En los últimos tres años, G.H., de 51 años de edad, afirma haber pasado más tiempo en el Hospital General de San Francisco que en su casa. En 2022, esta salvadoreña apenas sobrevivió a violencia doméstica al ser lanzada desde un edificio de dos pisos en Daly City. El impacto de la caída fracturó su tobillo y causó daño permanente en su espalda y cadera.
Al llegar al hospital, G.H., —quien pidió ser identificada por sus iniciales— comentó que sus médicos la inscribieron en Medi-Cal, el programa de seguro médico de California para residentes de bajos ingresos. Desde entonces, la cobertura financiada por el estado ha cubierto múltiples cirugías, fisioterapia y tratamientos como acupuntura para controlar sus lesiones y dolor crónico, además de terapia para el trauma emocional que aún manifiesta.
El personal médico le informó que su recuperación total no será posible, por lo que se enfoca en mejorar su motricidad y su bienestar. El 2 de julio, el Senado de los EEUU aprobó la controversial ley fiscal que podría recortar muchos de los beneficios federales de atención médica para personas migrantes con y sin estatus legal.
La ley, ahora en camino a la Cámara de Representantes para su aprobación final, requeriría a los estados —incluyendo California— asumir una mayor proporción de los costos de atención de emergencia para la población migrante. También restringiría los requisitos de calificación para Medicaid (conocido como Medi-Cal en California), dejando sin cobertura médica a personas refugiadas, en libertad condicional y sobrevivientes de violencia doméstica, a menos que los estados opten por financiarla mediante programas de expansión, como lo hace actualmente California con sus residentes indocumentados.
“Sería terrible para todos”, dijo G.H., quien es indocumentada pero está en proceso de solicitar una visa U. Incapaz de trabajar debido a sus lesiones, ahora depende del sustento de sus hijos y le preocupa que los cambios que se avecinan puedan poner en peligro su acceso a la atención médica esencial. California, que enfrenta su propia crisis presupuestaria, ya ha reducido parte de su programa de expansión de Medi-Cal. “Hay mucha gente que ha trabajado toda su vida aquí. Ahora necesitan asistencia médica —y se las están quitando”, agregó.
Recortes presupuestarios amenazan la atención médica de la población migrante
Muchas personas migrantes no cumplen con los requisitos para recibir beneficios federales de salud como Medicaid, excepto en casos de emergencia. Sin embargo, durante la última década, varios estados liderados por demócratas han utilizado sus propios fondos para ampliar la cobertura médica gratuita y de bajo costo a todas las personas residentes de bajos ingresos o con discapacidad, sin importar su estatus migratorio.
California comenzó la expansión de Medi-Cal en 2016 brindando cobertura a menores de 18 años y, en 2024, la amplió hasta adultos indocumentados de entre 25 y 49 años de edad.
Pero el estado subestimó la cantidad de personas migrantes que se afiliarían: actualmente, más de 1.6 millones tienen cobertura médica, lo que le cuesta a California más de $2 mil millones más de lo previsto, lo que ha llevado a la asamblea legislativa a reconsiderar el alcance de su compromiso con la atención médica universal.
El primero de julio, ese poder legislativo aprobó un plan para cobrar mensualmente $30 a dichas personas entre 19 y 59 años de edad que se inscribieron durante la ampliación del programa y suspendieron nuevas inscripciones. Se añadió un período de gracia de seis meses para la reinscripción y se eliminaron las prestaciones para servicios dentales a las personas afiliadas durante esa expansión.
Dicha asamblea negoció propuestas más agresivas por parte del gobernador Gavin Newsom, que incluían primas más altas, la eliminación de los cuidados a largo plazo y prolongar la suspensión de las inscripciones. Sin embargo, sin un apoyo federal integral, incluyendo las visitas a urgencias, la asamblea advierte que pronto podrían presentarse recortes más profundos.
Profesionales de la salud y defensores advierten sobre una inminente reducción
Personal del sector salud y defensores de la población migrante afirman que limitar el acceso a la atención médica podría empeorar los resultados de salud en comunidades ya vulnerables, desde el aumento de las visitas a urgencias hasta enfermedades crónicas sin tratamiento. Algunos casos, como G.H., afirman que no podrán pagar las tarifas propuestas, otros temen la pérdida de los servicios de los que dependen.
“Nos dicen que no hay suficiente dinero para la atención médica, pero siempre hay dinero para detener y deportar a nuestras comunidades”, dijo María Moreno de Mujeres Unidas y Activas, una organización no lucrativa del Área de la Bahía que apoya a mujeres migrantes. “Eso es un ataque directo a las comunidades de clase trabajadora, migrantes y sobrevivientes”.
