Yerservi M., de 34 años de edad, reclinó su asiento para intentar dormir una siesta dentro de su Prius, el mismo coche que utiliza para sus turnos como conductor de Uber. Estacionada a su lado estaba su casa rodante, donde su esposa, Katia S., de 30 años de edad, organizaba el interior mientras su vientre de embarazada se notaba bajo la camisa. La pareja dará la bienvenida a su primer hijo en menos de un mes, pero en este momento, viven con la profunda preocupación de no saber si podrán conservar su hogar.
San Francisco comenzó a aplicar la nueva normativa de estacionamiento de dos horas para vehículos recreativos y otros vehículos de gran tamaño el 1 de noviembre. Los únicos vehículos exentos son aquellos que cuenten con el Permiso de Refugio para Vehículos de Gran Tamaño, un programa diseñado para personas sin hogar que utilizan estos vehículos como su única vivienda, que tuvieran sus RV estacionados en la ciudad antes del 31 de mayo de 2025.
Quienes cuenten con el permiso no serán objeto de remolques ni multas. Sin embargo, algunas personas migrantes y familias afirman que, a pesar de cumplir con los requisitos de residencia, se les ha negado el permiso por problemas que no pueden resolver, tales como: vehículos inoperables, registros vehiculares vencidos, pruebas de smog fallidas o carencia de documentación de traspaso de dueños anteriores. Varios declararon a El Tecolote que, aunque presentaron toda la documentación posible, fueron rechazados de todas formas.
De acuerdo con información del San Francisco Standard, la ciudad contabilizó unos 80 vehículos de gran tamaño sin permiso hasta el 5 de noviembre. Esta cifra contrasta con registros públicos obtenidos por El Tecolote, los cuales revelan que una encuesta municipal de mayo identificó 82 vehículos grandes que podrían estar inoperables o fuera de servicio. El Tecolote solicitó al Departamento de Gestión de Emergencias un recuento actualizado de los vehículos recreativos sin permiso, pero no obtuvo respuesta tras múltiples intentos.
Si bien el permiso ofrece una tregua temporal para residentes vulnerables, solo tiene una duración de seis meses, con posibilidad de extensión sujeta al criterio del Director de Transporte de la SFMTA. En última instancia, el objetivo de la ciudad incluye eliminar por completo las señales visibles de sinhogarismo en la vía pública.
Sin embargo, para quienes no pueden obtener el permiso, la normativa referida les deja sin una vía para mantener su único refugio, acelerando el riesgo de remolque, desplazamiento y una inestabilidad más profunda para sus familias.
‘¿De dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero?’: la lucha de una pareja embarazada por apelar la negación de su permiso
La primera advertencia para la pareja llegó temprano en la mañana del 6 de noviembre, cuando funcionarios de la ciudad golpearon su puerta “agresivamente” durante un operativo de desalojo en el vecindario de Bayview-Hunters Point. Amenazaron con remolcar su RV, el cual estaba inoperable y carecía de un registro vigente. Yerservi les suplicó, explicando que se encontraba tramitando el permiso y en pleno proceso de apelación.
“Tengo miedo de que se lleven nuestro tráiler sin saber adónde vamos a ir”, dijo este refugiado venezolano. Después de varias súplicas, se fueron, pero advirtieron a la pareja que regresarían. “No duermo bien por eso”.
Antes de comprar el RV, su esposa Katia pasó meses en el sistema de refugios, primero en Mission Cabins, ahora cerrado, mientras Yerservi dormía en su coche, y luego en el Hotel Frances, donde pagaban 60 dólares la noche por un lugar que describieron como en condiciones inmundas. Una noche, un cortocircuito eléctrico causó un incendio en su habitación, resultando en su desalojo, justo cuando Katia cursaba sus primeras semanas de embarazo.
“Llegamos a una situación en la que necesitábamos comprar un tráiler”, dijo ella.
Ahora, a un mes de dar a luz, Katia intenta regularizar su estatus migratorio para poder trabajar legalmente, pero teme la deportación si avanza con el proceso. Por ello, opta por seguir trabajando de manera informal por salarios bajos, mientras Yerservi continúa conduciendo para Uber. Sin embargo, la suma de sus ingresos no es suficiente para ahorrar y cubrir el pago inicial de un apartamento.
“Gastas 4 mil dólares en un depósito y 2,500 dólares al mes”, dijo. “¿De dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero?”
Como parte de su apelación, la pareja presentó una Carta de Verificación de Sinhogarismo firmada por Mission Action, que confirma que han estado en el sistema de Entrada Coordinada de la ciudad desde enero de 2024 y han vivido en su RV desde febrero de este año.
