Formación durante las negociaciones de 1998-2002, en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia. Foto Pablo Serrano, 2000

Tras casi 50 años de confrontación armada, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se reunieron en noviembre en La Habana (Cuba) para iniciar un nuevo proceso de paz.

Tanto los grupos guerrilleros como el Estado y los paramilitares son responsables de más de 50.000 crímenes contra civiles, según cálculos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

El conflicto armado colombiano es “el último gran conflicto de América Latina, el último de la Guerra Fría”, explica Héctor Perla, profesor del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad de California, Santa Cruz.

Las FARC surgieron en 1964 como reacción a la represión estatal contra una zona de influencia comunista en el departamento de Tolima. De acuerdo con su programa fundacional, su lucha comenzó en respuesta al monopolio latifundista de la tierra y a la intervención de EEUU en Colombia. El gobierno las acusa de haber perdido el carácter ideológico original para dedicarse al narcotráfico y a la extorsión.

La agenda para el diálogo
El primer punto de la agenda de negociación es el desarrollo de una “política de desarrollo agrario integral”. Como en otros países latinoamericanos, la desigualdad en la tenencia de la tierra ha sido uno de los aspectos más importantes del conflicto en Colombia y ha estado siempre presente en el discurso de las FARC.

Tras la primera ronda de diálogos en La Habana, el pasado 25 de noviembre, los representantes de la guerrilla y el gobierno anunciaron la realización de un Foro de Política de Desarrollo Agrario Integral, para recoger propuestas de la sociedad civil. El foro se llevará a cabo en Bogotá del 17 al 19 de diciembre y lo organizarán las Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz (afiliado a la Universidad Nacional).

Otros puntos de la agenda tienen que ver con la participación política de los integrantes de la guerrilla y la reincorporación de las FARC a la vida civil. Frente a estos aspectos, la agenda acordada por las partes enfatiza la necesidad de combatir a las organizaciones criminales herederas de los paramilitares —que, financiadas por el narcotráfico, aún controlan territorio en varias partes del país— y de dar garantías de seguridad a la guerrilla, teniendo en cuenta la violenta persecución que sufrió la Unión Patriótica, un partido político creado por miembros de las FARC y otras fuerzas de izquierda mientras se daba el proceso de paz fallido de los años ochenta.

El problema de las drogas ilícitas será también un punto crucial para garantizar la estabilidad de un eventual acuerdo, dado el papel del narcotráfico en las finanzas de las FARC y de otras bandas armadas, así como en las economías regionales del país. Para Dana Brown, directora ejecutiva de la US Office en Colombia, una organización no gubernamental con sede en Washington DC, frente a este asunto es probable que sea necesario un acuerdo con el gobierno de EEUU, ya que varios miembros de las FARC tienen procesos judiciales por narcotráfico en este país.
Una paz esquiva

En los diálogos actuales se busca evitar la repetición del fracaso de los dos procesos de paz anteriores. En 1984 el gobierno y la guerrilla firmaron una tregua bilateral, pero ninguna de las partes la respetó a cabalidad. Ese mismo año, grupos paramilitares comenzaron a asesinar a miembros de la Unión Patriótica. Las negociaciones terminaron a comienzos de 1986.

En 1998, en un segundo intento de negociación, el gobierno desmilitarizó una extensa zona en los departamentos de Caquetá y Meta al sur del país, pero al mismo tiempo firmó con EEUU un acuerdo antidrogas con elementos contrainsurgentes. Por su parte, las FARC utilizaron la zona desmilitarizada como retaguardia para atacar al Estado y mantener cautivos a cientos de secuestrados. Los diálogos colapsaron en febrero de 2002, el mismo año en el que llegó a la presidencia Álvaro Uribe prometiendo “mano dura” contra la guerrilla.

Diez años después, esta vez bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, las FARC llegan debilitadas a la mesa de negociación, tras haber perdido a varios de sus líderes como resultado de la arremetida militar del Estado, mientras que el gobierno incrementa su presión.

Las FARC decretaron una tregua unilateral hasta mediados de enero de 2013, mientras que el gobierno anunció la no suspensión de sus operaciones. El pasado 1 de diciembre una operación militar en el departamento de Nariño dejó 20 guerrilleros muertos. Asimismo, el gobierno estableció noviembre de 2013 como fecha límite para la negociación.

Sobrevivientes y familiares de miembros de Unión Patriótica muestran fotografías de asesinados durante las negociaciones de 1984. Photo Pablo Serrano, 2009

Un camino de obstáculos
Según Brown, las organizaciones colombianas defensoras de los derechos humanos están pidiendo que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación y “que se establezca algún tipo de comisión de la verdad”.

En procesos pasados en Colombia (como en la desmovilización de la guerrilla del M-19 en 1990) y en otros países (como El Salvador y Guatemala) se han aplicado perdones generalizados para lograr la paz, pero hoy en día el derecho internacional no permite esta posibilidad.
Para Angelika Rettberg, directora del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Bogotá), “este tema de cárcel, cuándo, cuánto y quiénes puede ser determinante”, pues es poco probable que los líderes guerrilleros acepten quedar tras las rejas al firmar la paz.

Las negociaciones se enfrentan a la oposición de varios sectores de la sociedad colombiana, empezando por el expresidente Uribe, quien aún goza de una alta popularidad en el país. Igualmente, gremios como la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) han criticado fuertemente el proceso. Según una encuesta realizada por la empresa Ipsos Napoleón Franco, entre el 23 y el 25 de noviembre, el apoyo a los diálogos por parte de la opinión pública es frágil y tiende a disminuir.

La implementación y la verificación del cumplimiento de un eventual acuerdo también serán problemáticas. “Es necesario que alguien haga esa verificación para darle credibilidad al proceso, ya sean las Naciones Unidas o la OEA”, sugirió el profesor Perla.

Incluso si el proceso resulta exitoso, quedan también muchas preguntas sobre lo que viene después, empezando porque hasta el momento el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —otro grupo insurgente reducido pero aún activo— se ha mantenido al margen de las negociaciones.
Según explica la profesora Rettberg, “la tarea de la construcción de paz consume recursos y energía por unos diez años después de un acuerdo”. El desarme, la desmovilización y la reintegración de excombatientes, la justicia transicional, el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo económico, entre otros aspectos, son procesos de largo plazo.

“Esta fue la parte donde los procesos de paz centroamericanos fallaron. No se tocó de fondo la situación de injusticia económica”, afirmó el profesor Perla. En todo caso, advierte él mismo, con el final de la confrontación “se abriría en Colombia una nueva etapa para lidiar con los graves problemas sociales, económicos y políticos en un marco ya no militar sino democrático”.

Juan Diego Prieto (jdprieto@ucsc.edu) es estudiante de doctorado en el Departamento de Política de UC Santa Cruz y recientemente publicó el libro Guerras, paces y vidas entrelazadas: coexistencia y relaciones locales entre víctimas, excombatientes y comunidades en Colombia (Ediciones Uniandes, Bogotá).