En el rincón de una habitación de hospital, María Zavala, de 37 años de edad, procura mantener la vida familiar; ahí guarda juguetes, vasos de yogur y cajas de jugo. Junto a una silla de visitas, hay un pequeño bolso negro con ropa y un par de sandalias. Durante casi tres meses, ese cuarto ha sido el único hogar de ella y su hija Samara, de 7 años de edad. No tienen otro hogar al que regresar.
Desde 2023, esta familia ha vivido en la calle, dormido en su auto y rebotado de un hotel a otro antes de mudarse finalmente a la Salvation Army Harbor House hace un año. Ahora, con Samara en el hospital, ha comenzado una nueva lucha.
Samara padece el síndrome de CLIPPERS, una rara enfermedad inflamatoria del cerebro y la médula espinal. Desde junio, se ha sometido a tres cirugías mayores de columna. La última requirió implantes y una corona de halo, un marco de metal atornillado a su cráneo para mantener la columna vertebral estable. Cada día continúa con su terapia, caminando unos pasos o agachándose para alcanzar un juguete mientras su madre la observa con orgullo y esperanza.
Pero fuera del hospital, Zavala enfrenta otra crisis. Asegura que el sistema de puntos de la ciudad, llamado Entrada Coordinada, le ha negado a su familia vivienda permanente en repetidas ocasiones, sin ofrecer suficientes recursos adicionales, a pesar de que dos de sus tres hijos viven con discapacidad.
“Este sistema es una burla y juega con nuestra salud mental constantemente”, denuncia Zavala. “¿Para quién es San Francisco un santuario si siempre estamos expuestas a otro tipo de deportación u otra notificación de desalojo del albergue?”
Un problema con solución: el obstáculo es la falta de inversión, dicen los defensores
El miércoles, Zavala encabezó una conferencia de prensa junto con organizadores de Faith in Action Bay Area (FIABA) frente a la Escuela Primaria César Chávez, a la que asiste Samara. Los cánticos de «Todos somos Samara» llenaron la calle.
«Tenemos unos 3 mil estudiantes sin hogar en nuestras escuelas y es un problema con solución», dijo Matt Alexander, miembro de la junta del SFUSD y organizador de FIABA. «¿Por qué tenemos un sistema que asigna puntos a las personas? Porque no hemos invertido lo suficiente. Si invirtiéramos lo suficiente para albergar a cada familia, no tendríamos que usar una computadora para determinar quién merece [vivienda] y quién no».
En mayo, la ciudad aprobó 90 millones de dólares para solventar la escasez de personal policial y el pago por horas extras. Personas defensoras afirman que una propuesta paralela de 66 millones de dólares para vivienda podría ayudar a más de 2 mil familias con subsidios de alquiler, vales de hotel y vías para acceder a una vivienda a largo plazo. «Todas estas familias tendrían una vivienda permanente, ya sea en apartamentos privados o en viviendas asequibles financiadas por la ciudad», dijo Alexander. «¿Por qué no se ha resuelto este problema?», cuestionó.
Según el recuento Point in Time 2024, 405 familias, con 1,103 personas, se encontraban sin hogar, en una sola noche de enero, en San Francisco. Esta cifra casi duplicó a la registrada en 2022. Las familias representaban el 14% de la población sin hogar de la ciudad, de 8,323 personas. Aproximadamente dos tercios se encontraban en albergues y un tercio sin ellos. Las personas de origen latino representaban de forma desproporcionada el 34% de las personas sin hogar de la ciudad.
En 2018 se lanzó el Sistema de Entrada Coordinada, cuyo objetivo era priorizar a que familias vulnerables obtengan vivienda. Sin embargo, los umbrales de puntuación son tan estrechos que sólo una fracción califica. Ahora, a partir de junio de 2025, necesitan entre 90 y 114 puntos para ser consideradas para la Reubicación Rápida, y entre 115 y 160 para acceder a Vivienda de Apoyo Permanente. Menos del 20% de esas familias se encuentran en la primera categoría y menos del 10% en la segunda.
Según los paneles de control de la ciudad, más de 12 mil personas fueron evaluadas a través del Sistema de Entrada Coordinada entre julio de 2024 y mayo de 2025, pero solo 69 de ellas fueron ubicadas en vivienda durante ese período. En mayo, sólo se realizaron dos asignaciones, a pesar de haberse realizado casi mil evaluaciones. Las familias representaron el 15% de las valoraciones, pero constituyen el 43% de las asignaciones. Esta brecha subraya la dificultad para que las familias pasen de la evaluación a la vivienda.
El Tecolote contactó a la oficina del alcalde Daniel Lurie, quien derivó las preguntas al Departamento de Vivienda para Personas sin Hogar y con Apoyo (HSH, por sus siglas en inglés). En un comunicado, este departamento indicó que, si bien las familias que ingresan al sistema reciben recursos, no todas califican para la Vivienda de Apoyo Permanente. A quienes no se cualifiquen, según el departamento, se les ofrecerá asistencia financiera, realojamiento rápido o subsidios mínimos.
Una madre que encuentra su voz en la organización comunitaria
Zavala nunca imaginó que migraría con su familia de Honduras a San Francisco hace dos años. “Fue una decisión que tuvimos que tomar por nuestros hijos: brindarles la atención médica que necesitan”.
Ella no es solo una madre que lucha por sus hijos, sino también una líder comunitaria. Como organizadora de Faith in Action Bay Area, ha presionado a la ciudad para que tome medidas contra la falta de vivienda familiar. Su activismo ha tenido resultados. En mayo, coescribió un artículo de opinión en el San Francisco Examiner, instando al alcalde Daniel Lurie a detener los desalojos de familias sin hogar de los albergues. Dos meses después, en julio, el gobierno puso fin a la normativa y anunció $30 millones en nuevos fondos para las familias sin hogar.
Pero esta madre de familia cuenta que cuando buscó ayuda para la recuperación de Samara, el personal del Punto de Acceso de la ciudad le comunicó que no eran “lo suficientemente sin hogar” como para cualificar.
Tras la conferencia de prensa, Zavala y personas organizadoras comunitarias marcharon hacia Caridades Católicas, uno de los puntos de acceso al Sistema de Entrada Coordinada de la ciudad. Después de esperar media hora, el personal le informó que no podían atenderla ese día. Frustrada, Zavala prometió volver al día siguiente. «Quería que la gente viera lo difícil que es todo esto, y miren, hoy me lo negaron», lamentó.
Según el GoFundMe creado para ayudar a su familia, la hospitalización de Samara se extenderá hasta finales de septiembre. Pero sin un subsidio para cubrir el alquiler, podrían tener que enfrentar una cruda realidad: que la niña se recupere en una cama de un refugio, en lugar de en un hogar.
De vuelta en el hospital, Samara se acomodó en la cama tras su terapia, buscando su iPad. Con los brazos extendidos para un beso, su madre se inclinó hacia ella, sonriendo con ternura. Sin embargo, para Zavala, cada pequeño momento de sanación se ve ensombrecido por la gran pregunta de dónde dormirán después.
