En respuesta a la amenaza de un despliegue de agentes federales la semana pasada, cinco supervisores de San Francisco y líderes comunitarios se reunieron el martes en el Ayuntamiento para reafirmar su compromiso con la comunidad.
La Supervisora Connie Chan (presidenta del Comité de Presupuesto) anunció el 23 de octubre una legislación para asignar $3.5 millones de las reservas generales de la ciudad. Estos fondos críticos se usarán para aumentar los servicios de defensa legal y fortalecer la red de respuesta rápida. La medida es patrocinada por Jackie Fielder, Bilal Mahmood, Shamann Walton, Myrna Melgar y Rafael Mandelman.
Los fondos suplementarios se destinarán a tres redes clave que apoyan a las personas migrantes de San Francisco que enfrentan detención y deportación: la Red de Asistencia Legal y Educación para Inmigrantes de San Francisco (SFILEN, por sus siglas en inglés), la Colaborativa de Defensa Legal para Inmigrantes de San Francisco (SFILDC, también por sus siglas en inglés), y la Red de Respuesta Rápida de San Francisco. Esta última es una línea directa disponible las 24 horas (415-200-1548) para reportar y verificar la actividad de ICE y referir a las personas detenidas con un abogado.
“El status quo no era sostenible”
La Supervisora Fielder ha insistido en aumentar el financiamiento para estas organizaciones desde junio, cuando el alcalde Daniel Lurie presentó su propuesta presupuestal de dos años. Esta propuesta, debido a un déficit, contemplaba recortes a varios servicios migratorios.
Aunque SFILEN y SFILDC lograron evitar recortes, la propuesta de Lurie no renovó un fondo extraordinario para este rubro, creado previamente por la ex alcaldesa London Breed. A pesar de las protestas de Fielder (el único voto disidente del presupuesto), las organizaciones defensoras advirtieron que la pérdida de esos fondos saturaría las redes de apoyo, las cuales ya se encuentran desbordadas por la represión migratoria federal.
En septiembre, Sanika Mahajan, directora de participación comunitaria de Mission Action, ya había anticipado a El Tecolote que, si bien la Red de Respuesta Rápida mantenía su compromiso de responder a la crisis, las redes de toda el Área de la Bahía podrían saturarse rápidamente debido a las restricciones presupuestarias si se producía una represión más amplia en la región.
Mahajan señaló que «no hay suficientes» abogados de migración y que el personal en el campo enfrenta condiciones laborales «mucho más difíciles». Agregó que las “actuales limitaciones de financiamiento complican la posibilidad de ofrecer aumentos salariales o de satisfacer todas las necesidades de los abogados”.
La advertencia resultó ser profética: el jueves pasado, cuando la amenaza de un «despliegue» de agentes federales de migración se convirtió brevemente en una realidad, la ola de pánico se extendió entre las comunidades migrantes. Según la Supervisora Fielder, a pesar de que las organizaciones comunitarias se movilizaron para informar a las personas migrantes sobre sus derechos, las instituciones educativas reportaron una baja asistencia estudiantil, los negocios latinos reportaron menor asistencia de clientes y muchas personas empleadas domésticas y vendedoras ambulantes optaron por quedarse en casa.
El presidente de la Junta de Supervisores, Rafael Mandelman, calificó la situación de la semana pasada: «El estatus quo del jueves no era bueno para las comunidades migrantes de San Francisco ni para nuestra ciudad. Era un estatus quo de terror y miedo para demasiadas personas que, desde enero, han estado viviendo bajo esta sombra».
Mandelman reconoció que la ciudad se dirige hacia «aguas cada vez más turbulentas» en términos fiscales, con un cierre federal en curso que amenaza los beneficios SNAP y otros programas de apoyo a personas de bajo ingreso, además de posibles recortes en Medicare y Medicaid el próximo año. A pesar de esto, aseguró que la medida propuesta garantizaría que los «dólares de la ciudad rindan al máximo».
Para la supervisora Jackie Fielder, esta financiación es un paso tardío pero vital para las comunidades más vulnerables de San Francisco. Dado que los fondos sólo cubren el año fiscal actual, Fielder ya está planeando trabajar con la comunidad para presionar por fondos adicionales en el próximo ciclo presupuestario.
En un video publicado en su cuenta de Instagram, Fielder celebró la acción, pero mantuvo la cautela: «Estoy muy feliz de que nuestra junta de supervisores esté reconsiderando esto a la luz de la amenaza que enfrentamos la semana pasada. Todavía no hemos salido del peligro. No sabemos qué va a hacer esta administración».
Una dura realidad: la amenaza persiste
Aunque el despliegue federal planeado para el Área de la Bahía fue finalmente cancelado por el presidente Donald Trump, organizaciones defensoras señalan que el ICE sigue muy presente en la zona y operando activamente en San Francisco. La agencia está deteniendo a personas migrantes que acuden a sus citas rutinarias en la corte o al salir de sus audiencias, un proceder que los abogados consideran una violación a los derechos del debido proceso.
SFILEN y SFILDC continúan ofreciendo talleres para que las personas conozcan sus derechos, brindan acompañamiento en la corte y representación legal para las personas detenidas. Sin embargo, ante las políticas federales cambiantes y una necesidad creciente, las múltiples organizaciones sin fines de lucro que forman parte de estas redes afirman que sus recursos están a menudo al límite.
Desde finales de mayo, el ICE ha arrestado a más de 87 solicitantes de asilo durante sus audiencias judiciales de migración en San Francisco, según Milli Atkinson, directora del Programa de Defensa Legal para Inmigrantes (ILDP) del Colegio de Abogados de San Francisco. Su equipo ha apoyado a poco más de la mitad de estas personas, presentando peticiones de habeas corpus para asegurar su liberación.
Atkinson compartió el impacto directo de su trabajo: “Cada una de las (45) personas que pudimos representar ya está de vuelta en casa con sus familias; algunas fueron liberadas a las pocas horas de su arresto”. Sin embargo, alertó con énfasis: “Hay más personas que necesitan desesperadamente nuestra ayuda y nuestro apoyo”.
Mientras tanto, la Red de Respuesta Rápida recibe cientos de llamadas, a veces en un solo día, según informó Laura Valdez, directora ejecutiva de Mission Action, quien destacó la magnitud de la demanda cuando la amenaza fue real: el día que se esperaba el despliegue de agentes federales al Área de la Bahía, la línea de emergencia atendió más de 500 llamadas, a pesar de que no se confirmó ninguna actividad del ICE en la ciudad.
“Necesitamos asegurar que nuestra comunidad tenga acceso a la línea directa y también a los servicios legales de migración para que puedan ser liberados”, declaró Valdez, advirtiendo que la línea de respuesta ha estado «luchando por mantenerse al día» con las necesidades de personal para seguir abierta 24 horas los 7 días de la semana.
El martes 28 de octubre, líderes de estas organizaciones recibieron con beneplácito la propuesta de financiación, señalando que la colaboración con la ciudad es esencial para defender los derechos de las comunidades migrantes.
Si bien la legislación no ha sido sometida a votación, el alcalde Daniel Lurie ha expresado su apoyo, y el supervisor Mandelman espera una votación unánime de la Junta.
“Si no defendemos el debido proceso, hablen con las personas migrantes que huyeron de gobiernos autoritarios y les podremos decir cómo es ese mundo”, comentó Lariza Dugan-Cuadra, directora ejecutiva de Carecen SF. “Estamos en un momento existencial. Por eso agradecemos este recurso adicional que dará más poder a (estos) sistemas”.
