula que la ciudad tenía la intención de instalar 400 letreros advirtiendo a quienes conducen sobre las nuevas zonas de vigilancia. Sin embargo, el personal de control de estacionamiento ya no marca los neumáticos con tiza para avisar sobre los límites de tiempo, señaló Friedenbach, lo que significa que muchas personas no saben que corren el riesgo de un remolque hasta que es demasiado tarde.
“Esa idea de que necesitaban presionar y asustar a la población para empujarla hacia la vivienda es absurda”, afirmó. “No hay nada positivo en el resto del programa”.
La brecha se ampliará al comenzar el vencimiento de los permisos
Los permisos del LVRP vencerán en abril, aunque podrían prorrogarse hasta seis meses para quienes cumplan con los requisitos.
“La ciudad está organizando las prórrogas para esos vehículos y trabajará directamente con las personas ocupantes en este proceso”, escribió Jackie Thornhill en un correo electrónico.
Para quienes defienden los derechos de estas personas, esto no es suficiente.
La Coalition on Homelessness insta a la ciudad a cumplir con el requisito de “renovación automática” estipulado en la legislación relacionada, sin necesidad de un nuevo proceso de solicitud, y a mantener la renovación de los permisos cada seis meses hasta que las y los residentes aseguren una vivienda. También exigen que la ciudad reabra el proceso de permisos para quienes quedaron fuera y para quienes han quedado sin hogar después de la fecha límite establecida.
“Nuestra crisis de asequibilidad no desaparecerá”, afirmó Friedenbach. “Seguiremos teniendo a personas que dependen de las RV para refugiarse. La ciudad debe planificar pensando en eso”.
Para la población latina residente, señaló, existen barreras adicionales que agravan el problema: la escasez de personal de enlace que hable español, horarios que entran en conflicto con las jornadas laborales y un temor latente hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras las recientes redadas federales. “La gente siente nerviosismo al abrir la puerta”, comentó.
A medida que los permisos comiencen a vencer esta primavera, es probable que los resultados desiguales de la implementación del programa se vuelvan más visibles.
Para Mercado, lo que está en juego es de vital importancia. Su caso de asilo pende de un hilo. Debe presentarse ante el ICE en junio, pero sin un lugar estable para vivir y sin recursos para costear una defensa legal, no sabe cómo lo logrará. Un solo error podría significar la deportación al país del que huyó.
“No hay nadie que defienda a la población migrante que está en las calles, que sobrevive; no a expensas del gobierno, sino a través de su propia lucha”, concluyó.
Nota de la redacción: este artículo se publicó en nuestra edición impresa del 19 de marzo de 2026. Su versión digital ha sido actualizada para incluir información más reciente proporcionada por la ciudad.
