Berta Díaz paga dos veces por el agua que ella y sus cuatro hijos usan en la casa. Una vez al mes entrega un sobre con $57 a la oficina de su proveedor de agua local, el East Orosi Community Services District. Durante esa misma semana carga su coche con siete garrafones de agua y maneja al pueblo vecino para llenarlos en una máquina de venta de agua purificada. Berta tiene que hacerlo cada semana para tener suficiente agua potable en su casa, por lo cual gasta hasta un total adicional de $50 a 60 cada mes.
“Díaz, madre soltera con cuatro hijos, con edades entre 17 a 22 años dice, “el agua de la llave no sirve para beber y cocinar. Está contaminada.”
Ella llegó a los Estados Unidos desde Michoacán, México, en 1990 y finalmente sentó raíces en East Orosi, una comunidad rural predomidamante latina en el Valle de San Joaquín.
East Orosi es una entre un centenar de comunidades en California que tienen que lidiar con la carga adicional de que el agua es cara y poco saludable. Las familias en estas comunidades dependen del agua que viene de los pozos comunitarios que a menudo están contaminados con plaguicidas, residuos de animales, y productos derivados de fertilizantes.
Estas comunidades reciben pocos fondos para mantener sus sistemas de agua y sus pozos. Como resultado usuarios individuales quienes son latinos en su mayoría y de bajos ingresos reciben el costo de lidiar con la contaminación.
El agua que se usa por los residentes de East Orosi esta contaminada con nitrato, una sustancia química que es encuentra en el estiércol y los fertilizantes con base de nitrato. En las granjas productoras de leche, los campos agricultores y sus alrededores los nitratos pasan fácilmente por la tierra y contaminan el agua subterránea.
El ingerir nitratos en agua potable puede causar bajos niveles de oxígeno en la sangre en los bebés, una condición que se conoce como el síndrome de bebé azul que pone en peligro la vida, y a menudo se señala por una pigmentación azulada de la piel. El contaminante también se ha vinculado con varios tipos de cáncer. Y como resultado la Environmental Protection Agency ha establecido normas de salud para nitratos de una cantidad de 10 miligramos por litro de agua potable.
En el 2007 casi unas 400.000 personas vivían en comunidades donde el agua de la llave no cumplía con estas leyes, según muestra una investigación hecha por Carolina Balazs, que está postulando para un doctorado en UC Berkeley. El problema es especialmente grave en el Valle de San Joaquín, una región agrícola inmensa que es estira desde Stockton a Bakersfield.
“En California, la mayoría de las personas expuestas al agua contaminada por nitratos viven en el Valle de San Joaquín,” dice Balazs, “con una cantidad afectada desproporcionada de comunidades predominantemente Latinas.” Los resultados de la investigación preeliminaría mostraron que de la gente que vive en comunidades con la peor calidad de agua, un 65 por ciento son latinos y un 50 por ciento viven por debajo de la línea de la pobreza. “Estas cifras son superiores al promedio del valle y del estado”, dice Balazs.
“La injusta realidad del Valle de San Joaquín es que si vives en una comunidad predominantemente latina, es probable que la calidad de tu agua sea peor, dice Susana De Anda, co-directora del Community Water Center en Visalia, Califonia, una organización que trabaja junto con comunidades afectadas en el Valle de San Joaquín para abogar por el derecho a un agua para beber que sea segura y asequible. Eso es por lo que en comunidades como East Orosi, la gente tienen que afrontar el dilema de escoger en lo que se refiere al agua para beber: o bien sacas la cartera y pagas por el agua que consumes o sino pagas con tu salud.
A los que contaminan nadie los hace responsables
La escorrentía agrícola contribuye en gran medida a la contaminación del subsuelo con nitratos. Pero conforme a un estudio realizado en el año 2001 por el Natural Resource Defense Council, las prácticas agrícolas tradicionalmente han recibido menos regulación que cualquier otra gran industria y fuente de contaminación. Existen pocas regulaciones que se encarguen de seguir, controlar y limitar la cantidad de fertilizantes que los agricultores echan al campo. Cuando los niveles de contaminación exceden los umbrales legales, rara vez se multa a los contaminantes, aunque la mayoría de ellos reciben notificaciones rutinarias de violación.
En el condado de Tulare, donde se encuentra East Orosi, los ranchos ganaderos que producen leche son una gran fuente de contaminación. El estiércol de estas instalaciones se acumula por lo general en unos estanques de retención para después utilizarse como fertilizantes en los campos vecinos que se usan para cultivar alimento para el ganado. Los estanques pueden estar revestidos de arcilla, cemento o material sintético para prevenir la filtración del nitrato en el agua del subsuelo. Pocos ranchos ganaderos utilizan estos métodos, tampoco regulan cuánta agua de desecho usan para regar sus campos.
