OAKLAND — Los muertos no necesitan guardaespaldas, a menos que el velorio sea en Oakland. Joseph Whip II tiene trabajo por esto. El viernes 14 de enero resguardaba una funeraria en la esquina de la avenida Fruitvale y la calle 16 Este.
La pistola reglamentaria al cinto, Whip II, originario de Louisiana, comentó que ha trabajado como guardia privado en Oakland desde 1979. “Debemos estar atentos, porque las pandillas pueden atacar a los deudos”, explicó. En abril de 2010 hubo un tiroteo dentro de una capilla, en East Oakland, donde se celebraba la misa de cuerpo presente de un joven que fue asesinado durante una fiesta.
Whip tenía esa tarde razones adicionales y más próximas para estar alerta. Invitó a seguirlo y, a la vuelta de la esquina, en la calle 16 Este, señaló hacia donde estaba Ignacio —quien prefirió reservar su apellido. “Anoche lo robaron”, explicó.
Eran las 4:00 pm. Ignacio, un hombre latino, de origen mexicano, limpiaba el interior de su automóvil, al cual le habían roto la ventana del conductor para extraer el estéreo.
Dos meses antes Ignacio fue asaltado, en la banqueta frontal; llegaba a su casa, a las 3:00 am. “Fue un moreno (afroamericano); me puso la pistola en la cabeza”, relató.
El robo o daño a vehículos es común en la 16 Este, dijo Ignacio. Señaló otro auto estacionado, justo enfrente de la calle, también con una ventana rota desde la noche anterior. Luego apuntó hacia una camioneta pick-up, a unos 150 metros de distancia, afirmó que una semana antes a esa le habían robado las cuatro llantas con sus “rines nuevecitos”. Dijo que él no se molesta en presentar reportes a la policía, lo considera una pérdida de tiempo.
De la calle 16 Este se cruza la avenida Fruitvale, hacia el Sur, y se llega al terreno frontal del centro de recreación Carmen Flores, que administra la oficina de Parques y Recreaciones de Oakland. Un letrero que anuncia recientes obras de remodelación, grande lo suficiente para acomodar los nombres de todo el cabildo y el exalcalde Ron Dellums, ha sido vandalizado, está cubierto de grafiti.
Treinta minutos antes, a menos de un kilómetro de distancia al Noroeste de este punto, en el cruce del boulevard Foothill y la avenida Bridge, un adulto y un menor de edad habían sido alcanzados por las balas que les dispararon desde un auto en marcha. Un helicóptero de la policía comenzó a sobrevolar el área luego del incidente. No hubo detenidos.
Un día después, sábado 15 de enero, también a un escaso kilómetro de distancia, esta vez hacia el Sur, en el cruce de la avenida 23 y la calle 15 Este, un adolescente de 15 años fue herido a balazos, otra vez desde un auto en marcha. Murió horas más tarde. La policía vinculó ambos ataques a actividad de pandillas.
Esto es Fruitvale. En tardes soleadas como esa del 14 de enero, familias completas pasean por sus calles, aunque tan pronto obscurece se resguardan en sus casas y la mayoría de los negocios cierran. Los domingos, a una calle de distancia de donde Whip suele resguardar armado la paz de los velorios, frente de la basílica de Santa Elizabeth, que congrega a la comunidad católica más numerosa del Norte de California, feligreses y vendedores de globos, paleteros y toda esa gama de comerciantes que son típicos en las comunidades mexicanas crean una estampa idílica.
A primera vista, es difícil creer que ésta es una de las áreas más inseguras en una de las cinco ciudades más peligrosas de los Estados Unidos. Y, sin embargo, los números, la estadística criminal, no mienten. Y si quedara duda, basta dirigir la mirada poco más hacia el Oeste, allí está la estación del BART, Fruitvale, en cuyos alrededores son comunes los asaltos y que fue el último destino de Oscar Grant, un afroamericano que tras participar en una pelea abordo de un vagón, la madrugada del 1 de enero de 2009, fue detenido y en los forcejeos de su aprehensión, ya en el andén, herido y muerto por un disparo en la espalda. Empuñaba la pistola un policía blanco, Johannes Mehserle, condenado por homicidio involuntario.
Perfil racial
La población de Fruitvale es predominantemente latina. Es un barrio de clase media, aunque casi un tercio de su población vive debajo de los índices de pobreza.
Su economía resiente el flagelo del desempleo y el recorte de servicios públicos por causa de la emergencia presupuestal que agobia a Oakland, al estado y al país completo. Se le avecina una posible nueva tormenta, y es curioso, pero la mayoría de sus pobladores ignora casi todo sobre ésta.
La Corte Suprema de California decidirá el 16 de febrero si concede una orden de restricción contra 40 presuntos miembros de la pandilla Norteños en Fruitvale.
El procurador de Oakland, John Russo, presentó la demanda contra los Norteños a mediados de octubre. De concederle el juez permiso, la orden de restricción –gang injunction– establecería una “zona de seguridad” de 400 cuadras en Fruitvale. Dentro de esa área, dos millas cuadradas, los 40 mencionados en la orden de restricción verían limitado su derecho a reunirse, a vestir ciertos colores –rojo y naranja suelen identificar a la pandilla– y, después de las 10:00 pm, a estar en la calle.
