Cuando los EEUU capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar nocturna el 3 de enero, el presidente Donald Trump no tardó en celebrarlo y calificar el ataque a Caracas como “tácticamente brillante”, enmarcando la incursión como un triunfo y exigiendo el reconocimiento de sus oponentes políticos. El flagrante ataque marcó un giro importante en la política exterior estadounidense, en la que los viejos pretextos de “democracia” han sido reemplazados por afirmaciones de poder abiertamente imperialistas.
El operativo se produjo exactamente seis años después de que la administración Trump ordenara el ataque con drones que mató al general iraní Qassem Soleimani, otro episodio en el que Trump desplegó el poder de los EEUU de forma fulminante contra un líder extranjero.
Poco después de la intervención en Venezuela, Trump afirmó que los EEUU “dirigiría el país” hasta que un líder alineado con Occidente asumiera el poder, a pesar de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene lo contrario. Independientemente de si la administración decide finalmente llevar a cabo una ocupación prolongada, la retórica por sí sola resulta alarmante.
A medida que siguen surgiendo detalles del operativo, el ministro de defensa de Venezuela declaró que una “gran parte” del equipo de seguridad del presidente fue abatida, junto con soldados y “civiles inocentes”. Comunicados independientes de Venezuela y Cuba informaron de al menos 24 oficiales de seguridad venezolanos y 32 miembros del personal militar y de seguridad cubano muertos durante el ataque. Funcionarios estadounidenses afirmaron que ningún soldado estadounidense murió, aunque seis resultaron heridos.
La captura de Maduro y su esposa fue justificada por la administración estadounidense bajo la premisa de que Maduro lideraba un “narcoestado”. Sin embargo, el gobierno no ha presentado pruebas que respalden dicha acusación. El argumento también suena vacío tras el reciente indulto de Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en un tribunal estadounidense y sentenciado a 45 años en una prisión federal por narcotráfico mientras fungía como un estrecho aliado de los EEUU.
La aprobación del liderazgo venezolano se ha mantenido baja desde 2014; según Gallup, la desaprobación entre la población venezolana alcanzó el 67% en 2015. Para 2023 la misma firma registró que sólo el 26% de la ciudadanía percibía las elecciones como honestas.
Independientemente de la falta de popularidad de Maduro, la operación nocturna ha sido ampliamente criticada como una violación tanto de las leyes nacionales como internacionales. Si bien este tipo de transgresiones se han vuelto habituales en la política exterior estadounidense en los últimos años, tales violaciones reiteradas tienen consecuencias colaterales en la escena global.
Cualquier vestigio de legitimidad que pudiera quedar en el pretexto oficial se desmoronó en los días siguientes: Trump dejó entrever reuniones con ejecutivos petroleros de los EEUU y habló abiertamente de intensificar las perforaciones vinculadas a las vastas reservas energéticas de Venezuela, confirmando lo que la crítica señaló desde el principio: el remanente de las intenciones reales era, puramente, el control de los recursos.
Para quienes se oponen a la intervención, lo ocurrido en Venezuela es la culminación de una presión creciente. En los meses previos a la incursión, los EEUU amplió su presencia militar en el Caribe e intensificó las medidas económicas contra la industria petrolera venezolana. Más recientemente, bombardeó e incautó tres buques petroleros venezolanos en rápida sucesión. En repetidas ocasiones, el presidente Trump y su gabinete han presentado al país como una amenaza para la seguridad.
Venezuela ha sido un punto focal de la política exterior estadounidense desde la elección de Hugo Chávez en 1998 y el inicio de la Revolución Bolivariana. Chávez prometió utilizar la cuantiosa riqueza petrolera del país para reducir la pobreza mediante programas sociales financiados por el Estado e inversión pública.
Quienes lo apoyan destacan los logros alcanzados durante la presidencia de Chávez, incluyendo el aumento de las tasas de alfabetización y la reducción de la pobreza —especialmente la pobreza extrema—, así como de la mortalidad infantil y la desnutrición en la niñez. Entre 1999 y 2012, se construyeron aproximadamente 700 mil viviendas, mientras que el salario mínimo aumentó, al igual que el PIB per cápita y la deuda pública disminuyó.
Por su parte, la oposición sostiene que la mala gestión financiera, la corrupción y la dependencia de los ingresos petroleros dejaron al país desprotegido ante una posible crisis. Sin embargo, independientemente de la postura que se adopte en ese debate, la trayectoria política de Venezuela la ha mantenido durante mucho tiempo en desacuerdo con el poder estadounidense en el hemisferio, ya que el chavismo representa un desafío ideológico directo al orden capitalista liderado por los EEUU en Latinoamérica.
Dicho desafío es inseparable de los recursos de Venezuela: el país posee las mayores reservas de petróleo del mundo e importantes yacimientos de oro, activos de los que Trump ha hablado abiertamente como una prioridad tanto económica como estratégica.
Lo que distingue este momento de intervenciones anteriores de los EEUU en Latinoamérica es el abandono incluso de los pretextos de “democracia” y “libertad”.
La Doctrina Monroe de Walmart de la administración deja claro que no se tolerará ninguna alternativa al poder estadounidense en el continente. Esa realidad quedó subrayada cuando, apenas unas horas después de la incursión, Trump apareció en el programa televisivo Fox and Friends sugiriendo con total naturalidad que “algo debe hacerse” respecto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El poder estadounidense en el hemisferio ha experimentado flujos y reflujos desde que el presidente James Monroe articuló su doctrina hace dos siglos, pero una constante ha permanecido: los gobiernos de tendencia izquierdista que desafían el dominio económico estadounidense son tratados como amenazas que deben ser neutralizadas.
Desde Guatemala hasta Chile, las intervenciones justificadas en nombre de la estabilidad o la libertad han dejado repetidamente a los países más pobres, más violentos y menos soberanos que antes.
El ataque a Venezuela es el punto álgido de un nuevo ejercicio del poder de los EEUU, uno que renuncia a simular que sus acciones benefician a las poblaciones afectadas. Estamos ante una política exterior indiferente a las formas, al derecho o a los valores democráticos, cuyo fin se proclama con una brutalidad explícita: el control de los recursos y el dinero.