El 15 de julio, la Junta de Supervisores de San Francisco aprobó un amplio conjunto de ordenanzas que conforman el presupuesto de $15.9 mil millones de la ciudad para los próximos dos años fiscales. Si bien la supervisora Connie Chan, presidenta del Comité de Presupuesto y Asignaciones, describió el resultado como una «propuesta equilibrada» que protege las inversiones en vivienda, las personas defensoras afirman que las medidas agravarán las dificultades de las comunidades de bajos ingresos e inmigrantes.
Entre los cambios se encuentran restricciones controvertidas para el estacionamiento de vehículos recreativos o RV; aumentos de tarifas que podrían afectar a personas vendedoras ambulantes y residentes de clase trabajadora; enmiendas a las normas de la Propuesta C que transfieren el control sobre el gasto en personas sin hogar; y una subvención filantrópica en defensoría de migración.
SF aprueba restricción de estacionamiento para vehículos recreativos
La Junta aprobó la Ordenanza 250655 con 9 votos a favor y 2 en contra, imponiendo una restricción de dos horas de estacionamiento para vehículos grandes, incluyendo vehículos recreativos, en toda la ciudad. La nueva ley afecta a cientos de residentes, muchos de ellos familias latinas de clase trabajadora para quienes esos vehículos son su único hogar.
La supervisora Myrna Melgar, coautora de la medida, la presentó como una respuesta a años de fallas en el sistema de difusión de información sobre vivienda y la aplicación de medidas de seguridad. Describió cómo las familias de su distrito eran ignoradas debido a las barreras lingüísticas y, a menudo, se veían obligadas a alquilar RV inseguros y sin regulación.
“Muchas de estas familias eran simplemente pobres, no hablaban inglés y eran recién llegadas a nuestro país”, dijo Melgar, subrayó que las barreras del idioma a menudo les dificultaban el acceso prioritario a los servicios municipales de albergue y vivienda.
Melgar enfatizó los riesgos ambientales que representan los generadores y el almacenamiento de gasolina en áreas cercanas a vegetación seca y fuentes de agua. La legislación incluye varios mecanismos nuevos: $13 millones durante dos años para subsidios de realojamiento rápido, un «permiso de refugio» renovable de seis meses para residentes de RV que cumplan con las pautas sanitarias y comunitarias, un programa de recompra de vehículos para ayudar a esas comunidades a dejar de vivir en esos vehículos y coordinación entre agencias para monitorear las colocaciones y recuperar el espacio en las calles.
El supervisor Shamann Walton, uno de los dos disidentes junto con Jackie Fielder, denunció la medida como poco realista y punitiva. Citó el cierre en abril del Centro de Triaje de Vehículos Bayview en Candlestick Point, que costaba $2.9 millones anuales para atender a tan solo 35 vehículos recreativos, como evidencia de que incluso programas bien financiados como Candlestick Point no lograron la transición de los residentes a viviendas estables.
«Hubo un fracaso en la transferencia de personas de vehículos a viviendas», dijo Walton. «¿Y ahora, de repente, esas viviendas están disponibles? Creo que no».
El supervisor advirtió que sin suficiente capacidad de albergues ni claridad en su implementación, la ordenanza simplemente desplazaría a las personas de las únicas viviendas que tienen, ignorando y restando prioridad a las personas sin hogar que viven en las calles.
«Este es un plan para criminalizar a las personas que no tienen vivienda estable. Decir que alguien que vive en un vehículo no tiene hogar es malicioso cuando no tiene otro tipo de refugio», señaló.
Calificando el plan de «inalcanzable», Walton instó a la Junta a no apoyar desalojos masivos con el pretexto de la seguridad pública, especialmente cuando las unidades necesarias para albergar a personas ocupantes de RV aún no existen.
La supervisora Connie Chan, quien apoyó la medida, reconoció la controversia y afirmó que supervisaría de cerca su implementación mediante informes mensuales: «Estas garantías no significan que debamos simplemente confiar en el proceso. Debemos seguir exigiendo a los departamentos de la ciudad la responsabilidad de un enfoque compasivo continuo y soluciones orientadas a los resultados», puntualizó.
Chan instó a la transparencia y a realizar ajustes continuos a través del sistema de permisos de refugio y las exenciones de estacionamiento a corto plazo para evitar desplazamientos abruptos.
Cambios presupuestarios aumentan las tarifas y reestructuran programas públicos
Como parte de una votación más amplia sobre la legislación pendiente relacionada con el presupuesto, la Junta aprobó por unanimidad la reestructuración y el aumento de diversas tarifas municipales. Estas incluyeron actualizaciones a las tarifas de inspección sanitaria, nuevas tarifas para el acceso a baños públicos y servicios de Recreación y Parques, y cambios en las normas de uso de las aceras.
