Tras la aprobación unánime de una nueva ley el pasado martes por la Junta de Supervisores de San Francisco, que podría obligar al cierre de varios puestos de comida en la vía pública —muchos de ellos pertenecientes a personas migrantes latinas— o forzarlas a gastar miles de dólares en renovaciones, la comerciante Marta Regidor evalúa sus opciones.
“¿De dónde voy a sacar todo ese dinero? No sé qué voy a hacer, tendría que pedir mucho prestado”, comentó Regidor, quien ofrece mangos, frijoles, tamales, miel y fruta picada en la calle Misión.
Apenas la semana pasada, ella consultó con Emanuel Baca, un fabricante de Oakland especializado en carritos fruteros. En la intersección de las calles 24 y Misión, Baca le mostró un modelo que ya cuenta con la aprobación del Departamento de Salud Pública. Según explicó a El Tecolote, el costo de un carrito que cumpla con las nuevas exigencias municipales asciende a los 12,800 dólares.
La ley fue aprobada unánimemente por las y los diez supervisores presentes. La Supervisora Jackie Fielder, quien anteriormente había apoyado el aplazamiento de la votación, estuvo ausente.
Esta nueva legislación requiere a las personas comerciantes contar con carritos de venta equipados con dos fregaderos, agua corriente fría y caliente, y sistema de refrigeración; todo ello por una inversión que ronda los 15 mil dólares. Para quienes preparan alimentos calientes en el sitio de venta, los requisitos son aún más estrictos y costosos. La ley también les requiere realizar su preparación en una cocina comercial, lo que puede representar un gasto cercano a los 2,400 dólares mensuales.
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La ley actualiza las normas de venta en la vía pública de la ciudad para estar en cumplimiento con el Código de Alimentos de California, y crea la nueva categoría ‘puestos de comida móviles y compactos’ y amplía la facultad de control del Departamento de Obras Públicas.
Mientras tanto, condados vecinos como San Mateo y Santa Clara han implementado programas de Operaciones de Cocina Casera para Microempresas (MEHKO, por sus siglas en inglés), los cuales permiten que quienes emprenden preparar los alimentos en sus hogares y evitar el gasto de una cocina comercial. San Francisco aún no ha adoptado esta medida.
Sin alternativas para cumplir con la normativa, quienes se dedican a esta actividad comercial aseguran que los operativos de decomiso son su preocupación inmediata. En operativos anteriores, se ha llegado a la confiscación de carritos y al desecho de alimentos con un valor de cientos de dólares. La nueva ley también expande la autoridad del Departamento de Obras Públicas para regular y sancionar esta venta en la vía pública.
Quienes se dedican a esta actividad comercial y las organizaciones comunitarias reaccionaron con rapidez.
En un correo electrónico al que tuvo acceso El Tecolote, Nuestra Causa, el colectivo liderado por comerciantes instó a las supervisoras Connie Chan y Jackie Fielder a presentar una resolución que les ayude a cumplir con los nuevos requisitos.
La propuesta de resolución solicita a la ciudad suspender la fiscalización de la norma sobre cocinas comerciales hasta que el Departamento de Salud Pública analice cómo implementar el programa MEHKO. Asimismo, busca apoyo financiero para la adquisición de carritos y la ampliación de los espacios de venta, señalando que el límite actual de diez puestos por cuadra suele estar cubierto por quienes venden mercancías.
La labor de control por parte del Departamento de Obras Públicas de la ciudad se había postergado durante varios meses, mientras las autoridades actualizaban los códigos locales para adecuarlos a la ley de California de 2023 que despenaliza la venta en la vía pública.
“Nos decepciona, pero la organización comunitaria nunca se ha tratado de un solo voto. Se trata de lo que viene después”, afirmó Leila Ovando, directora de Acceso a Alimentos y Equidad de Nuestra Causa. El colectivo ahora impulsa una resolución para que el cumplimiento de la norma sea factible para quienes denuncian que cumplir con la ley es económicamente inalcanzable.
“La responsabilidad recae ahora en la ciudad para asegurar que esto realmente funcione”, señaló Ovando.
“Hacemos un llamado a los liderazgos que han apoyado a las comunidades migrantes para que saquen adelante una resolución que marque un rumbo claro: que se construya la infraestructura, se implemente el programa de cocinas caseras y se garantice que quienes se dedican a la venta no reciban sanciones mientras se termina de construir ese sistema”, añadió. “La legalización debe funcionar en la práctica, no solo en el papel”.
Mientras esperaba el BART, Marta Regidor describió la incertidumbre que ha generado la nueva legislación: “Esto es un gran dolor de cabeza”, comentó. “¿Necesito un carrito y una mesa? Todo esto es un dilema para mí. No sé qué voy a hacer”.
Al cierre de este reportaje, las oficinas de las supervisoras Connie Chan y Jackie Fielder no respondieron a nuestra solicitud de declaraciones.