El 8 de julio, una escena caótica se desató frente al tribunal de migración de San Francisco, una ciudad que se autoproclama santuario. Varios hombres enmascarados, presuntos agentes federales, apuntaron un rifle contra manifestantes y un periodista. En el mismo incidente, una persona fue rociada con gas pimienta y un vehículo arremetió contra la multitud, todo ello sin una identificación clara ni confirmación de que fueran agentes del ICE.
Desde su declaración inicial en 1985 como ‘Ciudad de Refugio’ para centroamericanos huyendo de la violencia apoyada por los EEUU, San Francisco formalizó su compromiso en 1989 con la Ordenanza de Santuario. Desde entonces, esta legislación clave busca proteger a las personas migrantes de la intervención federal y, crucialmente, impedir que cualquier agencia municipal coopere con el ICE en la separación familiar.
Fue una medida audaz en su momento, pero tal audacia exige una constante renovación. En el presente, ¿San Francisco mantiene esa promesa?
No del todo.
Aunque la Ordenanza de Santuario prohíbe al funcionariado municipal usar fondos públicos para ayudar al ICE (a menos que lo exija la ley federal o estatal), la protección a menudo se desvanece donde comienza la criminalización. Aun cuando se han rehabilitado, las personas con condenas pasadas o menores suelen ser excluidas de los fondos de defensa legal y, mientras las iniciativas de respuesta rápida colapsan bajo la gran demanda, el ICE sigue actuando localmente, desmembrando familias sin que la ciudad de San Francisco intervenga con la prontitud requerida.
Es de reconocerse el trabajo que realizan organizaciones comunitarias y el personal de respuesta legal que forma la primera línea de defensa en San Francisco ante el ICE: aquellas personas a cargo de atender las líneas directas de atención, las que se presentan en los centros de detención y brindan apoyo multilingüe. Sin embargo, estos sistemas carecen de recursos y están sobrecargados.
¿Dónde está el liderazgo de la ciudad?
Para ser una verdadera ciudad santuario en el presente, San Francisco debe pasar de la protección simbólica a la respuesta y preparación. Estas brechas en la protección exigen acciones urgentes, lo que significa:
- Ampliar los fondos de defensa legal para asistir a las personas migrantes que independientemente de sus antecedentes penales, enfrentan procesos de deportación, siguiendo el ejemplo del Fondo de Justicia de Los Ángeles.
- Impulsar el acceso virtual permanente a los tribunales de migración. Las audiencias remotas durante la pandemia mantuvieron a las familias seguras y redujeron los encuentros con el ICE. Ya se hizo anteriormente y se debe continuar haciendo para prevenir más daños.
- Crear un protocolo de protección familiar para toda la ciudad con planes de reunificación, cuidado infantil de emergencia, apoyo adaptado a traumas y alojamiento temporal.
- Exigir auditorías de transparencia y cumplimiento en todos los departamentos de la ciudad, incluido el SFPD, para garantizar que no se produzca ninguna cooperación informal con el ICE.
Esto es especialmente crucial dados los recientes comentarios del subjefe del SFPD, Derrick Lew. Según informó Mission Local, Lew reconoció que el SFPD «podría necesitar proteger a los agentes del ICE contra los manifestantes, o viceversa», y añadió: «No nos parecerá bien… pero no queremos que la comunidad salga perjudicada».
Esta difusa línea de ‘neutralidad’ revela una realidad preocupante: cuando el SFPD se posiciona entre el ICE y la comunidad, nuestra política de santuario se está viendo socavada.
Si la ciudad solo defiende su estatus de santuario con palabras, hechos, no hechos, ¿qué protección real ofrece?
También son esenciales medidas adicionales:
- Exigir a la Oficina de Participación Cívica y Asuntos Inmigrantes (OCEIA, por sus siglas en inglés) publique una evaluación de su capacidad de respuesta rápida, incluyendo las necesidades no atendidas y su estado de financiación actual.
- Invertir en campañas multilingües de ‘Conoce tus derechos’ en los sistemas de transporte público, así como en clínicas, escuelas y redes sociales.
La seguridad pública no puede ser selectiva, ni la protección de la comunidad migrante ser condicional. El estatus de santuario debería significar más que sobrevivir a las medidas de seguridad, debería significar una verdadera pertenencia.
Es fundamental que las familias migrantes y las comunidades de color se sientan seguras al interactuar con servicios esenciales como escuelas, el 911 o centros de alimentación y refugio. No deben vivir bajo el temor de que su presencia sea cuestionada o que su información sea compartida.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, está dando un claro ejemplo: cuando unidades del ICE y la Guardia Nacional se desplegaron en el Parque MacArthur a principios de este mes, su oficina condenó el operativo y movilizó una respuesta legal y humanitaria a gran escala. Posteriormente, el 7 de julio de 2025, anunció un plan financiado por la ciudad para brindar asistencia financiera directa a las familias afectadas por las redadas migratorias generalizadas, un reconocimiento de que las pérdidas financieras son parte de la devastación causada por el ICE.
Este es un ejemplo de políticas proactivas que responden a las necesidades y temores reales, mientras las comunidades se preparan para lo que podría aumentar bajo esta administración federal.
Mientras tanto, la alcaldía de San Francisco, en contraste, ha permanecido en silencio ante amenazas similares. Lo cual debe cambiar. El santuario no es un legado al que podamos aferrarnos, sino un compromiso que debemos renovar. Ante la incertidumbre federal y el aumento operativo del ICE, no podemos permitirnos la inacción. Es momento de construir sistemas, de apoyar financieramente a quienes brindan defensa legal y tratar a cada familia afectada con la dignidad que merece.
No se trata de pedir un estatus de santuario simbólico, sino de exigir protección real.
Merecemos un liderazgo que no sólo hable, sino que brinde apoyo en estos momentos críticos. Y no estamos solos en esta postura: en toda la ciudad, integrantes de la comunidad, personal educativo, representantes legales y organizaciones exigen acciones urgentes.
Lea y firme la carta abierta que exige una aplicación más estricta de las leyes de ciudad santuario y protección para las comunidades migrantes, siguiendo este enlace.
Es hora de que San Francisco contribuya a su legado con acciones.