Eran las 5 a.m. cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) allanó la casa de Willian mientras dormía en su cama con sus dos niños pequeños.

Willian, un padre de 24 años con dos hijos y sobreviviente de tortura en El Salvador, dijo que se despertó cuando agentes de ICE ingresaron a su domicilio a punto de pistola apuntando a el y a la cabeza de su hijo menor. Uno de los oficiales le ordenó levantar las manos y procedió a detenerlo por la fuerza. 

Willian (cuyo apellido El Tecolote deja en anonimato por razones de seguridad) ha estado luchando contra su caso civil de inmigración mientras ha estado detenido desde noviembre de 2018. Ahora, enfrenta la deportación el 14 de julio. Al cierre de esta edición, El Tecolote se enteró de que Willian había sido trasladado de regreso a California y se le otorgó una extensión de 30 días. Un nuevo retraso en su deportación, que le da más tiempo para pelear su caso. 

A la edad de 16 años, llegó a este país huyendo de un ambiente hostil por lo que corre un peligro extremo en caso de que sea enviado de regreso a casa. Los abogados de la Oficina del Defensor Público de San Francisco y los Servicios Legales de Pangea han estado trabajando en su caso.

Diana, junto con su hijo de dos años, sostiene una fotografía de su pareja Willian, quien espera su deportación hacia El Salvador. Foto: Alexis Terrazas

“Ha sido muy difícil para mi porque soy una víctima del sistema de los EEUU,” dijo Willian. “Estoy pagando por las consecuencias de lo que hizo otra persona”. 

En la década de 1980, el pueblo de El Salvador fue a la guerra contra la dictadura militar respaldada por los EEUU del Gobierno Salvadoreño aliada con los escuadrones de la muerte. Muchos ciudadanos huyeron a este país trayendo consigo solo la voluntad de sobrevivir. Se formaron comunidades en barrios de clase trabajadora en todo el país y con la pobreza, el racismo y la lucha de las clases sociales surgieron pandillas.

A finales del siglo XX, los miembros de la MS-13 aumentaron exponencialmente en los EEUU. En 1996, el presidente Bill Clinton firmó la Ley de Reforma de la Inmigracion Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, que facilitó la deportación de los residentes nacidos en el extranjero que tenían antecedentes penales diversos. En 2005, ICE inició la Operación Community Shield, reuniendo a dicha agencia con las fuerzas del orden público estatales y locales y otras agencias federales para apuntar a los miembros de la MS-13 para su deportación. Según Human Rights Watch, aproximadamente 60 mil miembros de la pandilla operan en El Salvador. La MS-13, es un producto claro de la intervención estadounidense, el racismo y la lucha de clases sociales, las cuales se habían convertido ahora en un problema con el cual El Salvador tendría que lidiar. 

Varios niños de los barrios más duros son obligados a ayudar a miembros de las pandillas sin opción alguna. Muchos tienen que huir de sus hogares y buscar asilo para escapar del ciclo de violencia. Según Human Rights Watch, a partir del 2019 los Salvadoreños tenían más de 136 mil solicitudes de asilo pendientes en otros países, la mayoría de ellas en los EEUU. De 2013 a 2019, 138 Salvadoreños fueron asesinados después de su deportación, y más de 70 fueron golpeados, agredidos sexualmente, extorsionados o torturados. 

“Es hora de que los EEUU reconozca el legado Imperial que tiene en Centroamérica en lugar de enviar a los solicitantes de asilo a sus posibles muertes, como lo hizo con los refugiados políticos en la década de 1980”, comentó la coordinadora y directora del Comité de Solidaridad del Pueblo de El Salvador (CISPES) Samanta Pineda. “Deberían proporcionar recursos para quienes ya se encuentran en el país para garantizar su búsqueda de la felicidad en forma de medios de vida y reflexionar radicalmente la política exterior hacia la región para garantizar un futuro para quienes permanecen en sus países de origen.” 

A la edad de 13 años, Willian fue obligado por las pandillas a hacer tareas para ellos. Llevó maletas de su escuela a lugares no revelados e hizo cualquier otra cosa que las pandillas necesitaran que hiciera. Willian no tuvo otra opción ya que las pandillas amenazaron con matarlo a él y a su familia si no cooperaba. 

“Las pandillas me obligaban a recoger drogas, moverlas por ellos y cobrar renta”, comentó. 

En el 2014, la policía de El Salvador lo detuvo y acusó de ser un miembro de la pandilla. Según Willian, fue torturado en múltiples ocasiones. Comentó que una vez lo llevaron a una estación donde lo ataron a una silla y fue golpeado por miembros de la pandilla. En otra ocasión, fue golpeado por soldados enmascarados en un pequeño callejón mientras caminaba a conseguir pupusas para su familia. Unos meses después de ese incidente, decidió que era hora de dejar su casa para escapar de la violencia. Llegó a los EEUU en 2014 justo a punto de cumplir 17 años.

“Como muchas otras personas que cruzan la frontera, me tomó un poco más de uno o dos meses llegar”, recuerda. 

Diana sostiene una foto de su pareja Willian, quien está programada para ser deportada a El Salvador. Foto: Alexis Terrazas

En este país conoció a su pareja en el Área de la Bahía y las cosas le iban bien. Después de tener problemas con ella, decidió mudarse a Maryland en 2015, donde tenía un amigo de El Salvador que podía ayudarlo a encontrar trabajo. Llegó y rápidamente conoció a otras personas que eran miembros de la pandilla. 

