Se suponía que la iniciativa ‘Atención temprana y educación para todos’ (también conocida como Proposición C) aprobada por los votantes en junio de 2018 ayudaría a aliviar la carga financiera de miles de familias en San Francisco, pero antes de que los fondos fueran asignados a aquellos que los necesitaban, la iniciativa fue impugnada en los tribunales.
El financiamiento para la Proposición C, alrededor de $142 millones, se recaudaría de los impuestos a la “renta de propiedades comerciales de propietarios con ingresos brutos anuales de más de $1 millón”. También impondría un nuevo impuesto del 1 por ciento a los ingresos brutos de los espacios de almacén, y el 3.5 por ciento a los ingresos brutos de otras propiedades comerciales, para financiar los programas de cuidado infantil y educación temprana.
La impugnación a esta iniciativa popular provino de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis (HJTA, por sus siglas en inglés), un grupo de defensa de los propietarios adinerados, que afirmó que a esta proposición no es válida porque no recibió los votos suficientes.
“Debido a que el impuesto es expresamente para un propósito especial, requería los votos de 2/3 del electorado de la ciudad según las Propuestas 13 y 218. Pero no llegó a ese margen. Más bien, la propuesta de impuestos, designada como Medida C, recibió un escaso 50.87% de los votos”, según una publicación en el sitio web de HJTA.
HJTA, que lleva el nombre del activista anti-impuestos Howard Jarvis (el mismo que ayudó a impulsar la aprobación de la Proposición 218, y la Proposición 13) lleva más de 25 años involucrado en el desafío de cualquier intento por parte de los votantes de imponer impuestos a los ricos. El presidente de la organización, Jon Coupal, coautor de la Proposición 218 en 1998, que desde entonces ha sido considerada como una de las enmiendas con mayores consecuencias de la constitución de California. La Proposición 218 ha hecho casi imposible para el estado aumentar los impuestos, y muchos acreditan la Medida como gran parte de la falta de disfunción en el proceso presupuestario del estado.
La Proposición C se diseñó para financiar programas de cuidado infantil y educación temprana ofrecidos por organizaciones como el Consejo de San Francisco, una organización sin fines de lucro que ha apoyado y promovido los derechos de los niños durante muchos años.
“Esta iniciativa ha sido algo muy importante para el Consejo de los Niños, especialmente porque está alineada con nuestra misión, que consiste básicamente en servir y satisfacer las necesidades de algunas familias en San Francisco”, dijo Claudia Quiñonez, gerente de Innovaciones estratégicas y alianzas en el Consejo Infantil.
El principal objetivo del Consejo de los Niños es tratar de ayudar a las familias de bajos ingresos que no tienen suficientes recursos para criar y satisfacer las necesidades de sus hijos. La Proposición C ayudaría a los padres de bajos ingresos a mejorar su situación dándoles la oportunidad de obtener educación y experiencia profesional. Con la ayuda del programa, estos padres podrían terminar sus estudios y trabajar, y al mismo tiempo, sus hijos crecerían en un ambiente de calidad.
“Fue una decisión de la comunidad, la comunidad votó a favor de esta propuesta”, dijo María Antonieta Jandres, madre y miembro activo de Parent Voices. Ella es una de las muchas madres en San Francisco que recibe ayuda de los subsidios que proporciona el Consejo de los Niños. Ha podido criar a su familia y completar sus estudios, gracias a la ayuda económica y social que ha recibido.
Pero ayudar a familias como la de Jandres también se ha convertido en una lucha incesante para el Consejo de los Niños, que cuenta con fondos gubernamentales como los que proporcionaría la Proposición C. Su futuro por ahora es incierto, pero Jandres y Claudia Quiñonez, así como el resto de las familias de la ciudad, tienen la esperanza de que se conseguirá el dinero.
El abogado de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, emitió una respuesta a la queja de HJTA en septiembre del año pasado, y el caso se dirigirá a un juicio en el tribunal el 21 de octubre de 2019.