Manifestantes muestran su apoyo durante la marcha Save CCSF. Participants show their support during the Save CCSF Coalition march on Tuesday, July 9. Photo Shane Menez

Días después de que el City College de San Francisco fuera notificado de que su acreditación podría ser revocada el próximo año, los defensores de la educación pública se lanzaron a las calles; sus cantos reflejaban indignación y decepción.

“Es muy importante entender que esta decisión aún no es definitiva”, dijo Lalo González, miembro de Salvemos CCSF, una coalición integrada por estudiantes, personal y miembros de la facultad organizados en respuesta a la crisis de la acreditación. “Creo que esto (la protesta) es una excelente representación de lo loca que está la ciudad”.

La Comisión de Acreditación para Escuelas Comunitarias y Universitarias (ACCJC, por sus siglas en inglés), agencia de acreditación privada y autorizada por el Departamento de Educación de los EEUU (ED, por sus siglas en inglés), anunció su decisión de “terminar con la acreditación el 31 de julio de 2014”, en una declaración escrita dirigida el 3 de julio a la rectora interina Thelma Scott-Skillman.

Poco antes de la protesta del 9 de julio, la Junta de Fideicomisarios de CCSF —considerada ineficaz por la comisión— fue sustituida por un fideicomisario especial designado por el Estado, Bob Agrella, a quien le fue concedido poder de decisión único sobre la universidad.

Aunque el trabajo activo para satisfacer las demandas de la ACCJC no dio frutos, los miembros de la desmantelada Junta de Fideicomisarios se han unido a estudiantes, profesores y personal para poner en duda su legitimidad como comisión.

“Creo que la ACCJC fue irresponsable y se equivocó”, dijo el fideicomisario Rafael Mandelman. “Voy a hacer lo que pueda el año próximo para asegurarme de que el City College se mantenga abierto y se disuelva la ACCJC”.

La ACCJC convocó a la universidad a una comparecencia judicial bajo sanción el 12 de julio de 2012, citando las principales fallas de gestión y financieras. De las catorce recomendaciones que la escuela necesitaba corregir para conservar su acreditación, sólo dos fueron solventadas, según diversos informes.

El sindicato presenta una querella contra los acreditadores

En abril, la Federación de Maestros de California (CFT, por sus siglas en inglés) y el AFT 2121, el sindicato docente de la escuela, impugnaron las acciones de la Comisión por medio de un comentario y una querella como tercera parte implicada ante la Comisión y el ED.

“(La ACCJC) se está extralimitando sobre el objetivo al que debería enfocarse, que es la calidad de la educación; está discutiendo sobre cuánto se paga a los maestros”, dijo González. “Creemos que es una institución ilegítima”, agregó.

La demanda incluye acusaciones de que la comisión operó bajo un conflicto de intereses —Peter Crabtree, esposo de la presidenta de la ACCJC, Bárbara Beno, era parte de un equipo de evaluadores que visitaron al CCSF a principios de año.

El ED emitió un comunicado prometiendo “revisar a fondo” la denuncia, afirmando que pese a que éste carece de autoridad para “revertir, revisar, anular… o dictar” la decisión de la comisión de acreditación, el CCSF puede “apelar una acción adversa de acreditación para que sea examinada por un órgano de apelación independiente”.

Los miembros de Salvemos CCSF argumentan que el principal objetivo de la comisión debería ser la calidad de la educación y los programas que benefician a la comunidad —incluyendo Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés), el aprendizaje para personas mayores y programas de GED o educación general—, y que sin embargo el presionar a la escuela para que cumpla con las normas de ACCJC ha reportado más problemas que beneficios.

“Esto no es sobre el rendimiento académico, no se trata de apoyar a los estudiantes, no se trata de la financiación…, se trata de las ganancias”, dijo la estudiante fiduciaria de CCSF Shanell Williams. “Esto va a ser el pistoletazo de salida para que empecemos a luchar realmente contra la privatización de los recursos públicos”.

La escuela va a ser despojada de los valores fundamentales

Los cerca de mil manifestantes que se reunieron en el campus del centro de la ciudad, representaban sólo una pequeña porción de los 85.000 estudiantes y 3.000 profesores actualmente en peligro de perder sus puestos de trabajo y el acceso a la educación superior pública en San Francisco.

“Es desalentador ver que la tasa de interés (para los préstamos estudiantiles) subió el 1 de julio y, a continuación, ver que suceda todo esto”, dijo Mari García, quien planea inscribirse en el CCSF para el otoño. “Si el CCSF realmente cierra, luego miles de estudiantes —estudiantes mayores, jóvenes e inmigrantes— ¿a dónde irán?”

La comunidad del CCSF ha luchado tenazmente y durante mucho tiempo para asegurar la diversidad, el acceso y la igualdad de oportunidades en todos sus campus.

En 1960, el Plan Maestro de California para la Educación Superior estableció el tono para un nivel de compromiso que garantizara el acceso a la educación superior —cuyos valores son reflejados en los programas ofrecidos por el CCSF.

El plan, promulgado durante la administración del gobernador Pat Brown, estableció un marco para los sistemas de la Universidad de California, California State University y las Universidades Comunitarias de California garantizando el acceso a la educación superior “a todos, independientemente de sus medios económicos” y haciendo hincapié en que “el progreso académico sólo debe estar limitado por la aptitud individual”.

Josh Pechthalt, presidente del CFT, explica cómo “era una visión para la educación gratuita y de bajo costo —(para) quienes necesitaban obtener un título, las personas mayores que querían volver y aprender…, los veteranos de guerra que regresan, los trabajadores que necesitan más preparación”.

“Hemos estado haciendo esto durante 50 años…, pero esta comisión ha decidido…, cambiar la visión de la educación superior de California. No podemos permitir que eso suceda”, añadió.

Los partidarios del CCSF están instando la intervención de los legisladores estatales en lo que muchos afirman es un programa nacional de privatización de la educación pública que ha caído sobre CCSF.

“Es parte de un plan nacional para atacar a la educación pública”, dijo Bill Shields, presidente de Estudios Laborales y de la Comunidad en el CCSF. “Es lo que sucedió en Chicago —el alcalde quitó el poder de la junta elegida, cerró una gran cantidad de escuelas en los barrios latinos y afroamericanos…, previendo el desarrollo aburguesado”.

—Traducción Emilio Ramón