El Congreso panameño aprobó el pasado 18 de marzo por unanimidad un proyecto de ley que derogó la normativa del mes de febrero pasado que reformaba el Código de Recursos Minerales y que causó multitudinarias protestas de movimientos sociales e indígenas que rechazaban la norma por considerarla dañina a sus territorios.
La conocida como Ley 8 de 2011, decretada el 11 de febrero por el gobierno y avalada por el Congreso, permitía la explotación a cielo abierto de los yacimientos minerales, en especial el cobre, al tiempo que permitía a gobiernos extranjeros usufructar el subsuelo panameño por medio de agencias estatales en sociedad con las empresas mineras.
El pasado 2 de febrero, las comunidades indígenas y representantes del gobierno panameño habían iniciado negociaciones en torno a la ley minera, al comprometerse el gobierno a crear una ley para prohibir la exploración y explotación minera en sus territorios, así como a liberar los detenidos en las protestas a cambio de la apertura de carreteras, bloqueadas por miles de manifestantes.
El gobierno panameño trató de apaciguar sin éxito el descontento indígena con un decreto que prohibía la extracción minera en territorios nativos.
Los indígenas panameños, mayormente de la etnia Ngöbe Buglé, continuaron la lucha por la derogación de la ley pese a la represión policíaca. Las protestas generalizadas del mes de febrero contra la normativa aprobada por el gobierno de Ricardo Martinelli, se dieron en las localidades de Ojo de Agua, Viguí, Boca de Monte, el Salado, Chorcha, San Lorenzo y San Félix en la Comarca Ngäbé; Veraguas en El Prado y la ciudad de Santiago; Tolé y David en Chiriquí; Penonomé, Puerto Armuelles como en la provincia de Bocas del Toro en Pueblo Nuevo; Almirante, Chiriquí Grande, Changuinola y Pacora en Panamá Este; y en la ciudad de Panamá.
Miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Campesino reaccionaron con alegría ante la decisión de derogar la normativa. La institución informó a la comunidad indígena sobre los alcances de la derogación de la polémica ley y los convocó a una mesa de diálogo para debatir lo que los indígenas plantean como un nuevo proyecto de ley minera.
Panamá cuenta con hartas reservas de oro y cobre que, según las autoridades, podrían convertirse en la segunda fuente de ingresos después del canal interoceánico que atraviesa el país centroamericano.