Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de personas migrantes interpuso una demanda contra la administración de Trump la tarde del jueves 18 de septiembre, por las detenciones de las personas solicitantes de asilo y las condiciones de reclusión en la oficina del ICE en San Francisco, ubicada en el 630 de la calle Sansome. La demanda interpuesta denuncia que las personas son retenidas ahí por varios días en condiciones punitivas e inhumanas mientras esperan a ser trasladadas a centros de detención.
La coalición demandante, integrada por el Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco (LCCRSF, por sus siglas en inglés), la Fundación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de California del Norte (ACLU NorCal, también por sus siglas en inglés) y el Centro de Recursos para Centroamericanos de California del Norte (CARECEN SF, siglas en inglés), cuestiona las políticas implementadas que permiten al ICE realizar detenciones en los tribunales de migración y mantener a las personas detenidas en celdas de las oficinas locales durante largos periodos.
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“Estamos tratando de hacer todo lo posible para que estas normativas que orillan a las personas que toman decisiones difíciles y han convertido a los tribunales de migración en trampas, sean suspendidas”, declaró Nisha Kashyap, directora de programa para el LCCRSF. “La gente [debería poder ir] segura a la corta sin el temor de ser arrestada”.
La demanda fue interpuesta en representación de cuatro inmigrantes con procesos migratorios pendientes, quienes fueron detenidos durante dichos trámites en el centro de San Francisco. El 19 de septiembre, abogados de estas personas informaron que una de ellas, que fue retenida en la oficina de la calle Sansome, había sido liberada por orden de un juez federal. La otra, que desde el 17 de septiembre permanencia en custodia, a pesar de padecer cancer, alta presion y problemas de próstata, fue trasladada a un hospital, desde donde probablemente será devuelta al centro de detención.
A diferencia de las peticiones anteriores, que se centraban en casos individuales, este caso podría tener importantes implicaciones para todas aquellas personas migrantes que enfrentan procesos judiciales en la jurisdicción de la oficina de ICE en San Francisco, así como para quienes que se encuentran actualmente detenidas o en riesgo de serlo.
Presentada ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California, la audiencia para la certificación de dicha demanda se ha programado para finales de octubre en San José, ante el juez Casey Pitts, según informó Kashyap.
Un verano ‘aterrador’ marcado por las detenciones en los juzgados
A fines de mayo, cuatro personas migrantes fueron arrestadas por agentes del ICE afuera del tribunal de San Francisco, en el 100 de la calle Montgomery. Algo antes inusual, estas detenciones se han convertido en actos cada vez más comunes y en ascenso a lo largo del país, como reflejo de la decisión de la actual administración federal de duplicar los arrestos de dicha agencia migratoria.
Ahora, las detenciones a cargo de esta dependencia, se han vuelto comunes en los dos tribunales de migración de la ciudad, con reportes semanales de personas solicitantes de asilo que son detenidas tras sus audiencias por agentes del ICE quienes, según reportes, esperan afuera de las salas para arrestar a estas personas aun en casos que no fueron desestimados por juez alguno. Kashyap refirió el efecto aterrador que tiene esta práctica, pues desalienta a las personas a proseguir con su proceso.
“Hemos visto una alza en los índices de ausentismo en las salas de migración”, informó Kashyap. “Los tribunales en sí se han convertido en escenarios de caos, estrés, confusión y trauma conforme las personas son arrebatadas de sus familiares que acuden a estos sitios a cumplir con su audiencia”.
Según la demanda, en los últimos meses se han producido 85 detenciones en los juzgados de migración del norte de California, incluyendo los de San Francisco, Concord y Sacramento. Personas defensoras de los derechos de las personas migrantes creen que la cifra real es mayor, ya que algunas evitan presentarse ante el juez, una decisión que automáticamente conlleva una orden de deportación.
La demanda impugna la política del ICE que desde enero de 2025 autoriza tales detenciones, bajo el argumento de que vulnera el derecho fundamental de las personas a tener un juicio justo ante un tribunal imparcial.
