San Francisco someterá a votación el miércoles 11 de febrero una controvertida propuesta para regular la venta de comida en la vía pública mediante un nuevo permiso. La iniciativa ha generado preocupación entre comerciantes y activistas, quienes advierten que su implementación forzaría a muchas personas del Distrito Misión a suspender su actividad comercial.
Sosteniendo un cartel que decía “Pagamos impuestos” por un lado y “Tengo certificación en manejo de alimentos” por el otro, Ana, una vendedora de tamales, protestó el martes contra la propuesta junto a sus colegas frente a la estación del BART de la calle 24.
Está previsto que el Comité de Presupuesto y Finanzas de la Junta de Supervisores analice la propuesta el miércoles 4 de febrero a las 10 AM, para luego proceder con la votación de la Junta de Supervisores el 11 de febrero.
De aprobarse la legislación, Ana tendría la obligación de preparar sus alimentos en una cocina comercial certificada, con un costo aproximado de $30 la hora, una cifra mayor a lo que percibe como ganancia. Este requisito también le obligaría a cambiar su horario de trabajo. Ana comienza a preparar la comida a las 2 AM., para poder iniciar las ventas a las 7 AM., un horario en el que las cocinas comerciales de organizaciones no lucrativas, como La Cocina, permanecen cerradas.
Esta legislación tiene como objetivo adecuar la normativa de San Francisco con el Código de Alimentos para la Venta Minorista de California. Esto surge a partir de la ley SB 972 —una iniciativa impulsada por representantes de la comunidad latina en la legislatura estatal— que, desde 2023, despenaliza la venta de comida en la vía pública en todo el estado.
En lugar de legalizar la venta de forma directa, la ordenanza crea una nueva categoría de permisos para puestos de comida móviles y compactos (CMFO, por sus siglas en inglés), una nueva categoría de permiso para la venta ambulante no motorizada, que abarca el uso de carros, carretillas o puestos.
El Tecolote informó en septiembre que este permiso propuesto por la ciudad —presentado por las autoridades como una ‘vía’ hacia la legalización— probablemente sería inalcanzable para muchas personas que venden de manera informal debido a los requisitos de las cocinas comerciales, los costos de equipo y el aumento en la vigilancia. En aquel entonces, quienes se dedican a esta actividad comercial advirtieron que la propuesta corre el riesgo de desmantelar por completo la venta ambulante.
Bajo esta ordenanza, los Puestos de Comida Móviles y Compactos o CMFO se clasificarían como operaciones de riesgo bajo, moderado o alto, según el tipo de alimentos y el nivel de preparación. Las tarifas por el permiso y la revisión de planes oscilarían entre los $188 y los $502.
Quienes se dedican a esta venta tendrían la obligación de obtener permisos de los departamentos de Salud Pública, Obras Públicas y, en ciertos casos, de Bomberos. Asimismo, deberán cumplir con las exigencias del código de salud estatal sobre la preparación de alimentos, el equipo y las instalaciones para el lavado de manos.
Tanto activistas como personas dedicadas a esta actividad comercial han propuesto un modelo alternativo que no figura en la propuesta de la ciudad: las Operaciones de Cocina Casera para Microempresas (MEHKO, por sus siglas en inglés), una ley de California de 2018 que ya funciona en Los Ángeles. Las MEHKO permiten que los alimentos se preparen en cocinas domésticas para su venta. Esta propuesta exigiría que la ciudad supervise y regule las cocinas de hogares particulares.
Aunque la propuesta de San Francisco busca agilizar el proceso de permisos y condonar las tarifas del primer año, también exigiría que quienes venden fruta fresca y comida caliente preparada al momento utilicen carritos estandarizados con un costo cercano a los $15 mil. Este gasto resulta inalcanzable para muchas personas cuyo único sustento es la venta de alimentos en la vía pública.
Muchas de estas personas pudieron asistir a la protesta debido a que la policía de San Francisco ha retirado a gran parte de los puestos sin permiso del corredor de la calle Misión desde el sábado, como medida previa a los eventos del Super Bowl en la ciudad, según informó un oficial en la zona que pidió no ser identificado.
A medida que la vigilancia se intensifica, el sector se ha organizado cada vez más. Andrea Guirola, vendedora de comida ambulante, se ha convertido en líder y defensora de un grupo de 60 comerciantes del Distrito Misión, quienes se han articulado a través del Comité de Vendedores de Comida, con el apoyo de la organización Nuestra Causa.
La semana pasada, Guirola y varias personas dedicadas a la venta ambulante de alimentos tocaron a las puertas de la Junta de Supervisores para solicitar su apoyo: “Algunas oficinas cerraron sus puertas”, comentó Guirola. “Otras, como la de Jackie Fielder, nos recibieron con mucha apertura”.
Cecilia, de 46 años y quien se ha ganado la vida vendiendo tamales en el Distrito Misión durante cinco años, afirmó que la propuesta dejaría a quienes venden sin ninguna opción viable: “Mi trabajo es digno, pero lo poco que gano se iría por completo en [cumplir con] las exigencias de la Ciudad. Esta [normativa] nos pondría al borde de tener que robar para poder comer. ¿Quién sale ganando con eso?”