El Consejo Regional Regulador de la Calidad del Agua del Valle Central es responsable de asegurar que el agua residual que sale de estas instalaciones no exceda los límites legales. Pero según un informe del año 2005 realizado por la Coalición de Justicia Medioambiental para el Agua, el consejo tenía tan sólo 7 empleados encargados de regular un total de 1.700 ranchos de ganado. Como resultado de ello, varios estudios muestran que, en algunos condados, hasta el 63 por ciento de los ranchos investigados que producen productos lácteos en el área tienen al menos un pozo contaminado con nitrato.
La falta de supervisión no es sólo resultado de un organismo regulador con falta de empleados. Desde el año 1982, el consejo eximió a los ranchos ganaderos y otras operaciones de agricultura de informar y presentar los permisos requeridos conforme a las leyes de agua limpia del estado de California. Esta tendencia continuó incluso después de que las agencias reguladoras del estado sostuvieran el argumento de que las aguas residuales provenientes de la agricultura contribuyen a contaminar todas las vías fluviales significantes del Valle de San Joaquín.
“La Junta Regional del Agua tiene un mandato que la obliga a proteger el agua del subsuelo y de la superficie en este área, dice De Anda. Sin embrago, se renuncia a poner en práctica cualquier tipo de regulación que prevendría la contaminación del agua subterránea”.
En el año 2005, la junta de calidad del agua comenzó los trámites para hacer un seguimiento y regular el agua residual proveniente de los ranchos productores de leche y derivados.
Les dijimos que en las zonas rurales en las que vivimos hay más vacas que personas”, dice Díaz, que participó en varias audiencias públicas en Fresno y Sacramento. “No podemos continuar permitiendo que estos ranchos que producen lácteos contaminen nuestra agua”.
En el año 2007, se aprobó una orden general que obligaba a dichas instalaciones a presentar documentos con un plan para administrar sus desechos que delinease cómo las instalaciones mejorarán sus operaciones para proteger el agua del subsuelo. Muchas personas que abogan por el acceso a un agua limpia mantienen que estas nuevos requerimientos no son aún ni siquiera adecuados.
“La realidad es que los ranchos de productos lácteos todavía tiene mucha capacidad de maniobra en lo que se refiere a deshacerse de las aguas residuales”, dice Laurel Firestone, codirectora del Centro Comunitario para el Agua.. “Pero al menos es mejor que nada”.
Políticas discriminatorias a nivel del condado
Los sistemas de aguas públicas tratan el problema de la contaminación de nitrato mediante la perforación de nuevos pozos, haciendo conexiones con sistemas vecinos con agua no contaminada o extrayendo físicamente los nitratos del suministro de agua mediante un método de tratamiento denominado ósmosis inversa. Pero muchas comunidades rurales no tienen los recursos ni la capacidad para poner estas opciones en marcha. Afuera de las ciudades, las comunidades que no han sido incorporadas a la municipalidad (a las que se suele llamar ‘colonias’) han sido descuidadas de manera sistemática a la hora de distribuir los recursos públicos, dejando a comunidades como la del hogar de los Díaz en East Orosi en un estado de dejadez perpetua.
En el caso del condado de Tulare, este abandono quedó escrito en documentos de planificación oficiales. El Plan General del Condado de Tulare, que se está actualizando por primera vez desde el año 1971, incluye el siguiente párrafo bajo el epígrafe Water and Liquid Waste Management: “Las obligaciones públicas para comunidades con poco o ningún futuro auténtico, debieran ser examinadas con detenimiento antes de comenzar ninguna acción definitiva. Estas comunidades no-viables, como consecuencia de no revelar grandes instalaciones públicas; como sistemas de alcantarillado y agua, entrarían en un proceso a largo plazo de declive natural a medida que los residentes partan buscando mejores oportunidades en comunidades vecinas”.
El plan continúa enumerando 15 comunidades que se espera perderán población como consecuencia de los factores mencionados anteriormente”. De esas comunidades, al menos 10 de ellas han tenido problemas de contaminación del agua en los pasados 5 años, incluyendo East Orosi.
A lo largo y ancho del Valle de San Joaquín, hemos presenciado una discriminación histórica y persistente en la distribución de los recursos”, dice De Anda. El Centro Comunitario para el Agua comenzó a movilizar a las comunidades rurales para pedir que se diera marcha atrás a esta política a nivel del condado del año 2005, cuando el condado de Tulare comenzaba el proceso de actualizar su plan general de desarrollo.