Aun así, su apelación fue rechazada esta semana.
“Nadie nos ha ayudado, todavía estamos aquí”, escribió Yerservi en un mensaje de texto a El Tecolote. “Yo entendería si no estuviera tratando de obtener el permiso —entonces llévense el tráiler—, pero estoy tratando de encontrar la solución para obtenerlo”.
Podemos estabilizarnos aquí’: un RV inoperable deja a personas recién llegadas sin camino hacia la obtención del registro
Ronald A., y Julie S., de 34 y 30 años de edad, respectivamente, huyeron de la violencia política en Nicaragua y llegaron a San Francisco hace casi tres años con su hijo de 12 años, que asiste a la escuela en la ciudad. Después de una breve estancia en refugios, compraron un RV en Facebook Marketplace. El vendedor les había dicho que el vehículo cumplía con todos los requisitos necesarios para obtener el registro. Pero cuando hicieron la prueba de smog, no la pasó. Luego se dieron cuenta de que el vehículo estaba registrado en la Ciudad de México.
“La persona que nos lo vendió dejó de contestar nuestras llamadas telefónicas”, dijo Julie. “Así que decidimos quedárnosla”.
A principios de este año, el RV dejó de funcionar, lo que les descalificaba para el permiso de refugio. Relatan que cada dos semanas, autoridades municipales les exigen reubicarse. Para cumplir con la orden, la familia remolca el RV una cuadra más allá con su minivan. El hermano de Julie, que también reside con ellos, colabora vigilando los operativos de desalojo.
La pareja nicaragüense trabaja como meseros en el mismo restaurante en Daly City, dependiendo de las propinas para complementar sus salarios. Personal de extensión comunitaria les animó a solicitar un permiso, pero Julie dijo que decidieron no hacerlo, convencidos de que la condición de su RV llevaría a una negación automática.
En cambio, están trabajando para pagar sus deudas, mientras ahorran parte de sus ganancias para el pago inicial de un apartamento donde no tengan que pasar por el sistema. El RV compensa los costos de alquiler por el momento.
“Podemos estabilizarnos aquí mientras buscamos algo”, dijo Julie. “Pero cuando lo intentamos, nos piden un depósito de 7 mil dólares, nos piden nuestro historial crediticio, o aplicamos en línea y nadie llama. A decir verdad, es complicado”.
Debería estar en su sistema: a pesar de la amplia lista de requisitos, el rechazo les hace sentirse perseguidos
Jesús León, de 48 años de edad, ajustó el panel solar conectado al cargador de su teléfono dentro de su RV. Más temprano ese día, recibió un correo electrónico de la ciudad: su solicitud de permiso había sido denegada.
Originario de la Ciudad de México, León ha vivido en su RV durante más de una década, principalmente en Bayview. Estima que ha pagado alrededor de $700 en multas a lo largo de los años —prueba, según él, de que la ciudad sabe que ha vivido allí. Aun así, su solicitud fue denegada porque no pudo cumplir con la fecha límite de documentación de la ciudad para demostrar su presencia desde enero hasta el 31 de mayo de 2025.
“Les envié fotos”, dijo. “Debería estar en su sistema porque me han puesto muchas multas”.
León vive solo con sus tres perros. Espera poder tomar cualquier trabajo esporádico para ahorrar para un apartamento. Pero sin un permiso, teme que lo sigan multando, a pesar de haberlas pagado todas.
A unas dos millas de distancia, José Arámbula, también de 48 años de edad, dijo enfrentar problemas similares. Al igual que León, ha vivido en su RV durante casi una década. A principios de este mes, la policía amenazó con remolcarlo durante un operativo. Dijo que discutió personal del ayuntamiento, diciéndole que estaba a punto de solicitar un permiso, pero antes de que las cosas escalaran, pidió prestada la camioneta de trabajo de su amigo y retiró su RV de la calle.
Arámbula expresó su descontento con el proceso de emisión de permisos después de proporcionar repetidamente documentación, fotos y otras pruebas. “Creo que no está bien cómo lo hace la policía”, dijo y agregó que ya ha perdido varios RV que le han sido remolcados a lo largo de los años. La última vez que recuperó su casa rodante, denunció la falta de dinero en efectivo, tenis y gorras.
Las amenazas de este mes de ser remolcado le resultaron demasiado familiares: “Ese día, simplemente vieron que éramos latinos, con esos son con los que se ponen más duros”, declaró. “Tendré que mover [el RV], ¿qué más voy a hacer?”
