El ataque continuo de la administración Trump al Censo 2020 tiene a muchos grupos de defensa preocupados por cómo un posible conteo impreciso afectará la financiación a servicios y programas comunitarios. Con la fecha límite del censo próxima a vencer, un conteo inexacto de inmigrantes y otras comunidades de difícil acceso en el país podría colapsar a un mosaico de servicios de cuidado infantil de por sí ya está en dificultades, del que dependen muchas familias.
Uno de los ataques más recientes de Trump al Censo se produjo el pasado 21 de julio, cuando emitió un memorando ejecutivo que prohibía a los inmigrantes indocumentados participar en él. El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) estima que hasta 20 millones de ciudadanos estadounidenses podrían ser considerados inmigrantes indocumentados, lo que resultaría en un censo inadecuado porque no existe un método infalible para saber cuáles encuestados son ciudadanos estadounidenses, cuáles, inmigrantes legales y cuáles, indocumentados.
“Todo esto es parte de un plan mayor para eliminar los servicios a las comunidades inmigrantes”, dijo Dale Ho, Director del Proyecto de Derechos de Votación de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, durante un reciente webinar del MPI sobre el Censo.
Las comunidades del Área de la Bahía frecuentemente incluyen residentes en diferentes estatus de ciudadanía, lo que los hace potencialmente vulnerables a los posibles recortes presupuestales que podrían seguir a un censo inexacto, y esta subrepresentación podría afectar a la comunidad del cuidado infantil de manera particularmente dura.
“A muchos programas de cuidado infantil les preocupa que los niños sean subrepresentados en el Censo, especialmente los programas que reciben la mayor parte de sus recursos de fondos estatales y federales”, declaró Karen Haas-Foletta, directora ejecutiva de Footsteps Childcare, un proveedor de cuidado infantil sin fines de lucro que atiende a las comunidades del área de la bahía desde 1994. “Footsteps tiene un contrato preescolar estatal y también atiende a varias familias cuya colegiatura es pagada por el estado o el condado. El conteo impreciso de los niños, especialmente cuando existe una gran necesidad de cuidados subsidiados, es muy preocupante. Footsteps tiene una fuente de financiación combinada que se cubre principalmente con la colegiatura pagada en su totalidad, por lo que no nos veremos tan afectados como las escuelas preescolares que son financiadas al cien por ciento por el estado”.
Sin cuidado de niños, “muchos padres y cuidadores en el condado de San Mateo dejarán la fuerza laboral”, según un informe del personal de la Oficina del Administrador del Condado de San Mateo que estima que más de 100 mil residentes dependen del cuidado de niños para trabajar.
Juno Duenas es la Directora Ejecutiva de Apoyo para Familias con Discapacidades en San Francisco, una organización no lucrativa dirigida por padres, cuya sede en San Francisco fue fundada en 1982 para apoyar a familias de niños con discapacidades, incluidas discapacidades físicas, de salud mental y de aprendizaje, así como necesidades especiales de atención médica. El financiamiento para el apoyo a estas familias proviene de una combinación de recursos federales, estatales y municipales, casi el 80 por ciento de los cuales son fondos del gobierno.
“Brindan entrenamientos a los proveedores de programas de cuidado infantil y después de la escuela sobre cómo incluir a los niños con discapacidades. Esta es una parte de la comunidad que a menudo se pasa por alto y se estigmatiza”, dijo Duenas. “Identificar los servicios para estos niños es extremadamente difícil, por lo que es increíblemente importante brindarles a esas familias la información y educación que necesitan y a los estudiantes los servicios que necesitan. A largo plazo, marca tal diferencia en su calidad de vida, puede significar la diferencia entre estar en una institución o volverse autosuficiente. El impacto es de gran alcance y generalizado”.
Olga Maldonado es coordinadora de padres mentores en Support for Families. Muchas de las familias a las que ayuda son hogares de inmigrantes, y las familias indocumentadas a menudo comparten su temor a revelar demasiada información: “La preocupación principal que escucho de las familias indocumentadas es que no quieren compartir su información por temor a ser identificados. Si un miembro de la familia es indocumentado, a menudo deciden no incluirlo en el censo”, explica Maldonado y agrega: “Las familias que alquilan una unidad ilegal o alquilan una habitación, se sienten inseguras de completar el censo por temor a ser identificadas. Los propietarios pueden tener un temor similar cuando alquilan una unidad en la que no informan los ingresos. A menudo, las familias no saben dónde obtener respuestas a sus preguntas, especialmente aquellas que no están familiarizadas con la tecnología. Se está difundiendo mucha información errónea sobre el censo y el gobierno actual ha creado mucha inseguridad entre las familias latinas. Muchos dependen de los titulares de los medios y no están completamente informados sobre los beneficios del Censo. Algunas agencias de la comunidad, como Mission Graduates y MEDA, han estado haciendo un trabajo increíble al capacitar y compartir el valor de completar el Censo”.
El Censo 2020 enfrenta más desafíos legales que cualquier otro anterior. Lo que está en juego no es sólo cómo se utilizan sus datos en la distribución de los 435 puestos en la Cámara de Representantes de los EEUU en los 50 estados, sino también cómo se asignan los miles de millones de dólares en gastos federales, así como las decisiones sobre la planificación del gobierno y el sector privado que impacta a todos, ciudadanos y no ciudadanos.
“El costo de no tener un buen Censo es muy alto’’, dijo Kenneth Prewitt, ex director de la Oficina del Censo de los EEUU y profesor Carnegie de Asuntos Públicos en la Universidad de Columbia. “Desde un conteo incorrecto de los veteranos hasta la cantidad de maestros que necesita el condado y el estado, será un error por toda una década”.