René Yañez y su hijo Río, víctimas de los deslojos, durante la procesión del Día de los Muertos. Rene Yañez and his son Rio, victims of the evictions, during the Day of the Dead procession on Nov. 2. Photo Shane Menez

 

Una serie de acciones recientes han marcado un movimiento liderado por organizadores de la comunidad y activistas de la vivienda que exigen a los legisladores y a las empresas muestren responsabilidad social con la ciudad y sus habitantes.

Mientras las empresas de tecnología traen dinero y empleos a San Francisco, el alquiler incrementa; los defensores están pidiendo a los funcionarios de la ciudad poner fin a lo que consideran una epidemia de desahucios exasperados por la codicia merced del antojo de las elites económicas.

“Estamos pidiendo al Ayuntamiento que declare el estado de emergencia —estamos viviendo una crisis de vivienda en San Francisco debido a la Ley Ellis”, dijo el organizador Roberto Hernández. “Sólo toma dos minutos tener una conversación con alguien, y te dirá que conoce a alguno que está siendo desalojado”.

Hernández se refiere a la ley conocida como Ley Ellis, que ha condenado a muchos de los antiguos inquilinos de la ciudad, a quienes se les notifica con poca antelación del desalojo sin tener oportunidad de una defensa legal.

Según el Informe Anual de Desalojo del Consejo de Alquileres de Francisco, los desalojos por la ley Ellis aumentaron un 81 por ciento en el último año.

Aprobada en 1985, la Ley Ellis es una disposición en California que permite a los propietarios que tratan de dejar el negocio del alquiler, desalojar a sus inquilinos con el fin de vender la propiedad. Prevista originalmente para ayudar a estos propietarios “a dejar el negocio”, un vacío en la ley ha servido como invitación abierta para que los especuladores de bienes raíces de manera agresiva —y legal— controlen el mercado.

“La justificación de esta Ley Ellis era permitir a los antiguos propietarios desalojar a sus inquilinos si así lo querían —no fue diseñada para los especuladores de bienes raíces, que en primer lugar no tienen intención de ser propietarios, para comprar edificios y de inmediato echar a todos a la calle”, dijo Dean Preston, fundador y director ejecutivo de Inquilinos Unidos. “Ha habido una serie de propuestas a nivel Ayuntamiento para tratar de mitigar el impacto de estos desalojos y evitar la conversión a otros usos de las unidades de alquiler controlado”.

Hernández y otros activistas detrás de la campaña ‘Nuestra Misión: Ningún Desalojo’ ha redactado una ordenanza de emergencia que pide una moratoria de 61 días sobre los desalojos y los aumentos de alquiler.

La idea detrás de esta iniciativa es la de enfriar el mercado y dar a los responsables de tomar decisiones la oportunidad de diseñar un plan de acción futura.

Tras la publicación el 5 de noviembre de un informe sobre el aumento de los desalojos y el desplazamiento, los líderes de la ciudad están de acuerdo en que San Francisco enfrenta un dilema que requiere una acción inmediata.

“Le pregunté (por) un informe completo que analizara los desalojos y desplazamientos…, para no basarnos sólo en datos anecdóticos, sino en la cruda realidad”, dijo el Supervisor del Distrito 9 David Campos. “Ahora tenemos datos que están realmente cerca de lo que sospechábamos —tenemos una crisis de vivienda aquí en San Francisco”.

El informe revela que el 42,5 por ciento de todas las familias de San Francisco están con el “alquiler como carga”, en referencia a los que dedican el 30 por ciento o más de sus ingresos al pago del alquiler.

Campos se refirió a la crisis actual de desalojo en San Francisco como la historia de dos ciudades —una ciudad dividida entre los que viven en la prosperidad y los que luchan por quedarse.

Todas las partes están de acuerdo en que con el cambiante panorama de San Francisco, los nuevos jugadores deberían ser responsables de ayudar a preservar la cultura existente y a los que le han dado forma.

“Tenemos que mirar a estas empresas tecnológicas de la misma forma que lo hacemos con alguna industria que viene y que va a ser perjudicial para el medio ambiente —tenemos que exigir que compensen el impacto que están teniendo en el mercado de la vivienda”, dijo Gullicksen.

“Hay una solución a este problema, sólo tiene que ser una prioridad”, dijo Hernández. “Tienen que ayudar a las familias de la misma manera que ayudan a las empresas”.

Campos estuvo de acuerdo en que la rendición de cuentas es un paso vital en la búsqueda de una solución.

“He estado tratando de contactar con la industria de la tecnología para ver si hay cosas que se puedan hacer para trabajar con nosotros y que sean parte de la solución”, dijo. “Desde luego, no tengo ningún problema con la gente de éxito —sólo queremos que la gente invierta en sus comunidades y vecindarios, y ayudar a las personas que la está pasando mal para que se queden en San Francisco”.

—Traducción Emilio Ramón