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Los inmigrantes luchan por su derecho a la residencia permanente
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El 24 de junio, inmigrantes con estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) participaron en una caravana nacional organizada por The National TPS Alliance. Después de la caravana, los manifestantes acudieron al Edificio Federal Phillip Burton en San Francisco para exigir residencia permanente y el no término del TPS.

El Secretario de Seguridad Nacional anunció la finalización del TPS para Honduras, El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y Nepal, lo que podría significar la deportación de los actuales titulares de TPS de esos países. Sin embargo, debido a numerosas demandas, dicho estatus recibió una extensión hasta el 4 de enero de 2021. Las demandas aún están en curso.

A la fecha, existen 411,000 beneficiarios del TPS, que fue promulgado por el Congreso en 1990, con el propósito de ofrecer ayuda humanitaria a los ciudadanos extranjeros que huyen de desastres naturales o disturbios políticos, reasentándolos por un período de tiempo no especificado dentro de los EEUU.

Para muchos que han trabajado en este país por años, también significaría la pérdida de todos los beneficios del seguro social acumulados durante años de trabajo.
“Estamos pidiendo la oportunidad de solicitar la residencia permanente”, dijo Rosa María Carranza. “Nos lo hemos ganado gracias a nuestro trabajo, nuestro respeto a las leyes del país y el compromiso de continuar sirviendo a esta nación”. Carranza, de 62 años, es beneficiaria del TPS y miembro del comité del TPS East Bay en Oakland. Ella es originaria de El Salvador y es maestra de preescolar. Dijo que después de 20 años de estar en los EEUU todavía continúa luchando por la residencia permanente y cree que los titulares del TPS merecen la residencia permanente después de décadas de arduo trabajo.

También cree que es injusto que el gobierno deporte a los trabajadores inmigrantes a su país de origen después de haber trabajado en este país y luego de haber abonado al seguro social durante sus años de trabajo: “Ahora nuestros países se han vuelto extraños para nosotros”, dijo Carranza. “Volver atrás… sin ningún medio de sobrevivir allá sería injusto… aparte de eso, todo lo que hemos contribuido al seguro social. Si no hay una solución para nuestra residencia permanente en este país, entonces ese dinero se queda aquí. Nos vamos con las manos vacías”, dijo Carranza.

El tema de la inmigración fue central en la campaña presidencial de Trump y claramente seguirá siéndolo mientras intente ganar la reelección. Su administración tiene un historial de políticas de inmigración severas y medidas polémicas: Trump ha intentado reiteradamente revocar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); comenzó a deportar a migrantes sin antecedentes penales; ha firmado órdenes ejecutivas que intentan vetar a los refugiados de Siria y ha implementado una prohibición de viaje de los países con mayoría musulmana; y ha separado a los niños migrantes de sus padres.

Además de la terminación de TPS, la administración Trump anunció el 22 de junio la suspensión de la entrada al país a los inmigrantes que pueden representar una amenaza para el mercado laboral debido a la pandemia COVID-19. Esta proclamación de la Casa Blanca informa sobre las suspensiones y limitaciones de las visas: H-1B (visas de trabajo), H-2B (visas de trabajo temporales), J (visa de no inmigrante para personas aprobadas para participar en visitas de intercambio basadas en el trabajo y el estudio), L (visa de reubicación de trabajadores), otro ejemplo de las tácticas agresivas contra la inmigración de esta administración.

Los únicos individuos que no se verán afectados por esta proclamación son aquellos que trabajan en áreas asociadas con la cadena de suministro de alimentos como los trabajadores del campo, o aquellos individuos cuyo trabajo puede beneficiar el interés nacional. A partir de ahora hay aproximadamente 131,300 trabajadores esenciales bajo el TPS.

Si la administración hubiera logrado terminar con ese estatus antes de las demandas actuales en 2019, estos trabajadores esenciales con el TPS que permanecen al frente durante la pandemia, se habrían quedado sin protección alguna contra la deportación.

Carranza comentó que la terminación del TPS y el miedo a la deportación ha creado un ambiente debilitante en las comunidades de inmigrantes. Claudia Silva, de 16 años, también habló en la protesta junto con Carranza. Silva compartió algunas de las dificultades por las que han pasado las familias durante esta situación y la pandemia: “Los trabajadores esenciales tienen un alto riesgo de contraer el COVID-19. Esto no solo los afecta a ellos, sino a su propia familia. Los trabajadores esenciales no solo se mantienen a sí mismos y a su familia, sino también a su comunidad. La mano de obra inmigrante es aceptada en este país mientras se niega la humanidad de un inmigrante”, dijo Silva.

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