Raúl Reyes López, un guatemalteco que ha tratado de establecer su ciudadanía estadounidense por más de una década, ahora se encuentra en custodia por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por más de dos años.
Sus abogados han presentado una petición por habeas corpus, afirmando los derechos de su cliente a dicho proceso. Daniel Werner, su abogado por parte de Dolores Street Community Services en San Francisco, declaró que su cliente estaba siendo inconstitucionalmente detenido, porque no se le había otorgado una audiencia de fianza.
López emigró a los EEUU hace aproximadamente tres décadas, escapando de los años de guerra civil en su país. En 1993 aplicó para asilo, pero su abogado durante ese proceso nunca le notificó de la entrevista de naturalización, de acuerdo con Werner. Dicha entrevista ocurre cuando un agente de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EEUU (CIS) pregunta sobre la aplicación y los antecedentes de la persona que aplica para la ciudadanía.
En el 2008, López tuvo un altercado con un miembro de su familia, lo cual lo llevó a su arresto. Después de ser procesado, fue informado de que contaba con una orden de deportación pendiente. Y, aunque le fue permitido salir en libertad condicional, de acuerdo con Werner, tuvo que seguirse presentando ante ICE.
En 2015, la madre de López falleció de cáncer. Según su hija Alexa, él era muy cercano a su madre y después de su muerte comenzó a beber con frecuencia. Para 2016, fue arrestado por manejar bajo el efecto del alcohol. Al ser liberado, él mismo se entregó a ICE en 2017. Sin audiencia de fianza, López nunca tuvo la oportunidad de abogar por su caso ni de explicar los cambios positivos que realizó en su vida, como su rehabilitación.
Para atraer más atención hacia su caso, en junio de 2018, su hija Alexa celebró su quinceañera a las afueras de las Instalaciones de Detención del Condado Oeste en Richmond, donde su padre estaba detenido.
En un acto que los organizadores sospechan fue represalia política, ICE transfirió a López a un centro de detención en Denver, de acuerdo con Juan Prieto, de la Alianza Joven de Justicia Inmigrante de California, quien explicó que las cortes federales de inmigración son parte del poder ejecutivo, las cuales responden directamente al fiscal General, por lo que tienen la misma agenda política que el presidente.
El traslado ocurrido dos semanas después de la quinceañera de su hija, dejándolo aislado del sistema de ayuda, el cual se ha manifestado cercano a él para abogar por su rehabilitación y libertad, declaró Werner.
“Mi padre nada más quiere estar con su familia y proveer así como cualquier otro”, declaró Alexa. Sus abogados se presentaron en la corte federal para argumentar en contra de la decisión de la corte de inmigración al no permitir otra audiencia de fianza en más de un año, cuando la ley permite que se realicen cada seis meses.
Los abogados fueron recibidos con retraso por la Juez Sallie Kim debido a que no podía decidir si descartar la decisión de la corte de inmigración ese día, y le tomaría tiempo tomar una decisión. El 24 de diciembre, un juez ordenó a la corte de inmigración revisar su caso, y le fue negada fianza.
López aun tiene esperanza en su petición habeas corpus, pero podría tomar años antes de que su caso se decida en una corte federal, de acuerdo con Werner.