[su_heading size=»40″ align=»left»]De indocumentada a candidata[/su_heading]
La defensora pública de San Francisco, Niki Solis, pasó de vivir como una chica indocumentada al sur del Bronx, a convertirse en ciudadana de los EEUU, y ahora candidata a un escaño como juez en el tribunal superior.
Frustrada por el racismo y parcialidad que ha atestiguado en sus 22 años como defensora pública, Solís se está postulando contra el juez Jeffrey Ross en las elecciones de San Francisco del 5 de junio.
“Me postulo porque necesitamos una reforma de libertad bajo fianza y una reforma de la justicia penal”, dijo Solís. “Necesitamos una reforma porque tenemos resultados desproporcionados para las personas de color”.
Normalmente, las elecciones en la corte superior transcurren sin incidentes ya que los jueces tienden a ser reelegidos automáticamente cada seis años.
Sin embargo, este año, Solís junto con otros tres defensores públicos de larga historia, Kwixuan Maloof, Phoenix Streets y Maria Evangelista, se están postulando contra los titulares nombrados por los gobernadores republicanos.
“Es hora de ponerse de pie y asegurarnos de que haya jueces que reflejen los valores de nuestra comunidad”, dijo Solís, quien es madre LGBTQI.
Muchos han criticado la medida, diciendo que se politiza. Los jueces son nombrados intérpretes neutrales de la ley, y algunos dicen que someter elecciones puede inhibir su neutralidad.
“La idea de que estamos politizando la banca es tal vez pegadiza para los oponentes”, dijo Solís. “Pero la realidad es que sus nombramientos fueron hechos por políticos, por lo que [ya] está politizado”.
Solis se mudó con su familia de Belice al sur del Bronx cuando solo era una bebé: “Vinimos aquí en 1969. Todos indocumentados”, dijo. “Mi padre era contador y mi madre era secretaria legal, gente de la clase trabajadora, simplemente buenas personas”.
Recordó el temor de estar en el sistema como una adolescente indocumentada, después de que atacaron a su hermana frente a su casa y la policía no tomó medidas: “Tuvimos miedo de involucrarnos en el sistema de justicia penal, a pesar de que estábamos siendo victimizados”, dijo Solís.
Esta experiencia y otras similares dieron forma a la perspectiva de Solís y su futura carrera como defensora pública: “Definitivamente fue un vecindario que fue robusto y culturalmente variado y lo pasamos muy bien, solíamos celebrar fiestas en la cuadra y todo eso”, dijo Solís. “Pero al mismo tiempo hubo mucha violencia, muchos restos, muchos traumas”.
Cuando tenía 19 años, Solís se transfirió del Queens College a la Universidad Estatal de San Francisco. Durante este tiempo, recibió una llamada que cambió el curso de su vida. Era su hermano, que llamaba para decirle que su esposa, incluso con ayuda legal, no podía entrar en un programa de rehabilitación. “Ella enfrentaba 10 años de prisión debido a su adicción”, dijo Solís.
Después de su conversación con su hermano, Solís llamó a la oficina del defensor público en San Francisco y le pidió ser voluntaria. Le dijeron que solo contrataban estudiantes de derecho como pasantes.
“Así que colgué el teléfono y decidí que iba a ir a la facultad de derecho para ser un defensor público”, dijo Solís.
Ella hizo el examen de admisión a la Facultad de Derecho (LSATS) y ganó una beca para asistir a la U.C. Hastings en San Francisco, ubicada a poca distancia de la oficina del defensor público. Después de graduarse, Solis trabajó para la correccional de menores y el sistema de tribunales para adultos.
“Vi el mismo tipo de trauma que los niños atraviesan, el mismo por el que pasé, y me identifiqué con ellos”, dijo Solís. “Sentí que el sistema no los estaba atendiendo bien, porque no los trataba de una manera que abordara el trauma infantil y no los trataba como las víctimas que eran”.
Solís también presenció cómo jóvenes habían sido víctimas de la trata y el abuso sexual, mientras que los adultos que las vendían permanecían en libertad.
“Definitivamente cambió mi carrera el darme cuenta que estábamos haciendo las cosas mal, en mi opinión”, dijo Solís. “Vi que con demasiada frecuencia el dinero dictaba resultados y, por eso, afectaba desproporcionadamente a las comunidades pobres y de color”.
Solís dice que ha sido testigo de mucha injusticia: “Ya no puedo permanecer de brazos cruzados y continuar viendo la encarcelación masiva de personas, como ha estado sucediendo”, dijo Solís. “Y parece que está empeorando”.
Un estudio de San Francisco en 2015 de la Oficina del Contralor encontró que el 70 por ciento de la población promedio de las prisiones de San Francisco eran personas de color.
“Las cifras no representan al San Francisco en el que me mudé aquí hace 30 años para vivir”, dijo Solís. “No representa a San Francisco… ese que era un faro de igualdad, aceptación y justicia”.