La mañana del sábado 23 de agosto, Reyna Uñane, de 69 años de edad, suplicó a un inspector del Departamento de Salud Pública (DPH, por sus siglas en inglés) que no le quitara la estufa que usaba para cocinar pupusas en su puesto de venta habitual, en la esquina de las calles 22 y Misión. Reyna no fue la única: ese mismo día, otras once personas vendedoras de comida ambulante vieron cómo les impedían empezar su jornada comercial. A cuatro de ellos, los inspectores les confiscaron su equipo.
“La ciudad debería perseguir a los verdaderos delincuentes”, dijo Marta Regidor, vendedora de frutas y frijoles, quien cuenta con su registro comercial, más no permiso de venta ni del DPH. Dijo que la obligaron a salir de la calle mientras que, al otro lado de la plaza, el contraste era evidente: al cruzar la calle 24 y Misión, los vendedores de artículos robados seguían operando sin problemas.
A pesar de que funcionarios de San Francisco llevan meses insistiendo que no se han tomado medidas en contra de la venta de comida ambulante informal, ese sábado, inspectores y agentes del alguacil lanzaron un operativo, de varios, desalojando a una docena de comerciantes y confiscando equipos por valor de miles de dólares.
Según registros públicos revisados por El Tecolote muestran que en marzo, la Ciudad integró discretamente un grupo de trabajo para crear un programa que conduzca a la obtención del permiso para la venta de comida ambulante en mesas, carritos, vitrinas, vagones y otros vehículos no motorizados. En un memorando interno del 10 de junio obtenido por El Tecolote, el director de Salud Ambiental, Patrick Fosdahl, afirmó que el nuevo programa busca reducir el número de vendedores de comida no autorizados al implementar un “proceso de permisos con requisitos mínimos para quienes desean operar legalmente”.
Sin embargo, tal como está redactada, esta nueva vía está fuera del alcance de muchas personas vendedoras informales de la ciudad. Junto con un aumento en la aplicación de la ley, estas personas afirman que el objetivo final de la ciudad es desmantelar por completo un frágil sustento económico.
La tregua de las autoridades con la venta de comida ambulante en la calle Misión terminó a mediados de agosto, cuando los inspectores volvieron a la calle y advirtieron que se reanudarán las inspecciones diarias.
Operaciones Móviles de Comida (CMFO): ¿qué funciona y qué no?
El nuevo permiso es para las Operaciones Móviles y Compactas de Alimentos (CMFO, también por sus siglas en inglés). Creadas bajo la ley de California de 2022, una CMFO puede ser un negocio de comida ambulante desde un puesto de venta no motorizado. La idea detrás de las CMFO es estandarizar la regulación de los carritos de comida y ofrecer una alternativa una alternativa asequible a los costosos food trucks (camionetas de comida o gastronetas), que están regulados por el permiso de Instalación Móvil de Alimentos (MFF) de la ciudad.
Sin embargo, la lista de requisitos para una CMFO es extensa.
Según los planes preliminares, cualquier persona que venda alimentos sin envasar considerados alimentos potencialmente peligrosos, como pupusas y fruta picada debe elaborar planos detallados de los puestos para su aprobación por parte de la ciudad, pagar el alquiler de una cocina de comisariato para la preparación y el almacenamiento diarios, y proporcionar lavamanos, protección superior y acceso a un baño a menos de 60 metros de distancia. También requieren tener un certificado de manipulación de alimentos y refrigeración para alimentos perecederos.
Para las personas vendedoras, el marco de las CMFO es inaccesible. Argumentan que, a pesar de sus bajas tarifas, los costos ocultos de los vehículos, las cocinas de comisariato y el almacenamiento se convierten en una barrera insuperable.
Uñane, quien hasta la semana pasada vendía pupusas en la esquina de las calles 22 y Mission, se enfrenta a un dilema: para cumplir con los nuevos requisitos, necesita invertir en un carrito equipado con lavamanos y desagüe. A pesar de que las CMFO están pensadas para ser una alternativa más pequeña, Uñane considera que solo un food truck cumpliría con las normas, lo que implica una inversión de miles de dólares. Mientras tanto, su estufa de $500, con la que solía trabajar, ya no está.