Francisco Ugarte, abogado principal de la Unidad de Defensa de Inmigración del Defensor Público de San Francisco, reconoció la realidad de navegar por la vida de las pandillas: “En los barrios de la clase trabajadora de este país, es muy difícil existir sin conocer gente que está en pandillas. Es solo una realidad y nadie quiere hablar de ella o reconocerla”, 

Un mes después de su llegada a Maryland, Willian se encontró en problemas con la ley. Mientras estaba en una tienda de abarrotes con su amigo en Hyattsville, escuchó disparos justo afuera de esta. Miró hacia donde estaba ocurriendo el tiroteo y cuando llegó la policía se trasladó al lugar donde la multitud se reunía. La policía lo interrogó y dos semanas después fue arrestado por participar en un tiroteo.

A pesar de las pruebas de video y los registro de su teléfono celular los cuales muestran que estaba hablando por teléfono en el momento del tiroteo, la víctima del tiroteo identificó a Willian como el tirador. Como resultado, fue acusado de tres cargos de intento de asesinato con cadena perpetua. 

Los registros policiales muestran que Willian mencionó un nombre bajo la custodia policial. Según Ugarte, Willian fue ‘engañado’ por detectives de la policía y los miembros de las pandillas en El Salvador se enteraron. 

Después de un año de estar bajo custodia, el Fiscal del Estado le ofreció crédito por el tiempo cumplido si se declaraba culpable de agresión agravada con arma de fuego. Willian finalmente decidió hacerlo y, debido a una ley de santuario, se le permitió dejar la custodia. Los abogados de Pangea Legal Services han presentado una moción para anular su declaración. 

Willian se mudó de regreso al Área de la Bahía en 2017 y reparó su relación con su ex pareja, incluso se convirtió en un nuevo padre. Justo un año después, en noviembre de 2018, ICE allanó su casa, lo arrestó y lo puso en detención migratoria. Mientras estaba bajo custodia, Willian llamó repetidamente a la oficina del Defensor Público de San Francisco. 

“No estábamos seguros de poder tomar el caso, pero fue tan persistente que tuvimos que echarle un vistazo”, dijo Ugarte. “Hablé con Willian, escuché su historia y procedí con el caso”.

El primer paso para Ugarte y su equipo fue tener una audiencia de remoción. En febrero de 2021, el juez determinó que Willian había sido torturado en el pasado por la policía, pero debido a que se había convertido en un hombre de familia que no estaba involucrado en ninguna actividad criminal, el juez concluyó que ya no sería torturado en El Salvador. 

“Existe una presunción legal en el tribunal de que si has sido torturado en el pasado, es probable que vuelvas a ser torturado a menos que haya un cambio de circunstancias”, explicó Ugarte. “Lo que este juez encontró fue que la decisión de Willian de no afiliarse a una pandilla sería una circunstancia diferente”. 

Ugarte y su equipo perdieron la audiencia de remoción, abriéndose paso hacia el noveno circuito donde volvieron a perder. Dos semanas después de la derrota en el noveno circuito, las pandillas en El Salvador contactaron a la pareja de Willian con mensajes amenazadores. Las pandillas estaban enteradas del suceso en Maryland donde Willian confirmó un nombre y le aseguraron que su muerte era inminente una vez que fuera deportado a El Salvador. Llamó a amigos en El Salvador para saber si las amenazas eran reales lo cual confirmaron. 

Después de las amenazas, Willian presentó una moción para reabrir la junta de apelaciones de inmigración. Presentó pruebas de dos peritos, uno de los cuales fue el testimonio del doctor Thomas Bomberman, especialista en Centroamérica con experiencia en pandillas, crimen organizado y temas de género y juventud. Ambos peritos confirmaron que su vida estaba en peligro y demostraron que el gobierno Salvadoreño había estado negociando secretamente con las pandillas y empoderándolas. 

El Faro, una publicación digital en El Salvador, había adquirido documentos que demostraban una alianza entre líderes de las pandillas y funcionarios del gobierno. Los informes de inteligencia mostraron que se estaban llevando a cabo decenas de reuniones entre funcionarios del gobierno y líderes de pandillas desde principios de 2019. Ambas partes acordaron una reducción de los homicidios por privilegios carcelarios y “promesas a largo plazo vinculadas a los resultados de las elecciones del Congreso en 2021”.

Según Human Rights Watch, la Policía Nacional reportó 706 homicidios entre enero y julio de 2020, en comparación con más de 1,700 durante el mismo periodo en 2019, una caída del 59 por ciento. 

“A pesar de que la personalidad pública del presidente Nayib Bukele es luchar contra las pandillas y detener la violencia, entre bastidores hay un impulso autoritario”, dijo Ugarte. “Esto tiende a mostrar que la policía aceptará este tipo de violencia entre pandillas en El Salvador”. 

En mayo 25, se presentó una moción de emergencia para detener la deportación y un juez federal otorgó un aplazamiento para detener la deportación de Willian hasta que la corte pudiera escuchar los argumentos y revisar el caso. 

“Una de las principales conclusiones de este caso es que existe un tremendo racismo y prejuicio contra los jóvenes de Centroamérica, particularmente si hay una acusación de pandilla adjunta al caso”, dijo Ugarte. 

Desde entonces, ICE ha trasladado a Willian de California a Arizona, y luego a Luisiana, donde actualmente se encuentra detenido y espera su destino. El gobierno acordó la deportación hasta el 14 de julio, pero Ugarte y su equipo pueden apelar la decisión del tribunal de distrito al noveno circuito. 

“No se por que me está pasando esto, pero veremos qué pasa”, dijo Willian. “Esperemos a los que Dios diga”.

ACTUALIZACIÓN 14/7/2021: Willian ha sido trasladado de regreso a California y se le ha concedido una extensión de 30 días. Otro retraso en su deportación, lo que le da más tiempo para pelear su caso.