Los líderes de San Francisco se han unido para discutir cómo resistir las recientes acciones ejecutivas del presidente Trump.
El 23 de febrero, la líder demócrata Nancy Pelosi celebró una conferencia de prensa y luego una mesa redonda en el Edificio Federal de San Francisco para examinar el veto migratorio y refugio, las deportaciones de ICE, las ciudades santuario y DACA.
La conversación contó con la asistencia de representantes de organizaciones de derechos humanos tales como la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, la Asistencia Legal de las Islas del Pacífico Asiático, la Alianza Interreligiosa de los Musulmanes Unidos de América, el Centro Centroamericano de Recursos y otras organizaciones que representan a las comunidades marginadas.
Desde el lanzamiento del veto a la migración y a los refugiados del presidente Trump, California ha visto que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ataca injustamente a las comunidades y a individuos inocentes.
Pelosi habló de los acontecimientos ocurridos en Santa Cruz el 13 de febrero, en los que personal de Departamento de Seguridad Nacional y agentes de la policía arrestaron a diez individuos sospechosos de estar involucrados en crímenes relacionados con la pandilla MS-13. Más tarde se reveló que algunos fueron llevados ante Homeland Security bajo el supuesto de ser inmigrantes indocumentados, pese a que ninguno estaba involucrado en actividad criminal alguna.
El jefe de la policía de Santa Cruz, Kevin Vogel, dijo que ICE realizó la operación en secreto y acusó a miembros de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional de mentir a su departamento sobre ello.
“Esto atenta contra los valores que nuestra comunidad tiene profundamente”, dijo Vogel en una conferencia de prensa el 13 de febrero. “La comunidad tiene el derecho absoluto de estar enojada por esto”.
Pelosi señaló que millones de indocumentados en nuestro país están expuestos a ese tipo de tácticas y discutió cómo ICE ha llegado a las comunidades interrogando a la gente al azar.
Pelosi dijo pensar que dicho departamento se estaba enfocando en aquellos que han violado la ley de una manera grave. “Pero en su lugar, ha utilizado el estatus como una violación a la ley”, dijo. “En eso no consiste la discreción procesal, ahí no hay discreción en lo absoluto.”
Mike Pappas, Director Ejecutivo del Consejo Interreligioso, informó que un incidente similar ocurrió en el Distrito de la Misión de San Francisco. El 26 de enero, cuatro agentes de ICE arrivaron Centro de Recursos Familiares Buen Samaritano en busca de alguien. Pappas señaló que llegaron sin orden alguna y “traumando al personal y a los niños”.
Para combatir este tipo de injusticias, Pelosi y los líderes reunidos, están apoyando la Ley 54 del Senado, la Ley de Valores de California, y la Ley 31 del Senado, la Ley de Libertad Religiosa de California. Ambos proyectos de ley están actualmente pendientes en la legislatura de California. Según Aarti Kohli de Advancing Justice -Asian Caucus Law, estas leyes pretenden separar la aplicación de la ley federal de la aplicación de la ley local.
“No es tarea de la policía local apoyar en la aplicación de la ley federal en lo que respecta a inmigración”, dijo Kohli.
Los funcionarios locales se han resistido a la reciente orden del presidente Trump de retener fondos federales para ciudades santuario, siendo San Francisco la primera ciudad en demandar a la administración. El fiscal de la ciudad, Dennis Herrera, interpuso una demanda el 31 de enero, alegando que la orden ejecutiva de la administración violó la Enmienda 10.
“[Estos litigios] tienen fuertes argumentos para la protección, pero creo que hay una amenaza”, dijo Dean Ito Taylor, director ejecutivo de API Legal Outreach.
Lariza Dugan Cuadra, del Centro de Recursos Centroamericano enfatizó que independientemente de las órdenes de Trump, “nos aseguramos de que la gente conozca sus derechos porque no importa cuál sea su estatus, tienen derechos en este país y estamos trabajando para crear sistemas de protección a nivel local”.
Pelosi mantiene la esperanza para aquellos que han sido blanco injustamente, ya que ha sido testigo de un flujo de apoyo hacia las comunidades de inmigrantes en todo el país, por parte de los bufetes de abogados que ofrecen asistencia gratuita a las comunidades vulnerables.
“La gente en nuestro territorio tiene derechos y tienen el derecho a ser representados”, dijo Pelosi.
Queda por ver si la administración Trump intentará derogar DACA, una orden ejecutiva emitida bajo la administración de Obama que permite a las personas que llegaron a los EEUU durante la infancia a solicitar autorización de trabajo y permanencia legal temporal durante dos años.
Pelosi también se refirió a la cuestión de los niños refugiados, y cómo están “sujetos a la investigación más estricta en todos nuestros procesos de inmigración”. Como partidaria del Programa de Reasentamiento de Refugiados, Pelosi señaló, “de los tres millones de refugiados que han entrado en nuestro país, ninguno nos ha hecho ningún daño”.