En la videoconferencia sobre COVID-19 llevada a cabo por el Ethnic Media Services el 17 de abril, expertos hicieron un llamado a la acción para apoyar y proteger a las minorías vulnerables incluyendo a los jornaleros del Valle de San Joaquín, uno de los abastecedores de alimentos clave del país.

Una de las participantes, Genoveva Islas, directora de Cultiva la Salud, dijo no haberse hecho lo suficiente para proteger a estos trabajadores del campo, muchos de ellos, migrantes de México. Cultiva la Salud es una organización enfocada en la salud de las comunidades que habitan en dicho valle, mediante la promoción de políticas y cambio ambiental. 

“Existe una gran desigualdad en términos de recursos y apoyo disponibles para ellos”, afirmó Islas. “Esas comunidades —continuó— que ya sufrían desde antes del COVID-19, batallando con desventajas, ahora se han incrementado”. Islas dijo que el Valle de San Joaquín es “aproximadamente el uno por ciento del territorio agrícola de los EEUU, pero que produce el 25 por ciento de lo que se consume en los hogares del país”. 

“Cualquier cosa que afecte nuestra capacidad de proveerla [la comida] podría ser catastrófica no sólo para California, sino potencialmente para toda la nación”, aseveró. Mientras muchas otras industrias han sido forzadas a cerrar por mandato oficial, el trabajo agrícola es considerado esencial. “Estoy orgullosa de que nuestra comunidad de jornaleros sea reconocida como esencial. Y esos trabajadores esenciales necesitan protecciones esenciales”.

Sin embargo, paralelo a sentirse orgullosa, Islas también manifestó su inconformidad: “Me molesta mucho que nuestras comunidades inmigrantes hayan quedado fuera del fondo CARES”, refiriéndose a la ayuda, apoyo y seguridad económica por la pandemia contenida en esa ley que consiste en un paquete de $2 trillones emitida a fines de marzo.

El gobernador Gavin Newsom anunció el pasado 15 de abril que California emitirá cheques por $500 para inmigrantes indocumentados que quedaron excluidos del fondo CARES. Sin embargo, los $125 millones destinados a este propósito no resolverán nada: “Me complace saber de los recursos anunciados por el gobernador Newsom, específicamente para los indocumentados. Se que ayudará, más no será suficiente”, reconoció Islas.

Hasta ahora, no son muchos los casos de COVID-19 detectados en el Valle. Al 17 de abril, las cifras eran de 1,921 casos y 63 muertes. Si bien, el Valle de San Joaquín no recibe muchos vuelos internacionales o turismo, según Islas, hay un “riesgo potencial”: gente que habita esa región registra, en altos índices, asma, obesidad y diabetes. Más aún, las comunidades rurales del área han “sufrido constantemente de falta de recursos. No tenemos una cantidad adecuada de personal médico capacitado para responder ante un gran brote de la epidemia”, dijo. 

Otro problema crítico deriva del hecho que la defensa de las necesidades de los jornaleros carece de liderazgo. “Necesitamos tener una manera organizada para proveer a los trabajadores y a cualquier otra persona que sea esencial”. De acuerdo con Islas, los defensores están tratando de prevenir desalojos y cortes al servicio de agua para muchos de los trabajadores agrícolas que enfrentan incertidumbre de albergue: “Si queremos que la gente se resguarde, necesitamos ofrecerles la oportunidad de contar con un albergue. Si queremos que la gente se lave sus manos, necesitan tener acceso al agua”.

Ese valle registra los índices más altos en el estado, por inseguridad alimentaria y contaminación del agua. “En este momento, el agua se entrega a muchas de esas comunidades”, dijo Islas, “Pero se necesitan soluciones a largo plazo. Si no podemos cultivar, no podemos producir alimentos. Y eso nos afecta a todos. Necesitamos proteger a nuestros trabajadores agrícolas y asegurarnos de que estamos invirtiendo en los recursos que nos permitan producir alimentos”.

Para apoyar esta industria tambaleante, la administración Trump está considerando políticas para reducir el pago de los jornaleros temporales extranjeros, que reciben salarios comparables a las tarifas por hora locales. “Es horrible pensar que en un momento de tanta necesidad querríamos reducir los salarios de cualquiera. Definitivamente debe haber muchas más protecciones”, dijo Islas. “Me recuerda la importancia de cosas como tener un sistema de inmigración justo y equitativo. Ahora es el momento en que necesitamos ver el liderazgo de nuestro congreso y los funcionarios federales para avanzar en eso”.

En cuanto a los recursos disponibles, se necesita mayor información para llegar a estas comunidades que, a menudo, no hablan inglés. De acuerdo con el asambleísta David Chiu, más del 42 por ciento de los hogares de California hablan otro idioma que no es inglés, y espera que las oficinas legislativas y las organizaciones sin fines de lucro puedan ayudar a estas personas hasta que haya mejores soluciones disponibles.

“Dentro de la comunidad latina, hay muchas mujeres que actualmente están haciendo cubrebocas, dándolas a sus vecinos, a sus amigas. Pero no es suficiente”, dijo Islas.

En las últimas semanas, el gobierno federal redujo los requisitos para una visa H-2A, que permite a los extranjeros trabajar en los EEUU por temporadas para desempeñar trabajos agrícolas. Islas cree que esto podría ser una ventaja para algunos trabajadores durante un momento difícil. Sin embargo, muchos de los productores han perdido mercados porque la cadena minorista se está derrumbando debido a la pandemia actual. “Tenemos agricultores que están arando la lechuga, lecherías que también están eliminando la leche cruda porque la demanda está disminuyendo”.

Según Islas, reforzar las empresas como los bancos de alimentos que brindan servicios esenciales puede ayudar a la industria agrícola en estos momentos difíciles.