¿Vigilancia disfrazada de solución?
En marzo, personal del ayuntamiento retomó una antigua propuesta para iniciar conversaciones y restringir la venta a menos de una cuadra de las estaciones del BART, en parques, cerca de lugares para eventos y en banquetas de menos de cinco metros de ancho.
A través de una solicitud de acceso a registros públicos, El Tecolote obtuvo un documento en versión borrador titulado ‘Horario y ubicación restringidos para la venta ambulante’, que la supervisora del Distrito 9, Jackie Fielder, distribuyó el 22 de abril a su asistente y, posteriormente, a Rafael Moreno, gerente senior de programas de la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral (OEWD, por sus siglas en inglés).
Tanto Fielder como el OEWD afirmaron que el documento no es vigente ni sirve de guía para la normativa actual. Sin embargo, los escenarios que describe, incluyendo la eliminación de puestos en las plazas del BART y la inspección de las banquetas, reflejan la situación que han estado experimentando las personas vendedoras.
Luis L., un vendedor de fruta fue removido en mayo de la Plaza BART de la calle 24 por estar demasiado cerca de hidrantes; se reubicó media cuadra al norte y sus ventas cayeron un 20% y asegura que no puede costearse un permiso. «Para obtener un permiso (del DPH), tendría que invertir miles de dólares que no tengo”. Aun si pudiera costear los requisitos, Luis no tiene dónde guardar el equipo en casa.
La creciente presión en la ciudad las ha motivado a organizarse. Desde mayo comenzaron a reunirse con Rodrigo López, de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la Misión. En las últimas semanas, incluso formaron su propia agrupación, colaborando con organizaciones sin fines de lucro como Nuestra Causa, CLECHA y Calle 24 para impulsar procesos de permisos más claros y accesibles.
Cuando el proceso de las CMFO se presentó al comité asesor de la alcaldía a principios de junio, sus integrantes manifestaron inquietudes sobre el acceso a las cocinas comerciales o de comisariato y las restricciones sobre dónde podían operar las personas vendedoras.
Según un memorando de Fosdahl y una hoja de ruta interna, la estructura del permiso está siendo desarrollada en coordinación con el DPH, la Alcaldía, la supervisora Jackie Fielder, el OEWD y organizaciones de la sociedad civil.
Para la elaboración del borrador final, que debe estar listo el 27 de octubre, se solicitó a finales de junio la colaboración de más agencias municipales. Este documento formalizará la inclusión de las CMFO en el código municipal, según informó por correo electrónico el inspector principal de salud ambiental, Abel Simon.
La Oficina de Desarrollo Económico y Laboral (OEWD) no ha respondido a las preguntas sobre la fecha de disponibilidad del proceso de solicitud del permiso. Así, mientras el marco de permisos sigue inconcluso, la aplicación de la ley ya ha sido reanudada.
Apenas dos días después de la redada, las personas vendedoras que lograron salvar su equipo ya estaban de vuelta en la calle el lunes, listas para seguir trabajando. «¿Por qué vamos a salir corriendo si estamos trabajando con la Ciudad de buena fe?», preguntó Marta Regidor
Al día siguiente, la gran mayoría votó a favor de resistir: en una asamblea general de su asociación, 46 personas vendedoras votaron a favor de emprender una campaña pública con protestas en caso de ser necesario.
Al respecto, Rodrigo López dijo que muchas de ellas seguirán vendiendo entre semana, evitando hacerlo los fines de semana, cuando hay mayor probabilidad de redadas: «Seguirán arriesgándose para ganarse la vida. La Ciudad no dejará de acosar a las y los vendedores de comida hasta que tomen medidas más contundentes, como manifestarse frente al ayuntamiento y organizar protestas públicas».