Preocupación por las condiciones de detención inadecuadas
Centrándose específicamente en las celdas de detención temporal ubicadas en el 630 de la calle Sansome, la demanda también cuestiona la decisión del ICE de ampliar de 12 a 72 horas el periodo de detención en estos centros, sin realizar las adecuaciones estructurales necesarias para una detención prolongada.
Según la demanda, quienes se encuentran en detención en dicho sitio, permanecen a veces varios días en celdas no diseñadas para pernoctar, mientras dicha dependencia espera el traslado a centros de detención en otras partes del estado o del país. La demanda judicial detalla que las celdas de detención carecen de instalaciones adecuadas para el descanso: los individuos detenidos se ven obligados a dormir directamente sobre el piso, provistos en ocasiones de mantas que resultan insuficientes. Las condiciones ambientales se caracterizan por una iluminación continua de 24 horas y una temperatura permanentemente fría. En un claro detrimento de la privacidad, el diseño incluye un inodoro sin privacidad, ubicado en el centro de la celda y separado “solo por una pared baja a un lado”.
La demanda se apoya en testimonios de detenidos quienes afirman que se les niegan artículos de higiene básicos y que el personal ignoró sus solicitudes de emergencias médicas a menos que solicitaran asistencia en inglés.
“Es realmente inhumano”, declaró Kashyap a El Tecolote. “Es muy desmoralizante. Las personas con las que hemos hablado dicen sentirse tratadas como delincuentes. Estas condiciones las humillan. Y eso les causa un gran sufrimiento”.
Ante la rápida evolución en materia legislativa, grupos de defensa de los derechos de las personas migrantes recurren a estrategias innovadoras
En las últimas semanas, abogados han presentado peticiones de emergencia para lograr la liberación de personas solicitantes de asilo detenidas en el centro ubicado en el 630 Sansome. Para ello, han presentado demandas individuales, conocidas como recursos de habeas corpus, argumentando que estas detenciones violan el derecho al debido proceso.
Según Kashyap, el argumento es que las personas que fueron detenidas por el servicio de migración ya habían sido liberadas por el gobierno federal, ya que no se les consideraba un peligro para la comunidad ni en riesgo de darse a la fuga. Sin embargo, ahora son detenidas nuevamente.
Hasta ahora, las peticiones de habeas corpus han tenido éxito, afirmó Kashyap. Los jueces del tribunal de distrito han dictado varias órdenes de protección temporal, lo que ha permitido a muchas personas regresar a sus hogares. Si bien estas órdenes se emiten rápidamente —gracias al extraordinario trabajo legal de las organizaciones de la Bahía de San Francisco que colaboran para responder a las detenciones— requieren muchos recursos.
“Es un trabajo realmente admirable, pero no es sostenible”, comentó Kashyap. “No es viable presentar demandas individuales por cada persona que acude al tribunal, por no hablar de la difícil decisión que deben tomar sobre si acudir o no a los tribunales”. Agregó que estas peticiones, que a veces se conceden solo después de que una persona ha pasado la noche en los centros de detención temporal del ICE, no previenen las detenciones ilegales, por lo que los grupos de defensa decidieron presentar una demanda colectiva.
“Nuestra demanda tiene como objetivo principal abordar la raíz del problema, que son estas nuevas políticas que se implementaron sin tener en cuenta sus posibles consecuencias”, declaró Kashyap. En las próximas semanas, ella espera recibir más solicitudes relacionadas con el caso, incluyendo las presentadas a nombre de los cuatro migrantes que figuran como demandantes. A finales de octubre, un juez analizará su solicitud para que el caso represente no solo a los demandantes, sino a todas las personas migrantes que podrían verse afectadas por estas políticas y condiciones.
“Estamos muy entusiasmados por impulsar esta iniciativa, ya que sabemos que estas políticas y prácticas tienen un impacto real en la vida de las personas”, afirmó Kashyap. “Queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para brindar la mayor ayuda posible a la mayor cantidad de personas y en el menor tiempo posible”.
Emma Garcia colaboró para este reportaje.