El pasado mes de marzo, el condado de Tulare hizo público el borrador más actualizado del Plan General Actualizado. Se ha eliminado el lenguaje discriminatorio del documento y “en un compromiso verbal con el Centro Comunitario para el Agua” la junta de supervisores declaró que se harían esfuerzos para dirigir fondos para comunidades que adolecen de servicios adecuados de aguas y aguas residuales.
“La gente que vive en estas comunidades pagan sus impuestos al condado. Y aún y así nuestras comunidades no tienen parques, nuestras carreteras están llenas de hoyos y a nuestras casas llega agua contaminada”, dijo Díaz, que se involucró en los trámites.
Falta de transparencia a nivel local
Los sistemas de agua en las comunidades no incorporadas a la municipalidad son regidas por juntas voluntarias elegidas localmente. Pero estas juntas reciben poca ayuda y supervisión del condado. Como resultado para muchas comunidades los efectos que tiene la contaminación del agua son con frecuencia aún peores cuando las juntas encargadas del agua cargan de más a los residentes por el consumo del agua, transmiten información imprecisa o fallan a la hora de advertir a los residentes cuando los agentes contaminantes en el suministro de agua exceden los parámetros de salud oficiales.
Por ejemplo, el Distrito de Servicios Comunitarios de East Orosi no envía la cuenta del agua a los hogares, y menos aún información suficiente sobre la calidad del agua que sale de la llave en las casas de los residentes. Se espera que los residentes paguen una cantidad de $57 cada mes, y el hecho de que lleven la facturación de manera desordenada puede resultar en pagos imprevistos, incluso en ocasiones en que los residentes insisten que pagaron la factura.
“El año pasado, la junta encargada del agua dijo a mi compañera que no habían recibido ningún pago”, dice Berta Díaz. “Y cuando les solicitó un documento que demostrara (su reclamo), no le dieron nada. Acabaron cobrándole alrededor de $400.”
En la población vecina de Cutler, una ciudad mayormente latina de 5.000 habitantes, la junta no advirtió a los residentes cuando los agentes contaminantes en el agua excedían el nivel establecido de agua potable. Como resultado los residentes estuvieron expuestos a un alto nivel de DBCP, un plaguicida que se prohibió en California en los años 70 pero que aún hoy está presente en el agua del subsuelo. El estar expuesto al DBCP por un largo periodo se asocia con daños a los riñones, esterilidad masculina y varios tipos de cáncer.
Jesús Quevedo, habitante de Cutler por mucho tiempo, dice que se necesitó mucha organización política para presionar a la junta encargada del agua para que enviase avisos a los residentes sobre la calidad del agua que sale de la llave en sus casas. A través de una organización llamada Vecinos Unidos, Quevedo, Díaz y otros residentes de Cutler y East Orosi organizaron una campaña política con el objetivo de llegar al Distrito de Servicios Públicos de Cutler. A inicios del año 2007, la junta encargada del agua comenzó a cambiar su manera de trabajar.
“Ahora, cuando el nivel de contaminación del agua sobrepase el umbral en el que no sea seguro tomarla, nos tienen que avisar, dice Quevedo, de 76 años, que lleva viviendo en Cutler más de 40 años y ha trabajado como trabajador agrícola. Quevedo dice que esta victoria también ayudó a construir poder político para comunidades que durante mucho tiempo fueron olvidadas y desprovistas de poder de decisión. Pero en un paisaje político que está dominado por los intereses del negocio de la agricultura, esto no es suficiente.
“Las comunidades de Los Ángeles y San Francisco tienen mucho más poder político que nosotros”, dice. “Necesitamos su ayuda para aprobar leyes estrictas que detengan el problema de la contaminación.”
Para Jesús Quevedo, la contaminación del agua no sólo tiene que ver con la abogacía política y la justicia social; es cuestión de vida o muerte. En junio del 2008, Jesús Quevedo perdió a su hijo José de Jesús, enfermo de leucemia, un cáncer en la sangre. José era trabajador agrícola; los médicos dijeron que probablemente murió como consecuencia de estar expuesto por un largo período de tiempo a plaguicidas químicos, tanto en los campos como en la casa. Tenía 50 años de edad.
Ahora Berta Díaz, buena amiga de la familia, ayuda a Quevedo con las labores de la casa, incluyendo el comprar agua embotellada para su casa. Sentada en el comedor de su casa, habla sobre un futuro mejor para los niños que crecen en comunidades como Cutler y East Orosi.
“Como madres y padres, luchamos para que ellos (sus hijos) tengan un mejor futuro”, dice. “Sólo quiero lo mejor para ellos.”
—Traducción Sandy Juárez e Iñaki Fdez. de Retana