Dos pisos arriba del clamor de la protesta en contra de los desalojos en la Calle Lucky, hay un apartamento que da al frente del edificio el cual está solo y vacío. La única evidencia de que ha sido ocupado recientemente es un montón de cajas acomodadas contra la pared.
Las cajas pertenecieron a un hombre a quien el residente del edificio Tony Anderson sólo pudo identificar como José.
“Él tenía miedo y no quería batallar con el dueño del edificio”, dijo Anderson sobre José, quien no ha vivido en el apartamento del número 3152 de la Calle 26 por los últimos dos meses. Antes de partir José había vivido ahí 12 años. “Se quiso salir antes de que la situación se pusiera peor”, dijo Anderson.
El 20 de agosto, cerca de veinticinco activistas en contra de los desalojos y algunos subarrendatarios se reunieron frente al complejo de apartamentos en la esquina de las calles Lucky y 26 para protestar por el desalojo programado para el 2 de septiembre de todo el edificio por el encargado y principal inquilino, German Maldonado.
Los testimonios de algunos de los inquilinos del edificio que viven en los números 3150 al 3154 de la Calle 26, incluyeron quejas de que Maldonado ha detenido los pagos de renta que se envían al dueño del edificio y de que ha acosado y amenazado a inquilinas.
La subarrendataria María Machetes, quien es una de las quince a ser desalojados, asegura haber sido atacada físicamente por un amigo de Maldonado mientras caminaba de regreso a su apartamento. Alega que el hombre que la atacó merodea regularmente y que Maldonado le permite vivir en uno de los escapes para emergencia en caso de incendio. Machetes dijo que su amiga tiene tanto miedo que va a dejar su trabajo en San Francisco y se regresará a su nativa Colombia.
“Si nos desalojan, tienen que desalojarlo a él también”, dijo Machetes. “Ellos separaron a mi familia”.
Mayra Alvarado, subarrendataria del edificio por los últimos cinco años, dijo que empezó a recibir amenazas de deportación de Maldonado después que logró que sus dos hijos vinieran de El Salvador a vivir con ella poco después de un año de vivir ahí.
“Me preocupan mis hijos. Ellos le tienen miedo. Yo también… pero no tengo a donde ir”, dijo Alvarado.
Algunos residentes, incluyendo a Anderson, alegan que sus rentas han sido detenidas por Maldonado, quien como ncargado del edificio, es el responsable de recoger las rentas de los inquilinos y de hacer los pagos al dueño del edificio, Thomas Aquilina.
Anderson dice que Maldonado no pagó la renta del número 3152 correspondiente a diciembre y que hizo lo mismo en otros meses con diferentes unidades.
“He estado molesto por esto por meses. Todos pagamos la renta”, dijo Anderson. “Él pudo haber tomado el dinero (extra) para irse de vacaciones”.
Registros públicos de la Corte Superior de San Francisco indican que Maldonado ha estado envuelto en una serie de problemas legales de mayo a julio del 2014 con el dueño del edificio Aquilina, quien había estado en proceso de demandar a Maldonado por rentas perdidas desde julio del año pasado. Aquilina presentó una citación de desalojo en contra de Maldonado el 12 de mayo de 2014, alegando que el encargado del edificio debía $6,150 en rentas atrasadas de julio a diciembre de 2013 y mayo de 2014.
“Es difícil porque los subarrendatarios tienen menos derechos que los arrendatarios en un contrato de renta. Eso es algo que también tiene que ser reconocido porque dado como son de altas las rentas en San Francisco, hay más personas que tienen que subarrendar para poder pagar la renta cada mes”, dijo María Zamudio, de Causa Justa, quien organiza una campaña de derechos de vivienda en San Francisco. “Así que puede ser difícil para alguien que no sabe cómo manejar un edificio. Y también puede poner a la gente en situaciones muy precarias con sus subarrendatarios. Así que también tiene que haber derechos para los subarrendatarios”.
Otro subarrendatario, quien dice trabajar en la construcción en el área y quien aceptó hablar con la condición de permanecer en el anonimato, alega que Maldonado puedo evitar ser desalojado y asegurar su posición como encargado del edificio después de negociar con Aquilina.
“Le permitieron quedarse al ladrón y las víctimas están siendo desalojadas”, dijo el inquilino.
Mientras que un detector de humo que no sirve cuelga del techo del apartamento número 3152 con los cables expuestos, una notificación de suspensión de servicio yace arrugada al frente de la unidad de al lado. A sólo dos puertas de distancia, en el apartamento 3150, a uno de los inquilinos ya se le ha detenido el servicio de agua por una semana, mientras que el servicio de electricidad en otras unidades está a punto de terminarse.
“(Maldonado) nos mintió a todos, diciendo que no teníamos nada de qué preocuparnos”, dijo la inquilina Esther Bracha.
Algunos inquilinos como Bracha, quien recibió una notificación de desalojo de Maldonado a través de un mensaje de texto, dijeron que no han recibido una notificación formal de desalojo, mientras que otros han dicho que sólo se dieron cuenta de la fecha de desalojo del 2 de septiembre por los vecinos.
“Yo le dije ‘no me puedes desalojar con un mensaje de texto’, y él dijo ‘bueno, pues te vamos a desalojar’”, dijo Bracha.
Algunos inquilinos, incluyendo a Alvarado, dicen que permanecerán en la propiedad para desafiar el desalojo todo el tiempo que sea necesario. Maldonado no estuvo disponible para emitir algún comentario, a pesar de los múltiples intentos para contactarlo vía telefónica y por correo electrónico. Aquilina y su abogada, Brenda Cruz Keith, tampoco estuvieron disponibles.
—Traducción Carmen Ruiz