Grupos de activistas, entre otros Critical Resitance, Youth Together y Communities United for Restorative Youth Justice —creado éste último ex profeso para combatir la orden de restricción en Fruitvale— han reiterado que las órdenes de restricción sólo propician el perfil racial en la persecución policiaca.
También se ha dicho que la orden de restricción incrementaría los encuentros de la policía con la comunidad del barrio, y si en apariencia esto suena idóneo, debe recordarse que con el programa Comunidades Seguras, instaurado por la policía migratoria, ICE, cualquiera que sea detenido y fichado en los separos policíacos afronta su segura deportación de hallarse indocumentado en el país.Y ese es precisamente, conforme a activistas, el perfil de miles de jóvenes que habitan en Fruitvale y no tienen relación alguna con la pandilla.
Protestas
El martes 25 de enero, unos 100 individuos, jóvenes la mayoría, se reunieron frente a la alcaldía de Oakland para protestar contra la orden de restricción en Fruitvale. Se suponía que John Russo habría de recibir a una comisión de éstos; pero el procurador, dijeron los organizadores del evento, canceló la cita.
Desde el día que hizo pública su demanda contra los Norteños, el 13 de octubre de 2010, el procurador Russo ha insistido que la orden de restricción, de aprobarse, no motivará persecución contra aquellos que no estén mencionados en ella.
Pero aun sin orden de restricción, los habitantes de Fruitvale se quejan de continuo acoso policíaco. Lo hizo doña Juana González, el 11 de enero, ante el comité de Seguridad Pública del cabildo de Oakland. Relató que suman ya 15 ocasiones que la policía ha ido a su casa, dijo que en una de éstas incluso le tumbaron la puerta, en busca de uno de sus hijos; pero éste se halla en México, a donde fue deportado. “No tengo por qué pagar por los errores de mis hijos”, reclamó la mujer.
El relato alarmó a la concejal Patricia Kernighan, quien esa tarde presidía la reunión del comité. Le pidió a González que entregara detalles de su caso a un oficial de la policía allí presente, para asegurarse que su queja fuera atendida. González volvió a la tribuna pública sólo para decir que han presentado decenas de veces su reclamo al departamento de Policía; el acoso continúa.
“¿Cuántas veces me ha detenido la policía? No lo sé, he perdido la cuenta. Pero te puedo decir que a mí y mis amigos y a muchos jóvenes más, la policía nos detiene, nos catea, nos apuntan con armas, nos hostigan sin razón. Yo no temo caminar por Fruitvale, me siento seguro. Temo cuando veo a la policía”, dijo, en entrevista, Michael Muscadine, uno de los 40 presuntos Norteños mencionados en la orden de restricción.
En sendas reuniones del comité de Seguridad Pública, el 14 de diciembre y el 11 de enero, los críticos de las órdenes de restricción han insistido que el dinero debiera invertirse en acciones de prevención, no tan sólo en reforzar la presencia policiaca.
Más “zonas de seguridad”
De ser aprobada, la de Fruitvale sería la segunda orden de restricción en Oakland. Desde junio de 2010, se puso coto a las libertades civiles de 15 individuos acusados de pertenecer a una pandilla, identificada en los alegatos legales como North Side Oakland, esto en un área de 100 cuadras al norte de la ciudad.
Según la abogada Anne Weills, el procurador Russo tiene intenciones de crear al menos otras ocho “zonas de seguridad” en Oakland. Describió esta política como un ataque “epidémico” contra los jóvenes de ciertas minorías raciales.
Weills trabaja para el despacho Siegel & Yee, un nombre que ha resonado en la controversia de Fruitvale. Dos abogados de ese despacho, José Luis Fuentes y Michael Siegel, decidieron representar legalmente a los 40 presuntos Norteños mencionados en la orden de restricción. Russo acusó un conflicto de intereses en esto, porque Jane Brunner, otras de las abogadas del despacho, es miembro del cabildo de Oakland; los alegatos del procurador se intensificaron al saberse que Dan Siegel —esposo de Weills y padre de Michael— fue designado como uno de los consejeros personales de la nueva alcaldesa, Jean Quang.
Fueron los abogados de Siegel & Yee, en su empeño de proveer de defensa legal gratuita a los presuntos Norteños, quienes tuvieron la idea de crear Communities United for Restorative Youth Justice, la cual fue constituida como una organización sin fines de lucro. De esa manera también pretendieron salvar la acusación de conflicto de intereses.
El 3 de febrero, el juez Robert Freedman, de la Suprema Corte de California, resolvió que no existía tal conflicto de intereses. Además de Siegel y Fuentes, los 40 nombrados en la orden de restricción serán representados por Yolanda Huang, Jeff Wozniak y Dennis Cunningham.
El 16 de febrero el juez Freedman escuchará a las partes en controversia antes de decidir si autoriza o no que se imponga la orden de restricción.
Interrogado por qué esta profusión de órdenes de restricción en contra de pandillas, José Luis Fuentes respondió: “¡dinero de la federación!” Explicó que fondos federales se han sumado a iniciativas legales para combatir pandillas y en este momento de crisis presupuestal los departamentos de policía se han apresurado a concursar por esos recursos.
De hecho, la policía de Oakland ha recibido ya cientos de miles de dólares del programa CalGRIP (The California Gang Reduction, Intervention and Prevention), creado por el exgobernador Arnold Schwarzenegger en 2007.