En las clínicas comunitarias, donde se atiende a muchas personas migrantes de San Francisco, el personal afirma que la reducción de ingresos podría limitar los servicios que ofrecen.
“Me da miedo el retroceso”, dijo Juan Carlos Lozano, médico de familia del Centro de Salud Familiar del Hospital General Zuckerberg de San Francisco. “Logramos muchos avances para tratar la atención médica como un derecho, porque lo es. Pero temo que, en este entorno político, estamos perdiendo ese aspecto humano que se supone debemos defender”.
¿Podrá la red de seguridad social de San Francisco absorber el golpe?
San Francisco podría ser una de las zonas mejor preparadas del estado para responder a estos recortes, gracias a los programas ya establecidos, dijo Laurel Lucia, directora del Programa de Atención Médica del Centro Laboral de la UC Berkeley.
Desde 2006, el Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH, por sus siglas en inglés) ha gestionado Healthy San Francisco, un programa que ofrece servicios médicos básicos a personas adultas sin seguro con tarifas ajustadas a sus ingresos. El programa excluye la atención a largo plazo y ciertas cirugías, y los tiempos de espera pueden ser largos; sin embargo, durante años, ha sido un salvavidas para pacientes migrantes.
En toda la ciudad, tanto las clínicas públicas como las independientes han generado confianza durante décadas empleando personal bilingüe y bicultural y manteniendo sólidas relaciones con las comunidades migrantes.
“He dado seguimiento a pacientes durante más de 15 años”, dijo Brad Williams-Padilla, director médico del Centro de Salud Comunitario de la Misión (MNHC, también por sus siglas en inglés), que opera dos clínicas en los barrios latinos de San Francisco. “Hay una profunda confianza que surge simplemente de estar aquí de forma constante a lo largo del tiempo”.
Dennisse Porter, enfermera practicante y directora médica asociada de la Clínica Shotwell del MNHC, afirmó que, aunque el centro sigue siendo vulnerable (el 84% de sus pacientes tenían seguro público el año pasado), su compromiso es con la atención continua.
“Quizás tengamos que cambiar la forma en que prestamos servicios, pero no creo que eso cambie a quiénes atendemos”, dijo Porter. “Y es un desafío, ¿verdad? Porque cuando todas las personas podían acceder a Medi-Cal, era fantástico. La gente finalmente recibía la atención que había necesitado durante años”.
Aún no está claro cómo la ciudad financiará ese compromiso. En una declaración a El Tecolote, el SFDPH reafirmó su compromiso con la atención médica universal, pero no detalló cómo absorbería los nuevos costos en medio de los recortes presupuestarios de San Francisco.
Para las personas migrantes mayores, es un déjà vu
Las personas residentes de San Francisco que llevan mucho tiempo en el país recuerdan cómo era navegar el sistema de salud con pocos recursos y escasa protección legal. Para ellas, los recortes inminentes se sienten como un regreso a esa realidad.
Cuando Guadalupe S. cruzó la frontera en 1999, ya sentía un tumor sobre su pierna derecha. Poco después de llegar a la ciudad, buscó tratamiento en el Hospital General de San Francisco. Una amiga le comentó que podría calificar para atención de emergencia, pero después de esperar todo el día por servicio de traducción, el personal médico le informó que el tumor aún no era lo suficientemente grave. Nueve meses después, cuando ya había crecido hasta el tamaño de un «melón grande», finalmente fue operada.
Durante sus 26 años en la ciudad, Guadalupe se mantuvo a sí misma y a sus cuatro hijos cubriendo largas jornadas laborales. Sin estatus legal, no siempre calificaba para recibir atención médica. En ocasiones accedía a tratamiento a través de estudios clínicos o con la ayuda de proveedores compasivos. Cuando podía, pagaba pequeñas primas a Healthy SF.
A sus 63 años de edad y con la cobertura de Medi-Cal, finalmente puede enfocarse en su salud: asiste a terapia, recibe tratamiento para la osteoporosis, así como revisiones preventivas. Pero si el estado restringe la cobertura para personas migrantes, se vería forzada a trabajar, pese a su edad y su frágil estado de salud.
“Tendré que buscar trabajo de nuevo, porque la atención médica es fundamental para mi bienestar. Imagínense, volveré a estar en el mismo lugar que cuando llegué aquí. Sólo que trabajar era más fácil entonces, cuando era más joven. Ahora, tengo una enfermedad mental que me dificulta saber cuándo me sentiré bien y cuándo no. No puedo hacer las cosas como antes”, lamentó.
