Manifestación en Madrid, Ronda de Atocha, al final de la jornada de huelga general. Demostration in Madrid, Ronda de Atocha, closing a day of general strike in Spain, Nov. 14, 2012. Foto Ruggero Ragonesi
Escaparate de una tienda en la ciudad de Valencia, este de España, cerrada por la huelga. Window shop in Valencia, eastern Spain, closed down for the strike on Nov. 14, 2012. Photo JV & Ángela Martín

Madrid (España)— La del pasado 14 de noviembre fue la segunda huelga general convocada en España contra el ejecutivo de Mariano Rajoy, líder del conservador Partido Popular que subió al poder hace un año, tras ocho de gobierno socialista.

Bajo el lema “Nos dejan sin futuro”, los principales sindicatos españoles —Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Unión Sindical Obrera— convocaron a los trabajadores a mostrar su desacuerdo con el devenir del actual ejecutivo.

La huelga, parte de una jornada de movilizaciones en otros países europeos, mostró el rechazo a las políticas de reajuste presupuestario para reducción del déficit en la administración pública, en las que la sanidad y educación están sufriendo los mayores recortes.

Las valoraciones del seguimiento de la huelga fueron, como es habitual, un baile de cifras: los sindicatos señalaron un 76,7% de paro laboral, mientras que el gobierno calculó en 9 millones los trabajadores que secundaron la huelga (alrededor del 40%), cantidad inferior a los más de 10 millones que secundaron la huelga del pasado 29 de marzo.

La mayor divergencia estuvo en los datos de asistencia a la manifestación en Madrid: la Delegación del Gobierno contabilizó 35.000 personas mientras que los sindicatos más de un millón.

Durante toda la jornada se vivieron momentos tensos entre policía y manifestantes en varias ciudades de España, tanto como consecuencia de piquetes sindicales llamando a la adhesión a la huelga, como de parte de fuerzas policiales que acometían desmedidamente a los manifestantes congregados en los puntos neurálgicos de la capital.

Las protestas posteriores a la manifestación de cierre de la jornada concluyeron con la quema de contenedores y desperfectos en la infraestructura física de la zona céntrica de Madrid.

En la ciudad de Tarragona, un menor de trece años fue agredido en la cabeza en una carga policial; mientras que en Valencia, los manifestantes se aglutinaron a las puertas del Banco de España exigiendo el fin de los desahucios.

Las pancartas y banderas independentistas catalanas podían verse en la manifestación de Barcelona, España. Independent Catalan banners and flags could be seen in Barcelona’s demonstration in Spain, Nov. 14, 2012. Photo Ana Pérez Martín

Mientras tanto, en Barcelona, abundaban las banderas nacionalistas en una manifestación que se abría con una pancarta en la que se podía leer “Sin independencia no hay solución”.

En los días posteriores a la jornada de huelga, el gobierno enfatizó una posible relectura del derecho de manifestación a raíz de los hechos violentos acaecidos.

Ya a principios de octubre, al hilo de las manifestaciones del 25 de septiembre, convocadas por el movimiento 15 de mayo, Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, señaló que la ley actual es “muy permisiva y amplia” con el derecho de reunión y manifestación, apostando por “modularla” para “racionalizar el uso del espacio público”.

Sin embargo, por el momento no ha habido una clara intencionalidad de ningún partido en modificar la actual legislación en materia de manifestaciones.

Todo este énfasis en la violencia parece una cortina de humo que disuade el punto de interés, como es la situación de desempleo en el país.

Con un total de 47 millones de habitantes, de los cuales 23 millones son población activa, España cuenta con casi 6 millones de desempleados, un 25%, y la tasa de desempleo entre sus jóvenes, supera el 50%, conforme a datos difundidos en octubre pasado por el Instituto Nacional de Estadística.