Si bien los negocios con permisos se beneficiarán de una menor burocracia, las personas vendedoras ambulantes sin permisos —muchas de ellas migrantes— aún enfrentan la aplicación de la ley, con poca claridad sobre las vías para su cumplimiento.
La presidenta del Comité de Presupuesto, la supervisora Chan, defendió las medidas tarifarias como difíciles pero esenciales para alcanzar los ingresos proyectados: «Nadie quiere aumentar las tarifas. Pero sin ellas, el presupuesto no funciona».
Enfatizó que estos ajustes, si bien no son ideales, son necesarios para equilibrar el plan financiero de la ciudad, y que cada aumento de tarifa contribuye a financiar los servicios municipales, incluyendo programas de vivienda y cumplimiento.
Cambios a la Propuesta C generan inquietudes sobre la transparencia
La Junta modificó la forma en que San Francisco administra la Propuesta C, el impuesto empresarial aprobado por los votantes que financia los servicios para personas sin hogar. La revisión reduce temporalmente el umbral para la reasignación de fondos de dicha propuesta, permitiendo hasta $19 millones en cambios por mayoría simple en lugar de dos tercios hasta 2027.
Los defensores advierten que el cambio desviará fondos de las viviendas de apoyo permanente —la solución a largo plazo para la falta de vivienda crónica— a programas de alojamiento a corto plazo. Este cambio genera alarma entre quienes afirman que socava la intención original de los votantes.
La supervisora Fielder y los supervisores Walton y Chyanne Chen se opusieron al cambio, advirtiendo que podría debilitar la rendición de cuentas y erosionar la supervisión democrática: «Si la colaboración significa aplastar la democracia local, no cuenten conmigo», dijo Fielder, calificando la medida como una reversión del sistema de pesos y contrapesos necesario para mantener el equilibrio de poderes gubernamentales.
Por su parte Chan, quien dirigió las negociaciones presupuestarias, defendió el acuerdo como una solución necesaria para evitar retrasos burocráticos: «Sé que estas enmiendas representan una propuesta equilibrada. En lugar de retrasar estos fondos tan necesarios con un debate parlamentario, quiero que se gasten ya».
La medida fue aprobada por 8 votos a 3.
Se aprueba una subvención de $3.4 millones para defensa migratoria
En un inusual momento positivo, la Junta aprobó por unanimidad el Punto 15, aceptando una subvención filantrópica de $3.4 millones de la Fundación Crankstart para la Unidad de Defensa de Migración del Defensor Público, con lo cual se financiará a tres nuevos abogados y un asistente legal hasta 2029.
La supervisora Jackie Fielder agradeció el apoyo, pero enfatizó la dependencia de la ciudad de la filantropía: “Esto no representa financiación municipal para servicios comunitarios de defensa legal migratoria. Representa una donación de una fundación para la oficina del defensor público. Apoyo esto, pero son dos cosas diferentes. La financiación municipal para servicios de defensa legal migratoria se mantuvo en un nivel mínimo”.
Añadió que la necesidad de inversión pública continua sigue siendo apremiante.
Supervisores exigen respuestas sobre la coordinación con el ICE
Los supervisores Chen y Fielder presentaron nuevas medidas para reforzar la protección de las personas migrantes e investigar la posible colaboración de las fuerzas del orden con el ICE.
Chen presentó una resolución que afirma el derecho al debido proceso y exige protocolos claros para el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Alguacil ante el aumento de la actividad del ICE y los informes de suplantación de identidad.
“Las operaciones del ICE se han intensificado en los últimos meses”, declaró Chen. “Además del aumento de las detenciones y deportaciones en los EEUU, se ha producido un aumento masivo de suplantaciones de identidad por parte de agentes no federales, en las que agentes no federales se hacen pasar por agentes del ICE para sembrar el miedo, el odio y el caos”.
Fielder anunció una investigación formal sobre el SFPD y la Oficina del Alguacil tras una investigación del San Francisco Standard que reveló que los departamentos compartieron información de los lectores de matrículas con varias agencias federales, violando la ley de santuario de la ciudad y el estado.
“Tengo preguntas sobre el costo de desplegar oficiales y alguaciles del SFPD en las protestas, la vigilancia de los manifestantes, los protocolos para proteger a los manifestantes durante las interacciones con el ICE y los pasos, si los hay, que toman las fuerzas del orden para verificar la identidad de los agentes federales para frustrar a los impostores”, dijo.
¿Qué sigue?
Las votaciones del 15 de julio marcaron el primer ciclo presupuestario completo bajo la administración del alcalde Lurie. Si bien algunos funcionarios municipales lo califican de plan «equilibrado» para la recuperación, los críticos argumentan que las últimas políticas de la ciudad se centran más en la aplicación de la ley que en la inversión, lo que aumenta los costos para los residentes vulnerables, a la vez que promete una ayuda limitada y reduce los recursos para los departamentos y organizaciones destinados a apoyar a las personas más vulnerables.